Adjudicatarios piden al Gobierno foral que "fiscalice" el "cumplimiento de la legalidad" de Arrasate en Maristas

Adjudicatarios de las 108 VPO/VPT de Maristas, cuyas obras todavía no se han iniciado, solicitan al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona “amparo” y “una mediación clara”, como máximas instituciones públicas de gobierno a nivel foral y local, de cara a “garantizar el derecho a vivienda protegida en las condiciones que marca la ley” y, en ese sentido, de fiscalizar “el cumplimiento de dicha legalidad, no sólo por parte de los adjudicatarios”, sino “sobre todo, por parte de Egoki-Arrasate en su función indudable como promotora de hecho”, aunque “ahora refugiada en el papel de simple gestora”, dicen.

En una carta amplísima dirigida al departamento de Vivienda, en la que hacen historia de este expediente que en este momento tiene en la cuerda floja sus viviendas, amenazadas por “sobrecostes” –que “la ley no permite para VPO”– y que la ahora gestora les propone asumir como cooperativistas, consideran que las instituciones deben mediar para resolver la situación. Así, indican que “para ello sería suficiente requerir a Grupo Arrasate para que diera cumplimiento a los principios básicos que soslayan y sustraen a los cooperativistas”.

Se refieren, por ejemplo, a que les sea facilitada “una documentación competa, puntual, minuciosa y accesible para todos los socios”; los “presupuestos y cuadros económicos completos, detallados y accesibles”, y “un contrato de servicios con la gestoría Egoki Arrasate”, en el que “se regule un marco de responsabilidad alícuota” (...) y en el que “los administradores de facto respondan ya sea en modalidad de daño emergente o de lucro cesante”.

ADJUDICATARIOS DE VIVIENDA PROTEGIDA

Consideran que “somos un grupo de ciudadanos que accedimos a esta promoción por la vía institucional, cumpliendo una serie de requisitos legales”, y “fue el Gobierno de Navarra quien nos adjudicó estas viviendas, no Arrasate”, por lo que “no podemos permitir que se nos convierta en los únicos damnificados”, en los “deudores involuntarios de una gestión gravosa”, y “entrampados en una operación con tintes turbios, arbitraria y que compromete nuestro futuro”. La carta se acompaña de una cronología y una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, que en 2020 condenó a Inversiones y Servicios Arrasate a pagar 422.000 euros a 48 adjudicatarios –los sobrecostes en sus VPO–, al entender que funcionó como “promotora encubierta”.

REUNIÓN CON ALFARO

En esta larga espera (la licencia de obras del Ayuntamiento a las VPO fue dada en diciembre de 2023), 10 de los 108 adjudicatarios de las VPO/VPT han abandonado el proyecto por la amenaza de sobrecostes y la incertidumbre en torno al proyecto. 4 viviendas más quedaron sin dar desde el principio. Los adjudicatarios que siguen han tenido que solicitar la ayuda de un equipo de abogados para afrontar la situación.

Ayer mismo, los dos miembros del Consejo Rector de la cooperativa y dos adjudicatarios se reunieron con la consejera Begoña Alfaro. La titular de Vivienda les insistió en que no se pueden asumir “sobrecostes” y en que Arrasate debe presentar un presupuesto ajustado y avanzó que las 14 viviendas que han quedado sin dar, de momento, no van a ser ofrecidas a nuevos adjudicatarios, ya que sería “como mandarles al matadero”, les informó.

LOS HECHOS

1. Compraventa. En 2018, los Hermanos Maristas “contactan con Arrasate” y suscriben “un contrato de compraventa de dicha finca por 13.500.000 €”, un precio que los hermanos, en un “ejercicio de ajuste” han reducido a la cooperativa en 300.000 euros, un esfuerzo que “podría ser mayor”, dicen.

2. “Sin ánimo promotor ni afán cooperativista”. Los afectados dicen que estaban “inscritos en el censo de vivienda protegida” y “sujetos a cumplir unos requisitos”, pero “ni tenemos ánimo promotor ni vocación cooperativista alguna”. Si “alguien nos ha colocado el título de promotores o nos ha condicionado a ser cooperativistas florero, como único medio para acceder a nuestras viviendas, no ha sido el adjudicador (Gobierno foral) sino un tercero, Grupo Arrasate, un “entramado mercantil”, que “adopta la forma que más le conviene en cada momento (fundadores de cooperativas ahora, simples gestores después)”, pero “que ha sido quien ha tomado todas las decisiones en nombre de la Cooperativa Maristas II”.

3. Desinformación. Insisten en que los “resúmenes presupuestarios” presentados a los cooperativistas por segunda vez, “lejos de disipar dudas, vuelven a incurrir en la indeterminación”. Lo mismo ocurre con los locales comerciales. “No se ha informado adecuadamente de las operaciones realizadas con los locales comerciales ni de la forma en que se ha tasado el único local propiedad de la cooperativa Maristas II”.

4. “Que se aclare nuestra situación legal”, de cara a la asamblea del día 30. Piden al Gobierno foral que, “tras seguir la recomendación de la consejera de Vivienda de no comprometernos”, con “una obligación que tendría que asumir la promotora”, y “de advertirnos del riesgo de perder subvenciones, aclare nuestra situación al legal”, ya que “para la asamblea convocada el 30 de abril la situación vuelve a estar en el punto de partida”, con “tres opciones presupuestarias sin ninguna garantía –más bien al contrario–, de no obligar a los adjudicatarios a asumir sobre costes o sobreprecios, ya sea llave en mano, con mediciones abiertas, precios unitarios cerrados”..

5. “No pedimos supervisión técnica ni que se destinen recursos públicos”. Inciden en que no piden “supervisión técnica ni que se destinen recursos públicos a sufragar costes extraordinarios”, sino medidas de las autoridades para “garantizar la transparencia, la correcta gestión y la protección de nuestros derechos como adjudicatarios de vivienda protegida”.