UPN pide nuevos informes sobre la grúa, pero sin promover medidas correctoras

Pamplona - El área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona no ha tomado medida preventiva alguna tras recibir, hace casi mes y medio, el informe de agentes adscritos al área de Tráfico de la Policía Municipal en el que se señala que “buena parte” de las retiradas de vehículos realizadas por la grúa municipal no se ajustan a la ley.

Pese a que ese porcentaje, según las consultas realizadas, podría alcanzar el 50% de los portes, pese a que el estudio está realizado por un agente adscrito a la Policía Municipal y pese a que expertos en derecho administrativo advertían ya ayer que posibles reclamaciones podrían generar “un gran problema” al Ayuntamiento, sorprende que la respuesta práctica de los responsables de Seguridad Ciudadana sea no hacer nada. La razón esgrimida no es otra que la “necesidad” de contrastar el contenido del informe con otros trabajos y la “casi certeza” de que los cálculos realizados en el primer trabajo “no son exactos”.

Así al menos lo aseguraba el Comisario Principal de la Policía Municipal que, en sustitución de Alfonso Fernández Torres, ejercía ayer las funciones de jefatura (no quiso dar su identidad). Citando decisiones políticas de la concejalía que preside Gabriel Viedma, el mando policial explicaba que, “al menos”, se han solicitado dos informes complementarios, uno al servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), para que “certifique” las supuestas limitaciones para la carga en la flota de nueve grúas con las que cuenta Dornier (empresa subcontratada por el Ayuntamiento), y otro a los servicios técnicos de Tráfico para que “garanticen” que las conclusiones del primer informe “son las correctas”.

las dudas Hay que recordar que ese trabajo, tras desarrollar hasta cinco análisis prácticos diferentes con otras tantas marcas y modelos de vehículos, sentenciaba que “contamos con un servicio de grúa municipal que no nos va a servir para retirar una buena parte de los vehículos para los que está contratada”.

El informe analizaba las características de las 9 grúas con que cuenta Dornier y aseguraba que “tenemos un margen de peso de entre 690 y 740 kilos para cargar un vehículo”, circunstancia que permite afirmar a quien lo firma que “todas las furgonetas, todoterrenos, monovolumen, la mayoría de berlinas de tres volúmenes o familiares y vehículos de alta gama, son excluidos de ser transportados por nuestro servicio de grúa ya que sobrepasan el MMA (peso total del conjunto grúa-carga) para el cual ha sido concebido y reflejado en la Tarjeta de Características Técnicas”. Por ello, el trabajo sentencia que “es necesario adecuar la unidad y los medios a las condiciones requeridas por el servicio diario”.

Pese a la contundencia de este dictamen, desde el área de Seguridad Ciudadana aseguraban tener “informes verbales que esperamos confirmar” que apuntarían a que los cálculos sobre los que se sustenta ese primer dictamen “no son correctos”. La cuestión, según simplificó el Comisario Principal, es que los técnicos que sostienen esa tesis aseguran que el peso que carga la pala de las grúas es “muy inferior” al que se recoge en el informe de los agentes de Tráfico ya que “dado el ángulo” de elevación, la carga principal del vehículo retirado se situaría en el eje trasero del mismo “y no en la pala”.

Dado que el primer informe fue entregado hace casi mes y medio, este periódico preguntó sobre el plazo en el que se espera recibir los otros dictámenes ya solicitados, cuestión para la que no hubo una respuesta concreta: “Esperamos que sea lo más rápido posible”, dijo el comisario principal. Eso sí, los gestores del área no contemplan que el informe afecte al Ayuntamiento sino, en cualquier caso, a si Dornier debe renovar su flota de grúas.

Multas de 301 a 4.600 euros

Destacado. El gran problema si se confirma el contenido del informe que ha sacado a la luz DIARIO DE NOTICIAS sería de índole económico y con una doble perspectiva: por una parte las miles de potenciales reclamaciones para la devolución del importe del rescate de los vehículos (recuperar el coche cuesta 100 euros y las reclamaciones podrían llegar desde 4 años atrás) y, por otra parte, posibles sanciones legales que se podrían exigir por una infracción de la Ley de Ordenación del transporte Terrestre. En teoría, el primer tipo de reclamaciones recaerían en el Ayuntamiento por concepto de “cobro indebido” y por ser los agentes quienes ordenan la retirada de los vehículos; en cuanto a las sanciones, éstas hipotéticamente recaerían en Dornier, como propietaria de las grúas. El importe de cargar mayor peso del permitido (artículos 140 a 142 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, varía entre los 301 y los 4.600 euros.

Protegidos por el contrato. Desde Seguridad Ciudadana se aseguraba ayer que el pliego de condiciones para la concesión de la contrata del servicio de grúa “es claro” a la hora de determinar que quien es responsable de garantizar que los utilitarios se retiran de la vía pública con los vehículos adecuados es la titular de la subcontrata, en este caso la empresa Dornier (desde 1995).

Debate limitado. Según la postura oficial, lo único que está en cuestión es si la concesionaria del servicio debe o no renovar la flota de grúas.

Los agentes debían controlarlo. Pese a que el pliego de condiciones para la contrata del servicio de grúa estipularía la responsabilidad de la empresa, los encargados de controlar que se cumple la ley no serían los trabajadores de Dornier, sino los agentes que ordenan retirar los vehículos.

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Grúas. Dornier cuenta en la actualidad con una flota de 9 grúas de tres modelos diferentes (3 Nissan Cabstar, 1 Nabara y 5 Patrol) matriculadas entre 1995 y 2003.