El Sáhara Occidental ante una resolución decisiva

El proyecto de resolución impulsado por Estados Unidos amenaza con vaciar de sentido el proceso de descolonización y sustituir el referéndum de autodeterminación por una autonomía bajo soberanía marroquí.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se prepara para decidir, los días 30 y 31 de octubre, el futuro inmediato del Sáhara Occidental. En esa fecha expira el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum (Minurso), creada en 1991 con un mandato claro: organizar la consulta de autodeterminación del pueblo saharaui. Treinta y cuatro años después, el referéndum sigue bloqueado, la ocupación marroquí se consolida y la ONU parece resignada a administrar un conflicto que debía haber resuelto.

Según fuentes diplomáticas, Estados Unidos presentó el 22 de octubre un borrador de resolución que ha desatado un intenso debate en el seno del Consejo: la propuesta norteamericana ha provocado rechazo por parte de varios miembros permanentes y no permanentes. El texto introduce modificaciones profundas respecto a resoluciones anteriores: reduce el marco de negociación al plan marroquí de autonomía de 2007, elogia los “esfuerzos del presidente Donald Trump” y sugiere un papel de mediación directa de Washington. En la práctica, se trata de un intento de trasladar la gestión del conflicto del ámbito multilateral de las Naciones Unidas al control bilateral de la Casa Blanca.

Este giro coincide con la publicación, el 30 de septiembre, del informe anual del secretario general António Guterres (S/2025/612), que debía servir de base al debate del Consejo. Pese a su tono diplomático, el documento refleja una realidad preocupante: reconoce “enfrentamientos armados de baja intensidad” entre Marruecos y el Frente Polisario, admite que el ejército marroquí ha construido una carretera de 93 kilómetros entre Smara y Mauritania –violando el statu quo acordado en 1991–, constata la ausencia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el territorio desde 2015 y menciona la represión continuada contra la población saharaui. Sin embargo, el informe evita señalar responsables y se refugia en la ambigua fórmula de la “solución política realista y duradera”, expresión habitual de los aliados de Rabat.

Ante esa falta de firmeza, el Frente Polisario, movimiento de liberación nacional y representante legítimo del pueblo saharaui, ha alzado la voz. El 22 de octubre, el presidente saharaui Brahim Ghali dirigió una carta contundente al secretario general, en la que denuncia la “complicidad pasiva” de Naciones Unidas frente a las violaciones marroquíes y la degradación del papel de la Minurso. Ghali recordó que el conflicto actual no es una escalada espontánea, sino la consecuencia directa de la ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos el 13 de noviembre de 2020, cuando sus tropas irrumpieron en El Guerguerat, dentro de la zona desmilitarizada. Desde entonces, el ocupante ha extendido su control militar, ha utilizado drones contra civiles saharauis y ha bloqueado el acceso de observadores internacionales a los territorios ocupados.

“El problema no es la duración del conflicto, sino la falta de aplicación de las resoluciones de la ONU”, advierte Ghali. En su carta, acusa además a Guterres de incluir información procedente de instituciones marroquíes –como el Consejo Nacional de Derechos Humanos– en los informes oficiales, algo que vulnera el estatus jurídico del Sáhara Occidental como territorio no autónomo pendiente de descolonización. Y concluye con una frase que resume el malestar de todo un pueblo: “La ONU no puede comportarse como una agencia inmobiliaria que redistribuye tierras, sino como una institución garante del derecho internacional”.

Un día después, el 23 de octubre, el representante saharaui ante Naciones Unidas, doctor Sidi Mohamed Omar, envió una carta al embajador ruso y presidente en ejercicio del Consejo, Vassily Nebenzia, expresando la posición oficial del Frente Polisario ante el proyecto estadounidense. En ese texto, Omar califica el borrador como “una desviación grave y sin precedentes” de los principios del derecho internacional y de la práctica establecida por el propio Consejo. Subraya que la soberanía sobre el territorio pertenece exclusivamente al pueblo saharaui, titular de un derecho “inalienable, imprescriptible y no negociable” a la autodeterminación, y advierte que el Frente Polisario no participará en ningún proceso político ni en ninguna negociación basada en un texto que excluya o limite ese derecho.

El movimiento saharaui recuerda que, el 20 de octubre, presentó al secretario general una propuesta ampliada de solución, inspirada en la presentada en 2007, que mantiene la autodeterminación como elemento central e invita a Marruecos a retomar las negociaciones directas, de buena fe y sin condiciones previas. La negativa de Washington a incluir esa referencia, y su insistencia en imponer la “autonomía marroquí” como único horizonte, suponen un ataque frontal al principio de descolonización y al mandato histórico de la Minurso.

En el Consejo de Seguridad, las posiciones están claramente polarizadas. Francia y Reino Unido respaldan el texto estadounidense y la narrativa del realismo político, mientras que Rusia, China, Argelia y varios países africanos abogan por preservar el marco jurídico internacional y el principio de autodeterminación. Diplomáticos consultados en Nueva York no descartan que Moscú recurra al veto o que un bloque de abstenciones impida alcanzar los nueve votos favorables necesarios para su aprobación. Entretanto, el mandato de la Minurso expira el 31 de octubre y el Consejo debe decidir si prorroga una misión sin contenido o si devuelve a Naciones Unidas su papel original: garantizar el referéndum pendiente.

Más allá de los equilibrios de poder, el fondo del problema sigue siendo el mismo: la ONU ha permitido que una misión nacida para liberar a un pueblo colonizado se transforme en una estructura de gestión del statu quo. Cincuenta años después de la invasión marroquí, el Sáhara Occidental continúa siendo el último territorio de África pendiente de descolonización. La carta de Ghali lo recuerda con crudeza: “El tiempo de las ambigüedades ha terminado”.

El Consejo de Seguridad afronta ahora una prueba de coherencia histórica. O reafirma el principio de autodeterminación como base irrenunciable de la paz, o se hunde definitivamente en la incoherencia de quienes confunden la legalidad internacional con la conveniencia diplomática. Si prevalece el texto norteamericano, la ONU habrá dado un paso más hacia la renuncia moral de su mandato fundacional. Si, en cambio, los Estados miembros optan por el respeto al derecho internacional, todavía quedará abierta una posibilidad –la única legítima–: permitir al pueblo saharaui decidir libremente su destino.

El autor es miembro de la Plataforma ‘No te olvides del Sáhara Occidental’