El pasado 6 de mayo se celebró una comparecencia en el Parlamento foral solicitada por EH Bildu para analizar el desarrollo del Registro de Viviendas Deshabitadas de Navarra.
En dicha comparecencia, el portavoz de UPN llegó a afirmar que “estamos prácticamente en una ocupación casi plena de las viviendas de Navarra”. Pues bien, nada más lejos de la realidad. No tiene más que pasearse por cualquier municipio del entorno rural navarro.
Según NASTAT, el 21,2% de las viviendas de Navarra están vacías o tienen un uso secundario, de fin de semana o vacacional. Considerando que el parque de vivienda navarro se compone de aproximadamente 330.000 unidades, este porcentaje revela la considerable cifra de 70.000 viviendas vacías o sin uso habitual.
Ahora bien, no toda vivienda vacía es susceptible de ser declarada vivienda deshabitada. Jurídicamente, son conceptos diferentes. El artículo 42 bis de la Ley Foral 10/2010 del Derecho a la Vivienda en Navarra define como deshabitadas únicamente aquellas viviendas vacías que constituyen la tercera o más propiedades de un mismo titular dentro de la Comunidad Foral. Esto excluye la vivienda habitual, la secundaria, las destinadas al alquiler o al uso turístico, así como las propiedades ubicadas fuera de Navarra. Como se puede observar, la definición legal es poco exigente y deja fuera un gran número de viviendas permanentemente vacías. Por ello, como más adelante explicaré, la realidad es que hasta la fecha solo se ha detectado una mínima parte de las viviendas que cumplen con los criterios para poder ser declaradas deshabitadas.
El Registro de Viviendas Deshabitadas inició su funcionamiento en 2020 y, desde entonces, se han declarado en Navarra aproximadamente 1.800 viviendas deshabitadas. Sin embargo, la cifra de declaraciones ha experimentado un descenso constante año tras año, alcanzando la ínfima cantidad de 86 viviendas en 2024.
El Gobierno de Navarra cuenta con varias herramientas para identificar viviendas vacías. Una de ellas es la vía proactiva, que consiste en cruzar datos catastrales con los registros de consumo de agua, luz y gas. Este método permitiría iniciar los trámites con aquellas viviendas que presenten ausencia de consumos, con el fin de determinar cuáles cumplen los requisitos legales para ser declaradas deshabitadas. La ley obliga a particulares, empresas (públicas o privadas) y ayuntamientos a facilitar a la administración foral cualquier información requerida a tal fin.
Por otro lado, la Ley Foral 10/2010 establece un sistema reactivo o pasivo: la obligación anual de las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias de informar sobre las viviendas deshabitadas de su propiedad.
En resumen, la normativa contempla tanto mecanismos proactivos como reactivos para la recopilación de la información necesaria y la apertura de los expedientes correspondientes para determinar qué viviendas cumplen los criterios para la posterior declaración.
A excepción de algunas acciones de detección puntuales al inicio de la puesta en funcionamiento del Registro de Viviendas Deshabitadas, hace cinco años, y únicamente en algunos municipios, la gestión de expedientes por parte del Gobierno de Navarra se ha limitado, hasta la fecha, a la información proporcionada por las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias. En otras palabras, la vía proactiva de obtención de información ha permanecido prácticamente inexplorada.
Resulta revelador que, en todos los informes anuales que ha elaborado el Gobierno, se repite textualmente esta conclusión: “la información recibida es parcial, ya que el mercado financiero cambiante ha provocado la absorción de entidades financieras y filiales inmobiliarias por otras, y varias entidades titulares de viviendas no son conscientes de sus obligaciones a la hora de aportar información de las que se encuentran vacías. Ello requiere una minuciosa labor de seguimiento, siendo necesario reclamar esa información”. Es decir, que el Gobierno reconoce que incluso la información recibida por las entidades financieras es parcial y es preciso hacer un seguimiento, comprobación y reclamar a aquellas que no cumplen con su obligación. Recomendaciones que el Ejecutivo reitera anualmente e incumple también año tras año.
Una vez declarada una vivienda como deshabitada, se notifica a la entidad local correspondiente, la cual tiene la potestad de establecer un impuesto específico sobre estos inmuebles tras la aprobación de la ordenanza pertinente. Si bien el Gobierno de Navarra también cuenta con capacidad sancionadora, esta se limita a las personas jurídicas. No obstante, el objetivo principal no debería ser la mera recaudación, sino generar un efecto disuasorio que impulse la incorporación de estas viviendas vacías al mercado del alquiler. Esta medida, combinada con las bonificaciones fiscales ofrecidas por la Bolsa de Alquiler de Nasuvinsa, debería facilitar la movilización de gran parte del parque de vivienda actualmente inutilizado hacia esta bolsa pública. De esta manera, se podría facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible para miles de personas.
A la luz de lo expuesto, resulta innegable que el desarrollo del Registro de Viviendas Deshabitadas ha ofrecido un resultado poco satisfactorio. Esta expresión no es de cosecha propia, sino la que el propio Gobierno repite en su informe anualmente, sin que ello haya provocado una alteración sustancial en su modus operandi.
Hace tres meses se aprobó en el Parlamento una moción de EH Bildu por la cual se instaba al Gobierno a que reactive el Registro de Viviendas Deshabitadas antes del 30 de junio de este año. En estos momentos, la Dirección General de Vivienda está desarrollando una herramienta informática para automatizar la detección de viviendas vacías, incorporando los datos de consumo eléctrico de las viviendas. En pleno siglo XXI, en esta era marcada por la inteligencia artificial, resulta no solo deseable, sino imperativo, que la administración disponga de los recursos y herramientas inherentes a nuestro tiempo. Solo así se podrá mantener actualizado el Registro de Viviendas Deshabitadas de forma autónoma, liberándolo de la dependencia de un impulso gubernamental anual que, hasta ahora, ha sido claramente insuficiente.
Según las palabras de la consejera, la puesta en marcha de esta herramienta informática se vislumbra en un futuro cercano. Cabría, por tanto, albergar la esperanza de que el próximo informe del Departamento descarte, por fin, las reiteradas y desoladoras conclusiones que han marcado los documentos precedentes. Porque, la persistente paradoja es que demasiadas viviendas permanecen vacías mientras demasiadas personas carecen de vivienda.
El autor es parlamentario foral de EH Bildu Nafarroa
