Pamplona - La asociación de consumidores Kontuz presentó ayer ante el juzgado de guardia una denuncia penal por un presunto delito de prevaricación contra los principales responsables del Gobierno de Navarra y de Osasuna en los años en los que se generó la mayor parte de la deuda con Hacienda. La acusación va dirigida expresamente contra el expresidente del Ejecutivo entre 1996 y 2007, Miguel Sanz; el exconsejero de Economía (2007-2012), Álvaro Miranda; y contra el exdirector gerente de la Hacienda Foral (2003-2011), José Ignacio Pérez de Albéniz, como miembros del Gobierno; y contra el expresidente de Osasuna (2002-2012), Patxi Izco; y el exgerente (1991-2015) Ángel Vizcay, como responsables del club.

Según explicó ayer el portavoz del colectivo, Patxi Zamora, existen “sobrados indicios” de una posible complicidad por parte de estas personas en el “lamentable escándalo” en el que está envuelto Osasuna, y que considera, va más allá de la compra de partidos. Fundamentalmente “la presunta connivencia del Gobierno foral con la deuda impagada por parte del club”.

Kontuz, que también es parte denunciante en la causa de Caja Navarra, justifica sus sospechas en dos fundamentos principales. Por un lado, la carta de dimisión de la exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves, que en su renuncia al cargo en enero de 2014 citó, entre otros motivos, “la deuda de Osasuna”. “Cabe suponer que a la vista de los hechos ahora conocidos (....) lo que sostenía en su carta era disconformidad con un trato de manifiesto e ilegal abandono de un servicio público esencial, cual es el de la inspección tributaria”, señala, Kontuz.

El segundo pilar de la denuncia son las informaciones conocidas las últimas semanas. Entre ellas la declaración de Ángel Vizcay, ante la Liga de Fútbol Profesional primero y el juzgado después, en las que afirmaba que en 2008 durante una inspección informó a un inspector de que una importante cantidad de dinero en metálico se iba a destinar al amaño de partidos. Kontuz cita también la declaración de Izco ante el juez, avanzada por este periódico el pasado 10 de marzo, en la que el expresidente de Osasuna afirma que aquella inspección se cerró con un acta sin incidencias después de hablar “con un consejero”. “Hacienda miró para otro lado”, llegó a señalar Izco ante el juez del caso Osasuna, Fermín Otamendi.

En las publicaciones incorporadas a la denuncia también se incluye la intervención de Vizcay ante la asamblea general de Osasuna en septiembre de 2013, según la cual el club priorizaba el pago de fichas a los jugadores a los impuestos, y que Hacienda tenía conocimiento de ello. “De confirmarse los hechos, tras la practica de las oportunas diligencias de prueba, podríamos estar en presencia de la comisión de diversos y graves delitos por parte de diversas autoridades y funcionarios del tanto del Gobierno de Navarra como de la Hacienda Foral”, relata la denuncia.

diligencias Kontuz recuerda además que el Reglamento de Recaudación, con rango de ley foral, recoge que los aplazamientos de deudas superiores a 200.000 euros deben ser autorizados por el consejero de Economía, y que cuando estos alcanzan los 1,5 millones, debe contar con un acuerdo de Gobierno. Documentación que ahora pide al juzgado que reclame al Ejecutivo autonómico, a quien requiere además la carta de dimisión de Nieves, el documento firmado con Izco en el que se autorizaba en 2008 la salida de dinero denunciada por Vizcay, y el expediente completo realizado por la Hacienda Foral sobre la inspección anterior. Junto a todo ello, Kontuz también pide que se tome declaración a los cinco denunciados, así como a la exdirectora de Hacienda y al actual responsable del organismo autónomo, Raúl Goñi.

Lo más probable ahora es que el juzgado de guardia se inhiba en favor del juzgado de instrucción número 2, que instruye el caso Osasuna. El juez Otamendi deberá decidir entonces si añade la denuncia a la investigación ya abierta, si abre una nueva pieza separa de la del amaño de partidos, o si no ve causa y desestima las acusaciones.