El agua es el elemento natural más importante en el mantenimiento de todas las formas de la vida que hay en el planeta Tierra. Oímos con mucha frecuencia que “sin agua no hay vida”, y es así. Su carácter vital y trasversal hace que el agua participe en todos los sistemas productivos existentes en el mundo: la industria, la agricultura, la producción de energía, el transporte fluvial, los usos recreativos y lúdicos... Además de ser la savia de la naturaleza, que alimenta y mantiene los ecosistemas que hay en la Tierra.
Los ríos, además de proporcionar agua, son “alma del paisaje”, puntos de referencia en la memoria de las personas. Están ligados a las historias de los pueblos ribereños, sus tradiciones, su cosmovisión y su identidad cultural, siendo un patrimonio inmaterial que conecta a las personas entre sí.
La escasez de agua constituye uno de los principales problemas del siglo XXI. El 22 de marzo se celebra una vez más el Día Mundial del Agua, que fue establecido en 1993 por la ONU para concienciar sobre la crisis mundial hídrica y defender la gestión sostenible del agua potable. Actualmente, cerca de 1.200 millones de personas, aproximadamente una quinta parte de la población mundial, residen en áreas con escasez física de agua. Esta cifra se agrava con un 25% de la población mundial sin acceso a agua potable, enfrentando graves riesgos de salud.
Según datos de Naciones Unidas, en el mundo hay suficiente agua potable para abastecer a los más de 8.200 millones de personas que lo habitan. Sin embargo, las reservas están distribuidas de forma irregular y a menudo el agua se desperdicia, está contaminada o se gestiona de forma poco sostenible.
Su escasez creciente y la mala gestión la han convertido en un activo geopolítico estratégico y, en escenarios de conflicto, en un arma de guerra para someter a poblaciones. Según datos de la Cronología del conflicto por el agua, elaborada por el Pacific Institute, durante el último cuarto de siglo, cerca de 1.200 conflictos a escala global han estado relacionados con asuntos de agua; y solo desde 2020 se han identificado 543 conflictos en esta materia.
Pero el agua también puede utilizarse como arma de guerra en conflictos armados para controlar territorios, poblaciones o presionar al adversario; o en víctima, siendo blanco de ataques o sufriendo daños en infraestructuras cruciales como sistemas de abastecimiento de agua, lo cual no solo amenaza la salud, sino que infringe el derecho internacional humanitario.
Ejemplos concretos en los últimos años tenemos a Gaza, con la mayor parte de la infraestructura de abastecimiento y saneamiento que ha sido dañada o destruida durante la campaña militar genocida de Israel. El pasado julio, un grupo de expertos de la ONU advirtió de que la restricción deliberada del agua potable por parte de Israel constituye una grave violación del derecho internacional y podría equivaler a un crimen contra la humanidad.
La guerra que desde el 28 de febrero enfrenta a Estados Unidos, Israel e Irán ha abierto un nuevo frente estratégico en Oriente Medio: el agua. Tras décadas en las que el petróleo, los puertos o los aeropuertos constituían los objetivos prioritarios, las plantas desalinizadoras –la infraestructura que garantiza el suministro de agua potable a millones de personas en la península Arábiga, uno de los epicentros mundiales del estrés hídrico– han comenzado a aparecer en la lista de blancos militares. Por ahora, este tipo de agresiones han sido muy limitadas. Sin embargo, expertos advierten que podrían tener consecuencias devastadoras si se multiplican.
En el Golfo Pérsico, las desalinizadoras no son una infraestructura más: son el sistema que permite que existan ciudades en pleno desierto. Oriente Medio concentra más del 40% de la capacidad mundial de desalación y hasta 5.000 plantas suministran agua potable a una población diversa, formada por locales y expatriados.
La región se las había arreglado históricamente con sus limitados recursos hídricos subterráneos. Pero a partir de la década de los 50, y a medida que crecía la industria petrolera, la demanda pronto superó a la oferta. Con los acuíferos deteriorados, para satisfacer las necesidades hídricas de los países en rápido desarrollo de la región hubo que recurrir a la desalinización, es decir, transformar el agua de mar en potable.
Según datos recopilados por The Guardian, el 70% del agua potable de Arabia Saudí procede de plantas desalinizadoras, según los últimos datos. Este porcentaje asciende al 86% en el caso de Omán; al 42% en Emiratos Árabes Unidos; y al 90% en Kuwait. Incluso Israel, que tiene acceso al río Jordán, depende de cinco grandes plantas desalinizadoras en la costa para la mitad de su agua potable.
Aunque no depende tanto de la desalinización, Irán también tiene sus problemas con el agua. Lleva años luchando contra una sequía que, según coinciden los expertos, se ha visto considerablemente agravada por la crisis climática.
Si las cosas continúan así, la guerra podría entrar en una fase aún más peligrosa. En una región donde la población depende de plantas industriales para poder beber, atacar una desalinizadora no significa solo destruir una infraestructura, sino golpear el recurso más básico para la supervivencia de millones de personas.
El derecho internacional humanitario, incluidas disposiciones de los Convenios de Ginebra, prohíbe expresamente atacar infraestructuras civiles indispensables para la supervivencia de la población, entre ellas las instalaciones de agua potable. Esta región no puede soportar este tipo de ataques a sus instalaciones, ya que en conflictos bélicos como el actual, pueden convertirse en uno de los objetivos más sensibles.
El autor es presidente de Fundación Clima y Premio Nacional de Medio Ambiente
