Más alla de lo que algunos sectores acomodados de nuestra sociedad consideran como lo “políticamente correcto y adecuado”, por corresponderse con las tradiciones, existe otra realidad, cruda realidad, que es la de esa otra gente sencilla que pasa necesidades y que tiene todo el derecho a organizarse, a expresarse y a ser escuchada. 

Así, el pasado lunes, en el transcurso de la tradicional procesión de San Fermín que tuvo lugar en la capital navarra, un grupo de ciudadanos quiso poner de manifiesto la tragedia que cada vez padecen más familias como consecuencia de los desahucios. 

La jota que se pudo escuchar, al paso de la procesión, a la altura de la calle Zapatería, es una expresión de esa triste realidad a la que se ven abocados cada vez más ciudadanos: la de verse despojados de un techo bajo el que poder dormir. 

Los Sanfermines son las fiestas  de todos los pamploneses, y, por tanto, deberían de tener cabida en dichas fiestas las reivindicaciones de todos los sectores de la ciudadanía. 

Sin embargo, la Policía Municipal trató de impedir que se cantara la jota en cuestión y, al no conseguirlo, procedió a identificar a varias personas, las cuales corren el riesgo de ser multadas. 

Me imagino que no faltarán pamploneses que respalden la actuación de la Policía Municipal argumentando que sus sentimientos religiosos han resultado ofendidos. 

Sin embargo, hay que indicar que existen, también, otros  muchos pamploneses, entre los que me incluyo, que nos sentimos ofendidos y escandalizados porque en una ciudad aconfesional, como lo es Iruñea/Pamplona, la Corporación Municipal en Pleno forme parte activa de un acto religioso en el cual, por si fuera poco, las autoridades civiles rinden pleitesía a las autoridades religiosas como queda patente en el hecho de que la Corporación Municipal se dirija a la Catedral a esperar la salida del arzobispo y de los miembros del Cabildo Catedraliclo para dar comienzo, a continuación, a la procesión.

Pienso que el deber de nuestros mandatarios municipales, lejos de reprimir y sancionar las protestas de la ciudadanía, máxime cuando éstas son pacíficas, tendría que pasar por escuchar a sus conciudadanos y por hacer una autocrítica en relación a sus propias actuaciones.