Uno de los recursos estrella con el que contamos en los servicios sociales los y las profesionales de la acción social es la ya conocida como Renta Garantizada (RG). Actualmente, y desde su aprobación por Ley Foral en el año 2016, dicha prestación económica busca garantizar el mínimo para una vida digna a las personas y unidades familiares que, cumpliendo los requisitos exigidos, se encuentran en situación de pobreza.

Al aprobarse dicha norma (el próximo año cumplirá un decenio), el objetivo era el de mejorar la cobertura y acceso a las prestaciones económicas como red de último recurso, responsabilidad de la comunidad foral por su competencia en materia de asistencia social.

Como la historia se repite, y nuevamente en perjuicio de las personas solicitantes / beneficiarias de la RG en Navarra, considero oportuno sacar a la luz un proceder que ya se utilizó desde el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo estas pasadas Navidades. Tres meses después, la jugada se repite… Me estoy refiriendo a ampliar, por resolución, los plazos que se otorga a sí misma la Administración de nuestra comunidad para valorar y conceder los expedientes de RG, en contra de lo establecido en el decreto foral por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de ámbito General en Navarra (el plazo aquí marcado es de tres meses).

Entre los pasados meses de noviembre y enero de 2025, una resolución previa ya estableció que solicitudes que se hubieran presentado entre el 30 de octubre y el 17 de enero de 2025 serían valoradas y notificadas en un plazo máximo de 4 meses (ahí se ampliaba un mes). El pasado 4 de junio se aprobó, por parte de la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, una nueva resolución en la que se amplía el plazo para resolver los expedientes de dicha renta, presentados entre el 8 de marzo y el 6 de junio de 2025 ahora hasta los 6 meses. ¿Hasta seis meses de espera para poder cobrar una prestación económica básica para la subsistencia? ¿Qué tipo de prestación garantizada es esa? Al menos, garantista, con dichos plazos, en absoluto.

El argumento para justificarlo: motivos que podemos considerar de tipo técnico-organizativo referidos al propio sistema de protección social: “tareas de coordinación entre la Renta Garantizada e Ingreso Mínimo Vital” (IMV), y también de falta de recursos humanos, ya que “se han agotado los medios personales y materiales”; esto es, que “hay imposibilidad de incrementar los medios personales para tramitar la Renta Garantizada”.

No dudo de que el impacto provocado en la gestión del Ingresos Mínimo Vital con respecto a la RG esté siendo fuerte; pero no es menos cierto que, actualmente, concurren otro tipo de motivos que serían de orden más organizativo. ¿Por qué se han agotado en este nuevo momento los medios personales? Junto a lo expuesto, también es una realidad que el equipo de valoración de la Renta Garantizada está en este momento (junio de 2025) muy mermado en cuanto a su personal. Concurre que, en breve plazo, está previsto el inicio de un nuevo proceso de oposiciones de trabajo social y, ante la falta de personal (vacaciones/permisos concedidos), esos puestos están sin cobertura.

Por otra parte, no quiero incidir en el tema de ver si ha quedado o no justificado el que una norma de rango inferior (resolución) modifique en cuanto a los plazos lo establecido en una norma de rango superior (decreto foral), y si ello afecta, o no, al principio de jerarquía normativa que garantiza la Constitución –eso le dejo para los/as juristas–.

Sea como fuere, la realidad es que quien va pagar las consecuencias de que puedan ampliarse las valoraciones hasta los seis meses son las personas económicamente más vulnerables de nuestra comunidad, que son quienes precisan de dicha RG, como prestación básica, para comer y pagar el alojamiento (habitaciones y alquileres).

En mi opinión, esto es algo inadmisible. En primer lugar, para dichas personas y familias más necesitadas. También, insoportable, para quienes estamos ahí, en primera línea, en unos servicios sociales de atención primaria cada vez más tensionados y teniendo que salir al paso y dar la cara porque las ayudas no llegan a tiempo y las situaciones acaban siendo cada vez más urgentes (lo que aumenta, además, la gravedad de las situaciones de las familias con menores a cargo). Esto también conlleva tener que articular otras ayudas complementarias municipales de emergencia e incrementar consiguientemente los procedimientos y la burocracia administrativa. Y, por último, para la propia imagen del funcionamiento de nuestras instituciones.

Siento plantear esto con esta crudeza; pero lo que está ocurriendo no es de recibo. La Administración tiene los mecanismos para que ello no ocurra. Por favor, y aunque suele decirse que no hay dos sin tres, les rogaría que no vuelva a darse una tercera ocasión en la que repitan este proceder. Quienes necesitan de esta prestación básica garantizada no se lo merecen. Y, de verdad, detrás de estas palabras hay una apuesta y compromiso con el trabajo que hacemos cada día (me incluyo) como parte del personal técnico de la Administración, anhelando seguir siendo cada día más eficientes y seguir trabajando con todo el rigor que podamos en beneficio del servicio púbico. Gracias.

*El autor es trabajador social