El Gobierno de Navarra está a la espera de recibir una comunicación oficial por parte de Acciona sobre la decisión de romper relaciones contractuales con Servinabar 2000 S.L., empresa con la que comparte la ejecución del proyecto de duplicación de los túneles de Belate mediante una UTE (Unión Temporal de Empresas). Acciona anunció el lunes la ruptura tras verse involucrada en la investigación judicial del caso Koldo-Ábalos-Cerdán, en el que se investigan posibles amaños de contratos públicos y el cobro de comisiones ilegales.
Desde el Ejecutivo foral explicaron ayer que el Departamento de Cohesión Territorial “no ha recibido comunicación oficial” sobre el cese de la relación entre Acciona y Servinabar. En cualquier caso, el Departamento señaló que, “una vez nos llegue la notificación, de acuerdo con la normativa y las condiciones del contrato de adjudicación vigente, se valorarán los trámites a desarrollar”.
Desde el Gobierno insistieron en que si bien estos casos de modificación en la participación dentro de una UTE “no son habituales”, tampoco resultan “excepcionales”, por lo que se actuará conforme a lo establecido en la legislación de contratación pública y las condiciones específicas del contrato adjudicado para las obras en Belate.
Acciona mueve ficha
La decisión de Acciona fue anunciada este lunes, cuando la compañía comunicó en una nota que había iniciado los trámites para resolver todos los contratos y acuerdos de asociación que mantiene con Servinabar 2000 S.L., así como con sus filiales. El motivo, según explicó la empresa, es el “incumplimiento por parte de Servinabar 2000 de los compromisos contractuales adquiridos con Acciona Construcción”, especialmente en lo que se refiere al “respeto y sujeción a los estándares más exigentes de cumplimiento normativo, transparencia y debida diligencia”.
Acciona justificó su decisión en las informaciones que vinculan a un exempleado suyo con presuntas irregularidades en procesos de licitación pública, y en el impacto que ello podría tener sobre su reputación y políticas internas de cumplimiento. Servinabar, por su parte, está siendo investigada en la causa instruida por el Tribunal Supremo, en la que se analiza un posible entramado de adjudicaciones irregulares en el que estaría implicado el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El informe de la UCO, sin embargo, no menciona a Belate, algo fiscalizado en su día por la Cámara de Comptos.
Servinabar bajo el foco
Creada en 2015 por el empresario guipuzcoano Antxón Alonso, Servinabar fue señalada por la Guardia Civil en su informe sobre la presunta trama de corrupción, y su sede en Pamplona fue registrada en busca de documentación relacionada con los hechos investigados. En la UTE constituida para ejecutar la obra de duplicación de los túneles de Belate, una infraestructura clave para la seguridad vial en Navarra, Servinabar participa con un 15% del capital, mientras que Acciona y Osés Construcciones asumen la mayor carga. Este contrato, que actualmente se encuentra en fase de ejecución, es el único vigente entre las dos empresas relacionadas con el caso.
La ruptura de una empresa con otra dentro de una UTE puede tener diferentes consecuencias legales y administrativas, dependiendo de las cláusulas pactadas y del momento en que se produzca. En términos generales, si una de las empresas abandona la unión durante la ejecución del contrato, debe notificarse a la administración contratante (es el paso que está esperando el Gobierno), que evaluará si dicha modificación afecta a la solvencia técnica o económica del grupo adjudicatario.
No obstante, cuando la empresa que se desvincula tiene un papel minoritario en la UTE —como es el caso de Servinabar con su 15%—, la administración puede aceptar la continuidad de las obras sin mayores incidencias, siempre que las empresas restantes asuman la totalidad del proyecto y acrediten su capacidad para hacerlo.
