Prevención de riesgos: un interés compartido hoy fraccionado

Treinta años después de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, España vuelve a hablar de reforma. Las cifras, más de un millón de accidentes laborales y cientos de fallecimientos cada año, evidencian que el problema no es menor. Pero quizá el debate no deba centrarse únicamente en actualizar la norma, sino en revisar nuestra comprensión de la prevención.

En estas tres décadas hemos desarrollado reglamentos, protocolos, auditorías y servicios especializados. Sin embargo, en demasiadas ocasiones la prevención ha derivado en un ejercicio de cumplimiento formal: se documenta, se externaliza, se archiva… pero no siempre transforma la cultura organizativa. Hemos creado más procedimiento, pero no necesariamente más conciencia.

La prevención nació como una expresión del respeto a la vida y a la dignidad del trabajo. Su sentido profundo no es evitar sanciones, sino proteger a las personas. Y, sin embargo, con frecuencia se ha convertido en un terreno de desconfianza: el empresario la percibe como carga económica o riesgo jurídico; el trabajador, como obligación impuesta cuyo impacto real no siempre percibe.

Ahí reside la fractura. La prevención debería ser un área de interés compartido. La empresa necesita trabajadores sanos, motivados y comprometidos para ser sostenible. El trabajador necesita un entorno seguro que le permita desarrollarse con estabilidad y dignidad. No son intereses contrapuestos, sino convergentes.

Sin embargo, el debate público suele construirse como si se tratara de un pulso entre partes. Gobierno y sindicatos impulsan reformas con la legítima voluntad de reforzar la protección, pero en ocasiones sin integrar plenamente a las empresas como parte esencial de ese interés compartido. Cuando la prevención se plantea como una exigencia impuesta unilateralmente y no como un proyecto común, se debilita su eficacia real. La norma puede obligar, pero solo la convicción compartida transforma.

La nueva reforma pone el foco en los riesgos psicosociales, la perspectiva de género y la desconexión digital. Son avances necesarios. Pero ninguna modificación legislativa será suficiente si no reconstruimos la base cultural que la sustenta: la corresponsabilidad.

La prevención no puede seguir siendo un expediente ni un coste asumido a regañadientes. Debe integrarse en la estrategia empresarial como inversión en estabilidad, productividad y reputación. Proteger la vida y la salud no es un trámite administrativo; es la condición básica para que el trabajo sea verdaderamente humano.

Treinta años después, tal vez la reforma más urgente no sea solo jurídica, sino cultural. Solo cuando empresarios, trabajadores, Gobierno y representantes sindicales vuelvan a reconocerse como aliados en la protección de la salud laboral, la prevención dejará de estar fraccionada y recuperará su sentido original: cuidar a las personas para fortalecer la empresa y la sociedad.

El autor es director gerente de Tesicnor