Y aquí nos encontramos, en el año 2024, 1.200 años después de la creación del reino de Pamplona, posteriormente reino de Navarra. En otro momento histórico trascendente en nuestra historia colectiva. Son muchos los retos, amenazas y oportunidades que la ciudadanía navarra afronta. Observamos con preocupación el impulso que están cogiendo las fuerzas políticas centralizadoras en lo territorial y las corrientes de pensamiento involucionista y autoritario en lo social. Ante esta coyuntura, desde Navarra urge blindar nuestra capacidad originaria de gobierno propio. Recuperar el espíritu por el cual se constituyó y organizó el reino de Pamplona: la necesidad de crear un espacio político, económico y social autónomo para autogobernarse frente al intento de sometimiento por parte de poderes foráneos.

Desde el inicio, una de las dinámicas constantes en la historia de Navarra ha sido la defensa que han hecho las navarras y los navarros de su derecho a decidir sobre todo aquello que les afecta directamente. Pero en dirección inversa siempre ha habido intentos y esfuerzos para que ese derecho originario no llegase a tener efecto o que quedase muy limitado. Con este objetivo las corrientes centralizadoras de España han trabajado desde hace siglos para la división de las y los navarros en beneficio de sus intereses. Intentando convencer a la sociedad navarra que los fueros (autogobierno) eran un regalo que el poder central nos daba a través de los diferentes pactos. Este discurso malintencionado de pactismo se recoge en la Lorafna y establece que: “Los fueros son fruto del pacto mantenido con nobleza y firmeza entre Navarra y la instancia que, en cada momento, ejerce el poder soberano del Estado”. Pero debemos comprender que estos fueros (autogobierno) son un derecho originario propio de Navarra muy anterior a cualquier pacto y a la creación del entramado institucional de España. Los fueros fueron la base jurídica de un estado independiente y soberano. No es algo concedido de buena fe por quien conquistó militarmente Navarra y siglo tras siglo ha ido reduciendo nuestra soberanía política, económica, social y cultural.

Navarra casi siempre ha salido mal parada de las negociaciones y los pactos con “la instancia que, en cada momento, ejerce el poder soberano del Estado” español. Ya que no se negocia desde la igualdad sino desde la subordinación. Y a los hechos históricos me remito. No tenemos más que analizar los últimos 200 años. Ley paccionada de 1841, tras la derrota de la Guerra Carlista, por la cual Navarra pasa de tener instituciones y estructura de estado a ser reducida a provincia integrada plenamente en España. 1982, tras 40 años de dictadura franquista y adoctrinamiento falangista se pacta la vigente Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen foral de Navarra (Lorafna). Como bien se dice en el preámbulo, esta ley se crea “al amparo” de aquella Ley Paccionada anterior, la que nos convirtió en una provincia de muchas y fue el mayor ataque político a Navarra después de la invasión militar de 1512. La secuencia histórica es muy clara: reino independiente, reino anexionado, provincia española y comunidad foral. El proceso de reducción de soberanía es evidente y constante.

Viene al caso recuperar la palabras de Ángel Sagaseta, último síndico de las Cortes del Reino de Navarra antes de la abolición del Reino en 1841 que dejó por escrito que “Navarra tenía capacidad constituyente y someterse a una ley ajena, como la Constitución española de 1837, suponía la destrucción misma de sus fueros.” La ley actual que regula el estatus político con el estado español bebe de este atropello histórico. “De aquellos polvos estos lodos”.

También en 1918, 216 de los 269 ayuntamientos navarros pidieron la derogación de las leyes lesivas anteriores al considerar que la “unidad constitucional” suponía la supresión foral y reivindicaban la recuperación del reino de Navarra, no tanto en sus aspectos formales como en su poder legal. Vieron claro que esa “unidad constitucional” suponía un ataque frontal a Navarra como en la actualidad ocurre con el párrafo “la indisoluble unidad de la Nación española” de la Constitución española de 1978.

Por desgracia, el reintegracionismo o la recuperación del status de Navarra anterior a 1841 asumido por una mayoría social muy amplia antes de la Guerra Civil y al comienzo de la transición ha sido relegada a ser un concepto conocido casi únicamente por expertos o por personas con cierto interés en la historia pasada de nuestra tierra.

Pero ahora nos toca mirar hacia el futuro, nos toca a nosotras y a nosotros recoger el testigo en la reivindicación de lo que le corresponde a la sociedad navarra, su facultad para administrarse por sí misma.

Para ello el camino más honesto, justo y coherente con las y los que nos precedieron parece la superación de la Lorafna y la apertura de un proceso constituyente hacia la estatalidad perdida, que a su vez sea capaz de blindar derechos sociales y libertades. Que subsane este agravio histórico de reducción constante de soberanía.

Pero aquellos que no quieran comenzar a transitar por este camino y quieran continuar por vías pactistas como mínimo deberían de exigir poner en práctica el Título III: De la Reforma, disposiciones adicionales. Primera de la Lorafna que expresa lo siguiente: “La aceptación del régimen establecido en la presente Ley Orgánica no implica renuncia a cualesquiera otros derechos, originarios e históricos que pudieran corresponder a Navarra”. Esto es, que no se renuncie a los derechos originarios e históricos que corresponden a Navarra, por lo tanto a sus ciudadanas y ciudadanos.

Frente a los retos y riesgos que están por venir, desde la sociedad civil navarra deberíamos de reclamar un status político más ambicioso, más ajustado a nuestra historia y más eficaz de cara a construir una sociedad más participativa, solidaria y justa que mejore las condiciones de vida de nuestra ciudadanía. En resumen, que las navarras y los navarros recuperemos el derecho al gobierno propio sin subordinaciones ni tutelas.