La Fiscalía solicitó en un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona que a los 61 miembros de Indar Gorri detenidos por la Policía Nacional se les prohibiera el acceso a estadios deportivos, entre ellos obviamente El Sadar, por el riesgo de reiteración delictiva del grupo y "para evitar una escalada en la espiral de violencia entre seguidores radicales violentos de equipos de fútbol" y para preservar el orden público y la vida e integridad de aquellos ciudadanos ajenos a los hechos que pudieran resultar lesionados por ese comportamiento de estos grupos. La Liga de Fútbol Profesional se adhirió este viernes a la solicitud del Ministerio Público. Sin embargo, el juez de Pamplona denegó dichas peticiones y no adoptó medida cautelar alguna contra los arrestados, a los que dejó en libertad provisional, a la espera de que el juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla siga con la investigación de los hechos.

La medida solicitada buscaba que se prohibiera a los investigados acercarse a menos de 1.000 metros a estadios de fútbol donde se disputen partidos de fútbol, oficial o amistoso, de Primera y Segunda División, de Primera y Segunda RFEF, de la Copa del Rey, de la Liga de Campeones y de la Europa League. En concreto, quería que no accedieran a los recintos ni durante el transcurso de los mismos y durante las cuatro horas previas y posteriores a la celebración de los partidos. Así, consideraba que dicha medida debía tener vigencia durante la temporada 2023-24, sin perjuicio de la prórroga que pueda acordarse.

El escrito de la Fiscalía relataba que "sobre las 10.00 horas se produjo un enfrentamiento violento entre seguidores ultras de ambos equipos en la calle José Monzón de Sevilla". El Ministerio Fiscal afirmaba que "analizados los hechos se trataría de una actuación conjunta y coordinada de los detenidos que forman parte de un numeroso grupo, con una vestimenta similar de color oscuro y provista de capucha, y con una finalidad unitaria en la comisión y perpretación delictiva del enfrentamiento violento producido".

Añadía que los 61 investigados se encontraban entre los participantes en la riña, con el único hecho probado que fueron identificados in situ por la Unidad de Intervención Policial, y por los vídeos aportados tanto por ciudadanos como por policías en labores de vigilancia. Los policías que comparecieron en este atestado afirman que "presenciaron la reyerta en la que se agredieron violentamente entre ellos con barras de hierro, palos de madera, arrojándose piedras, botellas de cristal y artefactos pirotécnicos". Acto seguido, dice, un grupo de ultras del Betis salió huyendo y los de Osasuna permanecieron en el lugar y "portaban palos de madera y barras de metal; instrumentos que fueron posteriormente incautados al ser arrojados al suelo por ambos grupos":

De esta forma, según la Fiscalía, "se acredita que se trató de riña tumultuaria y no de una agresión aislada de un grupo a otro; en la que ambos grupos portaban instrumentos peligrosos que ambos utilizaron y que además fueron arrojadas con el consiguiente peligro generado para el orden público". Sin embargo, el juez instructor de Pamplona es contrario a esta teoría y dice que no consta que a los miembros de Indar Gorri se les intervinieran armas semejantes y que, por el contrario, solo se les ocuparon a seguidores del Betis. Además, no cree que ambos grupos hubieran quedado para tener una reyerta, sino que simplemente se encontraron en el camino.

Por último, a la hora de justificar la medida solicitada, la Fiscalía recordaba que "no hay constancia de que se haya vuelto a producir ningún episodio de similar trascendencia penal, si bien, no debe obviarse que tampoco se ha producido ningún nuevo encuentro entre ambos equipos; si bien, atendiendo a la forma en que se produjeron los hechos, la gravedad de los mismos, los instrumentos y efectos peligrosos que ambos grupos llevaban; existe un riesgo evidente y una alta probabilidad de que, de no adoptar la resolución judicial solicitada, los detenidos reiteren su conducta", decía la Fiscalía.

Para apoyar este argumento, el Ministerio Púbico afirmaba que tras la consulta realizada a la Oficina Nacional de Deportes, "a más de la mitad de los detenidos y filiados le constan antecedentes en materia de sanciones relacionadas con la normativa deportiva".