La resiliencia en las infraestructuras críticas

Las inundaciones que dejan fuera de servicio subestaciones eléctricas, las olas de calor que tensionan la red o los incendios que amenazan corredores logísticos no son episodios aislados. Son la expresión de una realidad incómoda: la transición energética y la modernización de nuestras infraestructuras se están produciendo en un entorno de riesgos crecientes. Frente a este escenario, Europa ha decidido pasar de la advertencia a la obligación con la Directiva sobre la Resiliencia de las Entidades Críticas (CER), alineada con los principios del Marco de Sendai de Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres. La idea central es sencilla y a la vez disruptiva: no basta con descarbonizar. Hay que asegurar que los servicios esenciales electricidad, agua, transporte, telecomunicaciones sigan funcionando cuando se produzca una crisis.

El Marco de Sendai, adoptado en 2015, introdujo un cambio de paradigma global: los desastres no son solo fenómenos naturales, sino el resultado de sistemas vulnerables. Reducir riesgos implica invertir antes de que ocurra la emergencia, reforzar infraestructuras, planificar con visión climática y coordinar actores públicos y privados.

Durante años, estas ideas han guiado estrategias nacionales y compromisos internacionales. Sin embargo, su aplicación dependía en gran medida de la voluntad política y de los recursos disponibles. La Directiva CER da ahora un paso más: convierte esos principios en exigencias legales para los operadores que sostienen el funcionamiento cotidiano de la sociedad.

La normativa europea obliga a los Estados miembros a identificar qué organizaciones son críticas y a exigirles planes estructurados de resiliencia. Para los operadores energéticos y de infraestructuras esto supone evaluar riesgos climáticos y técnicos, analizar dependencias con otros sectores, reforzar activos físicos, introducir redundancias en las redes y ensayar periódicamente planes de emergencia.

No se trata de blindar cada instalación frente a cualquier eventualidad, algo imposible, sino de evitar que un incidente local se transforme en una crisis sistémica. En un sistema cada vez más electrificado y digitalizado, una subestación anegada o un centro de control fuera de servicio puede tener efectos en cascada sobre hospitales, transporte o suministro de agua. La CER introduce así una lógica preventiva que conecta directamente con Sendai: gobernanza clara, inversión en resiliencia y preparación para reconstruir mejor.

La reducción del riesgo de desastres no es un asunto técnico reservado a ingenieros y servicios de emergencia. Tiene una dimensión económica y social evidente. Cada apagón prolongado, cada puerto cerrado o cada planta industrial detenida repercute en empleo, competitividad y confianza ciudadana.

Desde esta perspectiva, la resiliencia es una aliada de la sostenibilidad. Proteger infraestructuras críticas es proteger también la transición ecológica. Las energías renovables, las redes inteligentes o el hidrógeno verde requieren activos robustos y sistemas capaces de absorber impactos crecientes derivados del clima extremo. Invertir hoy en adaptación y prevención es, sencillamente, más barato que reconstruir mañana.

Más allá del cumplimiento normativo, la Directiva CER apunta a un cambio profundo en la forma de planificar y gobernar infraestructuras. La resiliencia deja de ser un apéndice de la seguridad para convertirse en un criterio estratégico, al mismo nivel que la eficiencia energética o la reducción de emisiones.

Europa está enviando una señal clara: la continuidad de los servicios esenciales es un pilar de la estabilidad democrática y económica. En un mundo más incierto, la capacidad de resistir y recuperarse ante desastres es tan importante como la capacidad de producir energía limpia.

De Sendai a Bruselas, el mensaje converge: no hay transición verde sin sistemas capaces de soportar las crisis que ya están llamando a la puerta.

El autor es director gerente de Tesicnor