Esta semana se ha registrado en el Parlamento una proposición de ley para regular el alquiler de habitaciones y los contratos de temporada para tratar de dar coherencia, cordura, estabilidad, asequibilidad y seguridad jurídica al mercado del alquiler en nuestra comunidad. Como es lógico, la iniciativa de las cuatro formaciones progresistas se ha plasmado tras un trabajo conjunto con el Departamento que encabezo.
Cuando se aprobó la Ley Estatal de Vivienda en mayo de 2023, algunas ya advertimos que aquellos propietarios con menos escrúpulos, que no todos, iban a tratar de sortear los topes al precio del alquiler realizando un uso fraudulento de los contratos de temporada. Es decir, hacer pasar por contratos de temporada aquellos contratos estables y permanentes que no responden a dicha tipología.
Y efectivamente así ha sucedido en algunos casos en los 21 municipios navarros declarados tensionados. En Navarra, desde la declaración de Zonas de Mercado Tensionado del 18 de mayo de 2025, los contratos de temporada han pasado a ser de en torno al 10% frente al 5% de antes de la declaración, muy lejos del 50% que pregona la derecha y la patronal inmobiliaria para tratar de desacreditar las medidas que la mayoría social y política de esta comunidad estamos llevando a cabo.
Pero en cualquier caso, un fraude de ley al que vamos a hacer frente con esta nueva regulación que se encuentra en trámite parlamentario. Aquel propietario que quiera firmar un contrato de temporada tendrá que demostrar que, efectivamente, el inquilino o inquilina cumple los requisitos para una estancia temporal y no permanente. De lo contrario, entrarán en acción el sistema de inspección y sanción del Gobierno de Navarra. Es, simple y llanamente, la aplicación del sentido común de hacer cumplir la legislación vigente. Ni más, ni menos.
Y junto a los contratos de temporada, vamos a hacer valer la competencia que tiene Navarra en materia de derecho civil para entrar a regular un aspecto que se ha ido convirtiendo paulatinamente en la ley de la selva y vía de escape preferente de quienes siguen sin aceptar que la vivienda en un derecho constitucional, sometido a normas, y no un lucrativo negocio de dinero fácil a costa de la población más vulnerable.
Queremos, y es lo que se va a debatir en el Parlamento, que los inquilinos e inquilinas que vivan en habitaciones estén dotados de los mismos derechos que establece para el resto de inquilinos e inquilinas la Ley de Arrendamientos Urbanos; estamos hablando de derechos ciudadanos, de derechos universales.
Y que las rentas se igualen a los precios máximos fijados en la Zona de Mercado Tensionado. Es decir, si el tope máximo para una vivienda concreta son 1.400 euros, las rentas de todas las habitaciones alquiladas no podrán superar esa cantidad para no encontrarnos con situaciones como las que vivimos actualmente en donde en esas viviendas las rentas acumuladas llegan a superar en un 100% al precio máximo. No se puede estar pagando 600 euros por vivir en una habitación de nueve metros cuadrados como está sucediendo hoy en día en Pamplona y ese es el motivo que nos ha llevado a impulsar esta regulación junto a los cuatro grupos progresistas del Parlamento navarro.
Se suele decir que hecha la ley, hecha la trampa, pero este Gobierno está plenamente decidido a establecer todos los cortafuegos necesarios para que se cumpla la legislación vigente y que para el mercado del alquiler, y de la vivienda en general, no se convierta en el coto privado de quienes carecen de ningún tipo de escrúpulo.
La autora es vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias
