Hoy se celebra una vez más el Día Mundial del Agua, en esta ocasión bajo el lema Agua para la paz, que viene como anillo al dedo. La escasez de agua, la mala gestión y el control por la misma ha llevado a provocar tensiones y conflictos entre países y regiones, a lo que hay que añadir el cambio climático.
Es bien sabido que la disponibilidad de agua en cantidad y calidad es esencial para la vida de todos los seres vivos del planeta, incluido el bienestar humano. Por eso garantizar el acceso al agua es un derecho humano básico. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno goce de la vida y de todos los derechos humanos”. Sin embargo, este acceso justo al agua potable y saneamiento sigue siendo un desafío diario para millones de personas en todo el mundo.
El pasado lunes, el Congreso de los Diputados acogió una jornada organizada por la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, para denunciar la utilización del agua en conflictos como Palestina, Siria o Ucrania. Tal y como se relata en la revista especializada en estos temas Climática, intervino, entre otras personas, Nadua Abu Ghazalah, de la diáspora palestina. Esta activista narró con datos y cifras el apartheid hídrico que Israel está cometiendo en Gaza en paralelo a los bombardeos y los miles de asesinatos. Aseguró que la “población palestina sufre una constante vulneración del derecho humano al agua” por parte del Estado ocupante de Israel, y se está vulnerando el “principio de no discriminación” al darle un trato preferente a la población israelí.
Contó que en Palestina existe cierta abundancia de agua gracias a los acuíferos del valle de Jordán. Sin embargo, desde la ocupación de 1967, las autoridades israelíes les han negado a los palestinos el acceso al agua a través de “estrictas políticas de control”.
Y finalizó: “Gaza está experimentando una grave emergencia hídrica por esta situación. La sed y el hambre son extremas. Ya son 27 los casos reportados de muertes por desnutrición y deshidratación, de los cuales 23 son niños. El plan es claro: hacer insostenible la vida de los palestinos”.
La voz institucional de la actividad la aportó Pedro Arrojo, histórico dirigente de los movimientos sociales y políticos en Aragón, creador de la Fundación Nueva Cultura del Agua en Zaragoza y actual relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
“Lo de Gaza –dijo– nos tiene a todos sobrecogidos. Se está usando el agua como un arma contra la sociedad civil. Pone los pelos de punta imaginar los enormes sacrificios que están haciendo víctimas inocentes, sobre todo mujeres y niños”.
Pero sin irnos tan lejos Europa también tiene sus conflictos por el agua. Es el caso del Estado español, donde la problemática del agua es muy grave, ya que existe un alto riesgo de desertificación y sequía en amplias zonas, que afronta crecientes demandas de agua para usos agrícolas, industriales y urbanos. Y ello provoca enfrentamientos entre comunidades, y se está produciendo una sobreexplotación de los recursos hídricos existentes, o su contaminación y pérdida definitiva del recurso.
En el caso de nuestra comunidad, las políticas de gestión del agua hasta ahora han creado una serie de problemas ambientales y conflictos sociales de cierta importancia, como una peor situación de nuestros ríos y acuíferos con pérdida de biodiversidad, derroche de fondos públicos en beneficio del interés privado de unos pocos, como es el caso del recrecimiento del embalse de Yesa, empobrecimiento y abandono de zonas de montaña …., a lo que hay que añadir la crisis climática.
También hay que decir que ha habido algunos aspectos positivos, por ejemplo, en cuanto a los abastecimientos urbanos, con el Plan Director del Ciclo Integral del Agua del Uso Urbano 2019-2020, aunque mantiene una cierta continuidad con las políticas de gestión de la oferta y la gestión del territorio fluvial y las inundaciones que han facilitado algunas actuaciones positivas, con el proyecto Life Ebro Resilience, a través de medidas de prevención que eviten un incremento del riesgo de inundación; de protección, que disminuyan el riesgo ya existente; de preparación, que minimicen los daños que se producen en los episodios de inundación; y de recuperación, que permitan volver a la normalidad lo antes posible.
Esta problemática obliga a plantear una política diferente en la gestión del agua, en la que el regadío se lleva el 80% del agua en Navarra, según datos oficiales. Ya nadie se atreve a poner en duda que han disminuido las precipitaciones y que han aumentado los fenómenos extremos de sequías e inundaciones, afectando seriamente a los caudales de los ríos. El Cedex (organismo dependiente de los ministerios de Fomento y de Transición Ecológica) estima una reducción de la escorrentía en la cuenca del Ebro del 27% para 2100.
Sin embargo, desde diversas instituciones y organismos, entre ellos el Gobierno de Navarra, se sigue apostando por incrementar el regadío, y se dan por buenas las 21.542 hectáreas de regadío previstas en la segunda fase del canal de Navarra, sin tener en cuenta el impacto del cambio climático y sin valorar las consecuencias que el aumento de cultivos de regadío tendrá sobre la biodiversidad y los ecosistemas. No se trata de eliminar la agricultura ni el regadío. Pero si queremos tener una agricultura que tenga presente y futuro, hay que garantizar el agua y solo se garantiza con una superficie agrícola razonable, que pasa por abandonar los proyectos de nuevos regadíos.
*El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente
