actos “injustos, inmorales, inmisericordes, inhumanos, anticristianos, nauseabundos e insensatos”. Así de contundente se despacha Carlos Armendáriz, responsable de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, a raíz del último anuncio de desahucio a una familia (abuela, hija y nieta) de la casa parroquial de Yesa en la que viven desde hace cuatro años. Un juicio tras la demanda presentada por el Arzobispado -que defiende que la vivienda no cuenta con cédula de habitabilidad y “la responsabilidad última es del Arzobispado si ocurre algo”-, pospuesto hasta el próximo mes de septiembre.

Carlos Armendáriz echa la vista atrás y recuerda tres casos que responden a características similares: una casa parroquial inmatriculada por la Iglesia y habitada por inquilinos a los que se les invita a buscar otro techo, con “consecuencias muy parecidas y todas terribles”, y sobre los que el Arzobispado, consultado por este periódico (con escaso margen de tiempo para responder, todo hay que decirlo), ha preferido no pronunciarse. “Para empezar, afirmamos rotundamente que todas las inmatriculaciones de las casas parroquiales han sido en contra de la Ley. Las iglesias ni han hecho las casas ni las han comprado nunca. Ahora ni siquiera las habitan porque no hay curas, pero aún siguen teniéndolas y siguen expulsando a la gente”, dice Armendáriz para “situar el robo en su justa medida”.

arraiz, año 2010

María Luisa Etxeberria

“Trabajo pastoral”

María Luisa Etxeberria comenzó a vivir con 30 años en la casa parroquial de Arraiz como sirvienta de su tío sacerdote. “No tenía paga. No tenía sueldo. Vivía de la huerta y de lo que le daba el cura para comprar. Nunca ha tenido ningún dinero”, resalta Armendáriz.

Tiempo después, cuando su tío falleció, ella “empezó a pagar algún dinerico en concepto de alquiler... no sé de dónde lo sacaría, porque no tenía más beneficio que servir a su tío. Y de repente le dijeron, ‘oye, necesitamos esta casa porque vamos a hacer unos trabajos pastorales’. El obispo la expulsó en 2010 después de 30 años viviendo en la casa parroquial”, censura el responsable de la plataforma.

María Luisa llevó el caso a los Tribunales “animada por el pueblo y por mucha gente que la quería. Pero la justicia le dio la razón al Arzobispado. Menos mal que tenía una hermana que le hizo sitio en su casa, si no se hubiera quedado en la calle”, lamenta Armendáriz, que censura además que “esa casa ahora está vacía. No la han usado. Parece un cuento de algún país sin leyes ni orden ni cabeza. Pero no; esto pasa aquí. El desmadre no puede ser tan mayúsculo, tan horroroso y tan mezquino como esto”, observa.

mugiro, año 2009

Mª Carmen, hija y nieto

2 décadas de hogar

El 13 de septiembre de 2007 María Carmen Castañeda, su hija María Carmona y su nieto Ekaitz se toparon con un burofax del Arzobispado en el que de forma “perentoria e inexcusable”, se instaba a la familia a abandonar la casa parroquial de Mugiro para ponerla a disposición de la diócesis. Habían habitado el lugar desde hacía 20 años tras una cesión en precario realizada en marzo de 1984. El acuerdo con el párroco establecía por aquel entonces que, a cambio de los gastos de las obras de conservación de la casa, la familia no pagaba ningún tipo de alquiler, haciéndose cargo exclusivamente del resto de gastos, contribución urbana incluida. Un contrato para 20 años que ambas partes podrían prorrogar.

Antes de que expirase en acuerdo, la familia intentó sin éxito alquilar o comprar el inmueble. “No nos han dado ninguna opción de alquiler o de compra”, expresaba a este medio una angustiada María Carmen en mayo de 2009: “Con mi pensión de 600 euros no puedo acceder a una VPO”. “Y ahora la casa vacía. Han arreglado el tejado, la han pintado y está en venta”, dice Armendáriz.

lizoáin, año 2017

Felicia Itoiz Zabalza

“El acabose”

Para el responsable de la Plataforma, la historia de Felicia Itoiz y la casa parroquial de Lizoáin “es el acabose”. La iglesia ardió en los años 30, así que el pueblo habilitó un lugar en la bodega para que el cura pudiera decir misa. “En una parte de esa bodega había una pequeña casita”, que la iglesia puso a su nombre en 1981.

Ese mismo año entraron en la casa parroquial Felicia y su marido, el cartero del pueblo. Allí vivió Felicia durante 36 años, y allí crió a sus seis hijos, cuidó de su padre y de su marido. “Entraron de precario. El cura les dijo que cuidasen la casa, que la arreglasen... ‘hombre, si gastáis mucho ya os ayudaremos’. Pero nunca les ayudaron y tuvieron que arreglarla de arriba abajo”, explica Armendáriz. Durante décadas vivieron en régimen de alquiler, a razón de 240 euros al mes, con contratos que iban renovando. Hasta que el Arzobispado presentó una demanda de desahucio al haber expirado el plazo del contrato suscrito en 2008. Juicios, protestas de la PAH y la Plataforma o un cerrajero enviado por el Arzobispado que se negó a llevar a cabo su misión jalonan esta historia que acabó como las demás: con los inquilinos (en este caso una mujer de casi 90 años), entregando las llaves de la casa parroquial a su dueño por imperativo legal.

sentencia que pide “caridad”

Juzgado de Aoiz. Aunque el 28 de diciembre de 2016 el juzgado de Aoiz dio la razón al Arzobispado en su litigio con Felicia Itoiz, sorprende que la jueza apelase en su texto a la “caridad” de la institución eclesial: “Distinto de ello, es que puedan pesar otro tipo de consideraciones, si se quiere de caridad para con la señora Itoiz y en base a ello, el Arzobispado pueda reconsiderar su posición permitiendo permanecer en la vivienda a quien teniendo ya cierta edad considera que está en su casa de toda la vida”, citaba la sentencia. - M.B.