La filósofa Hannah Arendt afirmaba en su libro La condición humana que “la pluralidad es la ley de la tierra”. Una idea que era desarrollada como celebración, no como lamento. El pluralismo es, pues, un valor positivo porque nos enriquece y nos exige tener una mirada empática y respetuosa hacia los elementos que identifican a los otros. En una realidad plural no se trata únicamente de ponernos en el lugar del otro, sino principalmente de hacerle un hueco. Tenemos la suerte de vivir en una tierra con dos idiomas propios. Ello no nos hace más especiales ni mejores, pero nos convierte, tanto a euskaldunes como a quienes no lo son, en responsables de una tarea generacional: la de vitalizar una lengua minoritaria para que no desaparezca.
La Ley Foral del Vascuence de 1986 hace tiempo que se quedó obsoleta. Por eso ha habido que actualizarla varias veces y por eso multitud de ayuntamientos, en los últimos años y a petición de sus plenos, han cambiado de zona lingüística. Se trata, así, de activar un nuevo pacto lingüístico acorde con la actual realidad lingüística de Navarra. En este sentido, se ha reavivado el debate en torno a esta cuestión a raíz de la ponencia para renovar y actualizar el Amejoramiento. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha sugerido acertadamente que el Amejoramiento debería reforzar la idea de que el euskera es una lengua propia, reconociéndolo también en el artículo 9.
Hay que tener en cuenta que se puede reconocer la oficialidad del euskera en toda Navarra sin que ello signifique que todas las administraciones tengan las mismas obligaciones. Ello debe quedar para una regulación posterior que no solo tenga en cuenta la zona lingüística sino también el tamaño de la administración.
El euskera y el castellano están presentes en nuestro paisaje lingüístico. Ambas lenguas forman parte de nuestras señas de identidad, aunque su uso y su implantación sean desiguales. A pesar de ello, en ocasiones, desde diversas posiciones, se ha despreciado esta realidad, tratando a una de las lenguas –a veces al castellano, a veces al euskera– como algo ajeno. Ello ha provocado, por ejemplo, una excesiva judicialización de la vida social y administrativa de ambas lenguas. Desde la aprobación de la Ley Foral del Vascuence en 1986, son muchos los recursos y las sentencias que han dirimido desacuerdos sobre la política lingüística desarrollada por las administraciones públicas.
Es hora de crear otro clima en torno a las lenguas para abordar un acuerdo transversal, duradero y estable que dote a las administraciones y a la ciudadanía de herramientas normativas claras, proporcionales y capaces de adaptarse a nuestra realidad sociolingüística, sin menospreciar ninguna de las dos lenguas propias de Navarra. De ahí la oportunidad del debate que se plantea. En este sentido, conviene no perder de vista que, al hablar de realidad sociolingüística, hay que referirse a la necesidad de que las administraciones públicas navarras sean el reflejo fiel de la comunidad humana a la que han de dar servicio.
Por ello, arrinconar las opciones más intransigentes debe ser también un objetivo de estos esfuerzos de consenso. Romper el binomio lengua-ideología que tanto ha lastrado al euskera debería ser una victoria de nuestro tiempo. En Euskadi, por ejemplo, son varias las limpiadoras, barrenderos y otras personas que han encadenado contratos precarios quienes han sido tildados de euskarafobos por defender jurídicamente sus derechos laborales frente a los excesos en la valoración del euskera, ya sea como mérito o como requisito, en determinados puestos de trabajo. Y eso es precisamente lo que debemos evitar si queremos que el desarrollo del euskera no choque contra una mayoría de la sociedad navarra que no lo habla.
Cuando existen dos lenguas propias, uno de los principales temas de debate y polémica suele ser el acceso al empleo público. En este sentido, se puede y se debe estandarizar un sistema acreditado de cuantificación que sirva de base para perfilar los puestos necesarios para atender las preferencias lingüísticas de cada persona, basado en el uso real y si se quiere aplicando elementos correctores al alza. Asegurar itinerarios bilingües para la atención a la ciudadanía debería ser un elemento central. Sobre esa base, los perfiles asignados a los puestos de trabajo de las administraciones deben responder a sus funciones comunicativas. Es decir, garantizar que la Administración atienda en euskera a toda persona que lo desee no implica que todo el personal público deba ser vascoparlante.
El Parlamento o el Gobierno de Navarra pueden encargar un estudio de carácter técnico que valore la mejor fórmula para tener en cuenta el euskera en la señalización, en los medios de comunicación, en la relación entre la Administración pública y la ciudadanía o en el acceso al empleo público, con el fin de salir del laberinto lingüístico que nos atenaza desde hace demasiado tiempo. En Navarra, con dos idiomas propios, merece la pena ser creativos y salir del clásico enfrentamiento cuando abordamos este tema, que exige más puentes y menos muros.
El autor es escritor
