Giro en el ‘caso Osasuna’: el auditor, imputado por los papeles de Flefield

pamplona - La pieza principal del caso Osasuna dio ayer un volantazo inesperado. El instructor de la causa ha citado a declarar como investigado el 26 de enero al que fuera auditor del club, Adolfo Suárez Lopetegui, por la falsedad de las facturas y el contrato de Flefield que justificaron la salida de 1,4 millones de euros del club hacia la sociedad portuguesa. Suárez, que hasta el momento solo había declarado en el procedimiento principal como testigo y que sí acudió al juzgado como investigado en la pieza B, en la que se investigan las extracciones de dinero de la época de Izco.

Sin embargo, con la imputación actual de Suárez, que ya había sido solicitada por los miembros de la gestora porque para aprobar las cuentas del club les hizo firmar una carta de manifestaciones en la que avalaban, entre otros, los pagos a Flefield, la situación procesal del auditor cambia de escenario pues hasta ahora la responsabilidad en la falsedad de esos papeles parecía atribuirse a aquella junta directiva provisional que lideró Zabaleta. El juez entiende que el auditor pudo tener una participación penalmente relevante en el ocultamiento de salidas ilícitas de dinero y en los diversos delitos cometidos para justificar dichas salidas.

¿se pagó a castelino por raitala? El cambio de criterio del magistrado respecto a Suárez obedece, según su auto, a varias cuestiones que han aflorado en las diligencias y que el juez entiende que realzan las sospechas sobre el exauditor del club. Así, Otamendi recuerda que de las investigaciones de la pieza B se han constatado hechos cuando menos sospechosos en la actuación de Suárez entre 2004 y 2015. Así, según el juez, “se ha comprobado que en agosto de 2011, recién iniciado el último mandato de Izco, Osasuna realizó una transferencia a una cuesta de la sociedad holandesa Castelino por 350.000 euros y ese mismo día, desde la misma cuenta, se efectuó una transferencia de 325.500 euros a una cuenta de la auditoría de Suárez”. Otamendi dice que las explicaciones del auditor a este pago “arrojan dudas” sobre la legalidad del traspaso, no solo por que coincida en fechas, sino también por las declaraciones de otras personas en la investigación a este respecto, que no confirman la versión de Suárez. El auditor decía que era una casualidad que Castelino le hubiera pagado ese mismo día y que la razón de los 325.000 euros eran por su intermediación para que la empresa Fertiberia (cuyo presidente, Francisco Javier de la Riva, ha sido citado también el día 26 como testigo) comprara una planta de amoníaco en Argelia y que Osasuna había pagado ese dinero a Castelino por la contratación del lateral zurdo finlandés, Jukka Raitala.

izco lo negó A pesar de estas justificaciones, el presidente Izco “negó conocer absolutamente nada de ese pago” a Castelino, “lo que carece de sentido si tuviere realmente una causa lícita”, añade el juez, y el propio representante del futbolista afirmó “no conocer en absoluto dicha operación”. De igual forma, empleados de Osasuna calificaron de “extraño” dicho pago y en las oficinas no se encontró documentación alguna sobre el mismo (el contrato por Raitala lo aportó de hecho el propio auditor y adolece de falta de precisión en elementos esenciales relativos al pago o al propio contenido de los servicios que debía prestar Castelino).

Finalmente, en la investigación en la Audiencia Nacional que se sigue contra el auditor por el cobro de comisiones en la trama de los populares Arístregui y De la Serna por sus operaciones en el extranjero, ha declarado el representante de Castelino, Henry Leijdesdorff. En dichas diligencias dice que las explicaciones de este son, “como mínimo, sorprendentes y escasamente verosímiles, pues en definitiva atribuye al hijo del auditor, Israel, una participación o intervención en las gestiones necesarias para que Raitala fuera cedido a Osasuna, hecho negado incluso por Israel cuando declaró ante el juez instructor”.

INCUMPLIMIENTO GRAVE Además, otra cuestión que ha dado una deriva al caso es el hecho de que durante los mandatos de Izco y Archanco el auditor ha sido sancionado como autor de dos infracciones graves por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) como consecuencia de las actuaciones en su condición de auditor de Osasuna en los ejercicios 2012-13 y 2013-14. La causa de dichas sanciones administrativas es, resumidamente, “el incumplimiento grave por parte del auditor de sus obligaciones profesionales respecto de los hechos investigados, concretamente el presunto pago de 900.000 euros a los agentes inmobiliarios de Terrassa y otro de 1,5 millones a Flefield en 2014, que se hicieron para ocultar la salida de cantidades del club”.