Fuerte de San Cristóbal, lugar de memoria

El 21 de mayo de 2025 todos aquellos que creemos en la Memoria Históricacomo una herramienta de reparación, justicia, reconciliación y construcción de una sociedad mejor a partir del conocimiento de nuestro pasado, recibimos una ansiada y largamente esperada noticia: el Gobierno de Navarra aprobaba el Protocolo general sobre el Fuerte de San Cristóbal, que “suscribiría formalmente en breve con el Estado”.

Para aquellas personas no familiarizadas con la trágica historia del Fuerte de San Cristóbal, se trata de un antiguo fuerte militar situado a 10 kilómetros de Pamplona que fue utilizado como prisión tras la revolución de octubre de Asturias en 1934 y, sobre todo, como mecanismo de represalia tras el golpe de Estado de julio de 1936, hasta 1945. La asociación Txinparta –gracias a cuyo encomiable y desinteresado trabajo por parte de sus miembros voluntarios, se ha conseguido recuperar e identificar muchos de los cuerpos de los presos asesinados– calcula que la población reclusa total que pasó por el penal alcanzó las 7.500 personas entre 1936 y 1945, habiendo podido contabilizar ya más de 650 muertes hasta el momento. Además, fue el escenario de la fuga más numerosa de un penal en Europa, el 22 mayo de 1938, con 795 fugados, de los cuales 206 fueron asesinados en distintos lugares en los días posteriores, y 14 más ejecutados tras un consejo de guerra.

El mencionado protocolo (que debe ser firmado aún por la presidenta del Gobierno Foral de Navarra, el Ministerio de Defensa –el ejército es el propietario del Fuerte–, y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) debe dar pie a una serie de hitos relevantes, tanto tangibles como simbólicos: 1) La declaración del espacio como lugar de memoria por parte del Estado, 2) El desarrollo de un proyecto memorialístico, 3) La inclusión en la red de lugares de memoria, 4) La señalización del Fuerte de San Cristóbal como lugar de Memoria, 5) La organización formal de visitas para la ciudadanía, etcétera.

El continente diseñado responde a todos los códigos y estándares administrativa y políticamente correctos para afrontar un tema tan sensible como complejo. Sin embargo, el desarrollo de su contenido –el quid de la cuestión– parece destinado a no tener un camino sencillo ni la celeridad que un asunto de esta seriedad y calado merece, tras casi 90 años de olvido oficial.

Por un lado, el protocolo diseñado prevé el desarrollo de convenios específicos (presumiblemente aún por redactar), “un diagnóstico del estado de conservación del bien y de las medidas urgentes de intervención”, el desarrollo de un proyecto memorialista a cargo del Instituto Navarro de la Memoria y la creación de dos comisiones (una de corte científico-técnico integrado por personas expertas y otra de corte político), amén de otra serie de mecanismos.

Por otro, contamos con la presencia de una importante multiplicidad de actores públicos involucrados en distintos planos y momentos, desde el nivel local y regional, hasta el nivel estatal, representado en este caso por los dos ministerios anteriormente citados, pero también por el Ministerio de Cultura, al ser el Fuerte un Bien de Interés Cultural (BIC).

Nos encontramos, por tanto, ante un escenario similar a una muñeca rusa (las conocidas matrioskas), en el que se entremezclan una superposición de protocolos, convenios y proyectos de nueva creación con un escenario de necesaria colaboración y alineación de un importante número de administraciones con intereses no siempre alineados. Por si fuera poco maremagnum, resulta público y notorio tanto la existencia de diferentes sensibilidades políticas en torno a la Memoria Histórica, como de complejas inercias heredadas en torno a este terrible episodio de nuestra historia reciente: la terrible maquinaria de represión y muerte orquestada entre los años 1936 y 1945 a las afueras de Pamplona, en el Fuerte de San Cristóbal.

Los pasos anunciados en mayo parecen indicar, por fin, la dirección correcta. Sin embargo, en paralelo al complejo escenario anteriormente descrito para tamaña tarea, se perciben inquietantes señales: el pasado 24 de junio la Comisión de Memoria y Convivencia del Parlamento de Navarra visitó el Fuerte, un paso necesario y esperanzador, relacionado con el nuevo protocolo y con el nuevo proceso que ha de ponerse en marcha para la recuperación del lugar, tanto a nivel simbólico siendo designado lugar de memoria, como a nivel práctico para empezar a dar pasos para la recuperación física del Fuerte de San Cristóbal, tras el diseño del mencionado proyecto memorialístico.

La visita incluía la presencia tanto de medios de comunicación como de la Asociación Txinparta, entidad que más ha trabajado y conoce la historia del Fuerte. Desafortunadamente, el Ministerio de Defensa (insistimos, propietario del Fuerte) negó la presencia tanto de la prensa como de la asociación, teniendo lugar la visita finalmente sin ambas, y sí con la guía de personal militar.

Aparecen, por tanto, las primeras fisuras en el plan diseñado, prácticamente al inicio del camino. Porque, recordémoslo, la aprobación del Protocolo general sobre el Fuerte de San Cristóbal es el inicio de una nueva fase, un territorio desconocido que tenemos que transitar juntos, de la mano como sociedad, instituciones y ciudadanía, de manera constructiva, para recuperar, conocer y aprender de este trágico episodio de nuestro pasado, 90 años después.

El Fuerte lleva demasiado tiempo expuesto al abandono físico y ético y, por lo tanto, exige rapidez en la toma de decisiones, generosidad y colaboración entre las administraciones, así como amplitud de miras fuera de las rigideces y ritmos que impone la situación actual de propiedad, uso, gestión, y conservación del lugar.

Por ejemplo, urge su recuperación física, que esperemos será acometida en profundidad una vez se diseñe el proyecto memorialístico, pero pudiendo realizar ya tareas de conservación para recuperar los espacios más dañados (el caso de la conocida como celda de castigo), algunos de los cuales pueden no ser recuperables de no intervenir pronto en los mismos. Para ello, es necesario que los agentes públicos protagonistas se dejen asesorar por personas expertas y las asociaciones que más han trabajado este tema, cuyo único interés es la recuperación de la Memoria Histórica del Fuerte y su divulgación.

Nos encontramos, por tanto, en un punto de no retorno, tanto por el momento actual que vivimos en torno a la cuestión de la Memoria Histórica, y su relevancia social, como por estar inmersos en un año clave, auspiciado desde el Gobierno central, con ocasión de los 50 años del fin de la dictadura franquista.

Como sociedad no podemos permitirnos que la memoria colectiva en torno a los terribles sucesos del Fuerte San Cristóbal quede paralizada, enquistada en un limbo burocrático, político e ideológico. Existe, por fin, un marco desde el que actuar con diligencia.

Cada sociedad debe recordar su pasado, porque forma parte de su identidad, que se forja a través del tiempo, como la vida de una persona, para proyectarse al futuro con una perspectiva histórica y constructiva.

Huir de nuestro pasado y de nuestra responsabilidad para con las generaciones venideras sería, desde luego, un fracaso colectivo que hemos perpetuado durante los últimos 90 años. No lo repitamos.

El autor es Dr. Historia Contemporánea