Situación insostenible de la Residencia San Vicente de Paúl en Sangüesa

La precariedad laboral, el deterioro del servicio, y la desatención institucional ponen en jaque la dignidad de los residentes y el bienestar del personal.

La Residencia municipal San Vicente de Paúl, en Sangüesa, lleva demasiado tiempo sumida en una situación que ha dejado de ser simplemente preocupante para convertirse en francamente alarmante. La dejadez en el mantenimiento de las instalaciones y la incapacidad de sustituir al personal en épocas de verano comprometen no solo la calidad del servicio, sino también la dignidad de las personas mayores que allí residen y las condiciones laborales del personal que las atiende.

Hablamos de un centro que presta servicio a unas 55 personas usuarias, atendidas por una plantilla estable de unos 30 trabajadores y trabajadoras. Un lugar que debería ser modelo de cuidado, atención y respeto hacia quienes han construido nuestra sociedad. Sin embargo, la realidad dista mucho de ese ideal.

Techos que se deterioran tras las tormentas y no se reparan, habitaciones sin pintar, salidas de emergencia de dudosa eficacia, espacios comunes cada vez más descuidados... El mantenimiento brilla por su ausencia y, en muchos casos, depende de la disponibilidad ocasional de la brigada municipal.

¿El origen? Una gestión deficiente y una evidente falta de coordinación por parte de la dirección del centro, que está deteriorando tanto el ambiente laboral como la calidad del servicio prestado.

En junio de 2024 se publicó una convocatoria para elaborar una lista de contratación temporal a la que se presentaron alrededor 55 personas. Casi un año después, el proceso sigue paralizado. Lo mismo ocurre con la convocatoria de cinco plazas de gerocultor/a y dos de servicios generales publicada en noviembre, de la que ni siquiera se ha hecho pública la lista de admitidos.

Mientras tanto, se repite el discurso de que “no hay gente para trabajar”, cuando la falta de contrataciones responde, en realidad, a una gestión ineficaz. Esta situación deriva en una sobrecarga de trabajo para el personal, desorganización en los calendarios, turnos cambiantes, jornadas modificadas sin consenso, asignación arbitraria de funciones y un trato claramente preferencial hacia ciertos trabajadores, vulnerando los principios de igualdad y equidad.

La desatención institucional ha obligado incluso a que intervenga la Inspección de Trabajo, ante el incumplimiento sistemático del convenio colectivo y la normativa laboral. A ello se suma la incapacidad de la dirección para resolver de forma efectiva los conflictos con familiares de residentes y con las propias trabajadoras. Lejos de buscar soluciones, los episodios son ignorados o gestionados de forma parcial, agravando el clima laboral y generando un entorno cada vez más hostil.

Ante este escenario, cabe preguntarse: ¿dónde están las administraciones competentes? ¿Cómo es posible que en 2025, en una sociedad cada vez más envejecida, se tolere este nivel de abandono institucional?

En septiembre de 2023, recién elegido, el alcalde de Sangüesa declaraba que la residencia era uno de los temas que más le preocupaban y que era necesaria una gran inversión. ¿Dónde están esas inversiones prometidas? El problema no es nuevo, pero sí cada vez más grave.

La sensación que queda es de absoluta impunidad e indiferencia por parte de los responsables, tanto desde la dirección del centro como del propio Ayuntamiento. Y mientras tanto, las consecuencias son devastadoras: una atención cada vez más deteriorada, una plantilla agotada por la situación y un entorno de inseguridad creciente para los residentes.

Las familias están preocupadas, apoyan a un personal desmotivado, que afronta el día a día sin garantías, sin respuestas y sin saber cómo se cubrirán siquiera las vacaciones estivales.

Es hora de dejar de mirar hacia otro lado. La situación de la residencia San Vicente de Paúl no es un caso aislado, pero eso no puede ser una excusa. Lo que se necesita son soluciones concretas, inversiones reales y, sobre todo, respeto. Respeto a nuestros mayores, a quienes los cuidan y a una ciudadanía que exige con razón que las instituciones estén a la altura.

Firman esta carta: Patricia García Arrese, Helena Casajús Sola y Teresa Pérez Pérez Delegadas de UGT en la Residencia municipal San Vicente de Paúl