Regularización de personas migrantes: apuesta por la dignidad y el futuro colectivo

Hablar de regularización no es hablar de una excepción ni de una concesión arbitraria. Es hablar de personas que ya están aquí, de otorgarles seguridad jurídica, acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar de forma legal. Personas que trabajan, que cuidan, que sostienen sectores enteros de nuestra economía y que, sin embargo, han sido empujadas durante años a la invisibilidad administrativa y a la precariedad laboral. Regularizar es reconocer una realidad y dotarla de derechos.

Desde UGT Navarra venimos defendiendo, con datos y argumentos, que la migración no es un problema, sino una parte esencial del presente y del futuro de nuestro país. Más del 90% del crecimiento de la población en los últimos años se ha debido a la migración. En un contexto de envejecimiento acelerado, la población migrante aporta juventud, relevo generacional y sostenibilidad a nuestro sistema productivo y de protección social. No es una opinión: es un hecho demográfico.

En el ámbito laboral, la aportación es igualmente clara. Una de cada cinco personas ocupadas es de origen migrante. Sectores clave como los cuidados, la hostelería, la agricultura, la construcción o la logística no podrían funcionar sin su trabajo. Además, la tasa de actividad de la población migrante es superior a la media, desmontando el falso discurso de que viven de ayudas. Trabajan, y mucho, aunque con demasiada frecuencia lo hacen en condiciones de precariedad. En Navarra, unas 10.000 personas podrán salir de la irregularidad, acceder a empleo legal, estudios y estabilidad emocional.

Frente a quienes intentan desacreditar este proceso hablando de un supuesto “efecto llamada”, conviene ser claros y rigurosos: la regularización no atrae a nuevas personas migrantes, regulariza a quienes ya están aquí. Son personas que llevan años viviendo en nuestro país, formando parte de nuestras comunidades y utilizando ya los servicios públicos básicos a los que cualquier ser humano tiene derecho. No van a saturar la sanidad ni la educación porque ya las utilizan; lo que cambia es que a partir de ahora tendrán derechos laborales plenos. Esta medida no genera un gasto adicional, sino que reduce la economía sumergida, combate el fraude y fortalece el sistema público: quienes hasta ahora solo podían contribuir indirectamente a través del IVA de los productos y servicios que compran, ahora podrán cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos como el IRPF y aportar de manera regular y transparente al sostenimiento del Estado del bienestar. Regularizar no es el problema; es parte de la solución.

Este proceso de regularización ha sido valorado positivamente por UGT a nivel confederal y por numerosas organizaciones sociales. No estamos ante una postura aislada del sindicalismo. Entidades como Cáritas, con una trayectoria incuestionable en la defensa de las personas más vulnerables, han defendido abiertamente esta medida desde una perspectiva ética y social. El IX Informe FOESSA de Cáritas de noviembre de 2025 lo demandaba con claridad y su presidente lo respalda abiertamente, como hizo en el último encuentro de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE). Su respaldo demuestra que estamos ante una cuestión que trasciende el debate político y se sitúa en el terreno de la dignidad humana.

La regularización también es una herramienta imprescindible para combatir la explotación laboral. La irregularidad administrativa es el caldo de cultivo perfecto para los abusos, los salarios de miseria, la ausencia de contratos y la competencia desleal. Sacar a cientos de miles de personas de la economía sumergida es fortalecer la negociación colectiva, mejorar las condiciones de trabajo y proteger al conjunto de la clase trabajadora. Los derechos laborales no entienden de nacionalidad.

Este enfoque contrasta de forma muy clara con lo que estamos viendo en otras partes del mundo. En Estados Unidos, las políticas impulsadas por Donald Trump y ejecutadas por el ICE han derivado en auténticas “cazas” de personas migrantes, con detenciones masivas, deportaciones y una lógica punitiva que criminaliza la pobreza y el origen. Es un modelo basado en el miedo, la exclusión y la vulneración de derechos humanos. Frente a esa deriva, la regularización en España se convierte en un ejemplo para Europa: demuestra que es posible gestionar la migración desde la legalidad, los derechos y la convivencia, sin caer en discursos de odio ni en soluciones represivas.

Por supuesto, este proceso debe ir acompañado de recursos suficientes, agilidad administrativa y políticas de integración reales. La regularización no puede quedarse en un gesto aislado; debe formar parte de una estrategia más amplia que garantice empleo digno, formación, acceso a la vivienda y servicios públicos fuertes. Pero negar esta medida por miedo o prejuicio sería un error histórico.

Desde UGT Navarra defendemos un sindicalismo de clase, feminista y antirracista, que no acepta que haya trabajadoras y trabajadores de primera y de segunda. Las personas migrantes viven aquí, trabajan aquí y sostienen aquí nuestro bienestar. Defender sus derechos es defender los derechos de todas y todos.

La regularización impulsada por el Gobierno de España es una apuesta valiente, positiva y necesaria. Por dignidad, por justicia social y por futuro colectivo. Porque ninguna persona es ilegal, pero papeles son derechos, y reconocerlos nos dignifica como sociedad.

El autor es secretario general de UGT