La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ya ha comunicado las fechas de la vista oral de la llamada pieza B del caso Osasuna, en la que se investiga la presunta apropiación indebida del expresidente Izco de 1.480.262,84 euros de fondos del club. El juicio se desarrollará en dicho tribunal a mediados de septiembre y se prolongará durante casi dos semanas.

La Fiscalía reclama 14 años de prisión para Izco (seis años por un delito de apropiación indebida continuada y dos años por cada delito de falsedad documental). El Ministerio Público, sin embargo, no acusa al exgerente Ángel Vizcay y tampoco acusa al exauditor Adolfo Suárez de la transferencia de 350.000 euros ordenada por Izco con destino a la empresa Castelino, una sociedad pantalla holandesa cuyo representante era Suárez y que el juez instructor entendía que era una manera que tenía Izco de gratificar a Suárez por su conocimiento de las irregularidades y que las mismas no tuvieran constancia en las auditorías que realizaba, carentes de la información real para los socios. Por ello, Osasuna sí acusa a Vizcay, al que reclama seis meses de cárcel por administración desleal, y a Suárez, al que exige dos años de cárcel por cooperar en la administración, y que por tanto serán igualmente juzgados con el expresidente.

El juez instructor consideró que entre 2002 y 2012, Izco "dispuso o autorizó" que se habilitaran 500.000 euros extraídos en metálico de las cuentas del club sin que se hubieran hallado "evidencias del destino dado" a esa cantidad. Exponía que existen indicios de que parte fue recibido por el investigado, que firmó los correspondientes recibos "en su propio beneficio o en el de terceras personas no identificadas", así como de que otra parte fue usada "para gastos propios no relacionados con su actividad" de presidente de Osasuna. Según relataba, otra parte fue usada por el imputado, en España y en el extranjero, para gastos propios en hoteles, tiendas de ropa de hombre, mujer y niño, tiendas de lencería, vinotecas y otros establecimientos de alimentación, perfumerías, restaurantes, un crucero por el Caribe e, incluso, en una ITV, gastos no relacionados con su actividad como cabeza visible de Osasuna y para los cuales no contaba con autorización. Añadía que dicho dinero fue incorporado a su patrimonio a modo de sueldo mensual, cuando ningún precepto estatuario le autorizaba.

Los asuntos judiciales que afectan a directivas anteriores de Osasuna proseguirán en marzo con el delito fiscal pendiente de 2013 (en el que Ganuza y Purroy decidieron no pactar condena) y el Supremo está pendiente de resolver los recursos sobre el caso de los amaños que vociferó Vizcay, que reunió condenas muy importantes en la Audiencia y supuso la primera condena por corrupción deportiva, que afectó también a dos jugadores del Betis.