Urgen a atender en Pamplona a cuatro familias en "riesgo inmediato de quedarse en la calle"

Varios colectivos sociales han exigido una reunión "urgente" con el Ayuntamiento de Pamplona y el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra para "aclarar en qué situación se van a quedar" cuatro familias que "entre hoy y mañana tienen riesgo inmediato de quedarse en la calle".

Representantes de Harito, Sindicato Socialista de Vivienda, Dar Etxea, PIM, Salhaketa, Apoyo Mutuo, Elkarte, Oxfam Intermon, Centro Lasa y SOS Racismo se han concentrado este jueves frente al departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra para criticar la situación de "desprotección" de estas familias "con menores a su cargo" y señalar "a quienes son lo responsables últimos de prevenir y reparar situaciones como esta".

Beatriz Villaizán, de SOS Racismo, ha leído un comunicado en el que ha explicado que en las últimas dos semanas "hemos ido acompañando" a estas cuatro familias y han podido comprobar "el laberinto burocrático en el que se ha convertido la entrada en el sistema de protección social". Según ha indicado, desde el Ayuntamiento de Pamplona "se han adoptado medidas provisionales de alojamiento en hoteles, justo antes de entender que se quedaban en calle y que debían renovarse cada dos o tres días, generando citas en las que no se trabaja sobre la situación, ni se ofrece información clara sobre derechos ni opciones, más allá de irse a otro lugar".

Ha censurado que "se está infligiendo un sufrimiento extra" a estas familias "a través de la incertidumbre y el miedo que genera un sistema que te expulsa, cuestiona tus motivos de llegada y tu existencia, te responsabiliza sobre tu situación de precariedad y te invita o directamente te amenaza con que te vayas a otro lugar para, después y a última hora, prorrogar tu estancia".

"Empobrecimiento generalizado"

Ha advertido de que estos casos forman parte de "un contexto de empobrecimiento generalizado, con un mercado de vivienda cada vez más inaccesible y situaciones laborales cada vez más precarias", unido a una ley de extranjería que "secuestra su derecho a poder trabajar y residir de manera regular durante una media de siete años desde que se llega al Estado". "Parece que nuestro sistema de protección social es ajeno a esta realidad y prefiere seguir culpando a las personas de su propia situación de pobreza o falta de vivienda, y de paso responsabilizando a colectivos que les acompañan o atienden", ha reprochado.

Por otro lado, ha llamado la atención ante "irregularidades" entre las que ha citado "desatención en Unidades de Barrio de referencia", la "amenaza explícita con la retirada de custodia de los menores" si "continua la situación de falta de vivienda", el "impedimento de acompañamiento a citas", "falta de información clara y veraz sobre acceso a derechos, recursos y procedimientos"; y la "falta de actuaciones de emergencia, garantizando alojamiento hasta poder aclarar las diferentes situaciones o itinerarios".

Estos colectivos han defendido que son las administraciones las que "tienen la obligación y responsabilidad de blindar y fortalecer un sistema de protección social que garantice que todas las personas" tengan cubiertas "sus necesidades básicas". Y han reclamado "medidas urgentes que reparen las situaciones de falta de vivienda y acceso a recursos de estas familias y de todas aquellas personas que están enfrentando cada día condiciones de precariedad y exclusión de manera invisible".  

 "La falta de recursos no puede ser condición para vulnerar derechos"

Preguntada por las declaraciones del concejal delegado de Acción Social de Pamplona, Txema Mauleón, advirtiendo que los recursos están "colapsados" y asegurando que se está "recomendando venir a Pamplona", Villaizán ha considerado que es "una narrativa absolutamente perversa y la falta de recursos no puede ser la condición para vulnerar derechos fundamentales nunca".

Frente a ello, ha llamado a "volver a la responsabilidad política y pública que tienen los representantes de Navarra de garantizar y blindar derechos de todas las personas que por aquí pasan o que aquí viven, con independencia de su situación jurídica o si cuentan o no con arraigo". "No se puede condicionar los derechos fundamentales a ninguna circunstancia", ha manifestado.

Ha criticado que, ante las peticiones de las asociaciones "hay una respuesta que es básicamente el silencio administrativo". Ante esta situación, ha insistido en "seguir reivindicando y visibilizando las situaciones de precariedad y de exclusión" que, ha resaltado, son "la punta del iceberg". "No estamos señalando situaciones puntuales, estamos señalando problemas estructurales", ha recalcado.

Por su parte, ha animado a la ciudadanía a "elevar el nivel de conciencia y entender que los derechos fundamentales o son de todas y se blindan o estamos comprando ideas y discursos muy perversos que van justificando quién puede ser sujeto de derechos y quién no puede, un juego bastante peligroso".