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Un Colegio a la altura del periodismo que defendemos

Un Colegio a la altura del periodismo que defendemosPatxi Cascante

Estimadas y estimados colegas: El próximo 27 de diciembre está convocada una Asamblea General Extraordinaria del Colegio Navarro de Periodistas. Llegamos a esa cita tras meses de una situación institucional anómala que merece ser explicada con claridad y, sobre todo, corregida con responsabilidad.

El Colegio Navarro de Periodistas no es una asociación privada ni un espacio informal de afinidades. Es una corporación de derecho público, creada por ley, llamada a representar a una profesión esencial para la democracia. Precisamente por eso, sus órganos de gobierno y sus procesos internos deben regirse por los mismos principios que exigimos cada día a las instituciones sobre las que informamos: legalidad, transparencia, participación y garantías democráticas.

Los hechos son conocidos y están documentados. El pasado mes de septiembre, 8 de los 10 miembros de la Junta de Gobierno presentaron su dimisión formal. Según los propios estatutos del Colegio, esa circunstancia activaba de forma automática la disolución del órgano de gobierno y la obligación de convocar elecciones en un plazo determinado. Sin embargo, durante semanas no se informó de manera clara a las personas colegiadas, ni se abrió un proceso participativo para acordar cómo debía articularse esa renovación necesaria.

La convocatoria electoral anunciada posteriormente se ha concentrado en una única jornada. La propia asamblea de este sábado, 27 de diciembre, todos los hitos del proceso: presentación de candidaturas, proclamación y votación. No se ha constituido una comisión electoral independiente, no se ha hecho público un calendario completo, no se ha garantizado un periodo real de campaña ni un acceso equitativo al censo profesional, y no se han habilitado cauces efectivos de alegación o revisión. Todo ello ha derivado, además, en la inadmisión de una candidatura alternativa, dejando a la colegiatura ante una votación sin pluralidad.

A esta falta de garantías se ha sumado en los últimos días un hecho especialmente preocupante. Desde la única candidatura admitida, cuyos integrantes controlan además la organización del proceso electoral, se están enviando mensajes directos a personas colegiadas pidiendo explícitamente el apoyo a la candidatura única y descalificando a quienes ni siquiera hemos tenido la posibilidad de concurrir al proceso.

Este uso de canales privados de comunicación pone de manifiesto un problema de fondo: quienes ostentan el control del proceso electoral disponen también del acceso a los datos de contacto de la colegiatura,

mientras que el resto de personas candidatas, o aspirantes a serlo, carecemos de cualquier vía para comunicarnos en igualdad de condiciones. La asimetría es evidente y vulnera el principio básico de equidad electoral.

A ello se añade la implantación, sin acuerdo previo ni regulación clara, de un sistema de voto por correo electrónico que no ofrece garantías mínimas de secreto ni de integridad del sufragio. En estas condiciones, el respeto al voto libre, personal y secreto, pilar elemental de cualquier proceso democrático, queda seriamente comprometido.

Todo ello ha generado una comprensible sensación de indefensión. Cuando no existen órganos neutrales de supervisión, cuando quienes organizan el proceso son parte interesada y cuando no hay mecanismos efectivos de control, la colegiatura queda desprotegida. Y esa indefensión resulta especialmente grave en una institución que debería ser garante, precisamente, de los derechos profesionales y democráticos de quienes la integran.

No se trata de una disputa personal ni de un desacuerdo menor. Se trata de un problema de legitimidad democrática. Cuando un proceso electoral carece de garantías básicas, el resultado, sea cual sea, nace debilitado. Y cuando eso ocurre en una institución que representa al periodismo, el daño no es solo interno: es simbólico y reputacional.

Queremos subrayar algo esencial: nuestro objetivo no es bloquear ni desacreditar al Colegio, sino todo lo contrario. Queremos que el Colegio Navarro de Periodistas tenga vida, actividad, voz y utilidad para la profesión, esté quien esté al frente. Creemos en un Colegio vivo, plural, participativo y respetado, capaz de generar comunidad profesional y de defender el periodismo en Navarra con solvencia y legitimidad.

Quienes firmamos este texto no pedimos privilegios ni atajos. Pedimos algo mucho más sencillo y exigente: un nuevo proceso, claro y transparente, que permita a todos los colegiados y colegiadas participar en igualdad de condiciones; que separe con nitidez quién organiza y quién concurre; que informe con tiempo y rigor; que fomente el debate profesional y la pluralidad; y que devuelva al Colegio la credibilidad y la normalidad institucional que hoy están seriamente comprometidas.

La Asamblea del 27 de diciembre no debería ser el final precipitado de un proceso muy cuestionado, sino una oportunidad para corregirlo. Para detenerse, reconocer los errores y acordar colectivamente un camino que refuerce, y no debilite, al Colegio Navarro de Periodistas.

El periodismo vive tiempos difíciles. Precisamente por eso, sus instituciones deben ser ejemplares. La transparencia no es una opción estética ni un gesto de buena voluntad: es la base mínima de cualquier proyecto colectivo que aspire a representar con dignidad a una profesión al servicio de la sociedad.

Los autores son: Asier Aldea Esnaola, Silvia Ansorena Coyne, Josune Arévalo Domínguez, Iván Benítez Forniés, Daniel Burgui Iguzkiza, Luis Carmona Juanmartiñena, Isabel Eguiguren Ezquerro, Marta Lachén Montes, Ana López Jiménez, Javier Lorente Doria, Paloma Lorenzo Usabiaga, Sara Nahum Sanz, Joaquím Torrents Delgado. Integrantes de la candidatura no admitida al proceso electoral del Colegio Navarro de Periodistas