La realidad de la violencia de género sigue siendo abrumadora. A pesar de los avances normativos, los indicadores estadísticos y los discursos negacionistas son muy preocupantes. Con la escalofriante realidad de 38 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, es terrible que un 8% de mujeres y un 12% de hombres consideren que no existe este problema que nos interpela y desafía como sociedad.
Los últimos datos del Observatorio contra la violencia de género correspondientes al segundo trimestre de 2025 evidencian un aumento del 21% del número de denuncias presentadas en Navarra. Y estas son sólo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 8% de las violencias machistas se denuncian.
Estos datos reflejan la magnitud de las violencias y su carácter estructural. Evidencian la necesidad urgente de eliminar esta lacra para que todas las mujeres podamos vivir en paz e investidas de derechos humanos. Para ello, es urgente actuar como sociedad. Existe una responsabilidad del Estado y de todas las administraciones públicas para otorgar derechos, recursos y servicios de protección y reparación para las víctimas, así como de castigo y penalización para los agresores.
Pero tampoco se puede olvidar que son vitales los entornos de las víctimas para que las mujeres se sientan protegidas y respaldadas. En este sentido, la violencia machista no se detiene en la puerta de los centros de trabajo. Las mujeres empleadas pasan muchas horas del día en su puesto laboral, lugar en el que no solo pueden estar más seguras que en sus hogares, sino que además allí pueden contar con la compañía, asesoramiento e información de la representación legal de las personas trabajadoras.
CCOO cuenta con un elevado número de representantes en los centros de trabajo. Este activo sindical puede y debe servir de red de apoyo a las mujeres que padecen violencia de género, al facilitar información y orientación sobre los derechos y recursos que las asisten. Pueden apoyar a las víctimas proporcionando información sobre sus derechos laborales, ayudas y protocolos de actuación, acompañándolas en procesos internos y externos, y asegurando la confidencialidad y respeto hacia ellas. Su función también incluye la negociación colectiva para implementar medidas laborales específicas, como horarios flexibles o permisos retribuidos, servicios de asesoramiento jurídico o/y psicológico, ayudas económicas en caso de necesidad de desplazamiento a otra población o proponiendo medidas que faciliten la protección y recuperación de las víctimas.
De esta manera, las delegadas y delegados sindicales pueden actuar como barreras esenciales para erradicar la violencia de género en el trabajo y promover entornos de trabajo seguros, justos y libres de discriminación y violencia.
Por estas razones, se ha impulsado la participación de las personas delegadas en la denuncia y gestión confidencial de casos, e incluso proponemos la creación de personas delegadas especializadas en igualdad y lucha contra la violencia de género para cubrir este vacío asistencial en el mundo laboral.
Nuestra acción no busca colocar el foco en las víctimas, ni sustituir el papel de los recursos especializados en violencia de género. Se trata, más bien, de asumir nuestra responsabilidad como organización sindical y también como organización feminista, y hacerlo desde el ámbito que nos es propio: el trabajo.
Desde ese espacio –centros de trabajo, secciones sindicales, delegadas y delegados– aportamos al deber colectivo de erradicar la violencia de género. Y lo hacemos dotando de herramientas concretas a nuestro activo sindical para que sepa cómo intervenir cuando conoce situaciones de violencia, tanto si la agresión impacta directamente en el ámbito laboral como si tiene lugar en la vida personal de una trabajadora.
Por ello, este 25 de noviembre, reivindicamos nuestro compromiso diario con la lucha contra la violencia de género. El mensaje a nuestro activo sindical es claro: ¡nos toca! Nos toca escuchar, orientar, acompañar, intervenir. No sólo porque es posible y necesario, sino porque es nuestro deber sindical.
La autora es secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO Navarra
