El Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria ha denunciado que cinco personas fueron desalojadas el pasado domingo de unas viviendas municipales del Ensanche de Pamplona “sin ninguna orden judicial”. Según ha señalado en una nota de prensa, el desalojo fue ejecutado por “un dispositivo de la Policía Municipal de Pamplona” en inmuebles propiedad del Ayuntamiento que “llevaban varios años vacíos”.
Los hechos ocurrieron el domingo 20 de abril, cuando varias patrullas de la Policía Municipal se presentaron en el edificio. Según el sindicato, las personas desalojadas ocupaban desde hacía una semana las viviendas como residencia habitual.
“Un miembro del sindicato recordó reiteradamente a los policías que la ejecución de estos desahucios requeriría de una orden judicial y que lo contrario supondría actuar de forma ilegal”, han indicado. Aseguran que también “los vecinos de las casas se lo repitieron una y otra vez, ofreciendo pruebas que atestiguaban su residencia en el lugar”, pero que los agentes “no hicieron caso en ningún momento y desalojaron a la fuerza todas las casas”.
El colectivo ha criticado que, pese a sus intentos de contactar con representantes del Ayuntamiento, “no hubo respuesta”. “Les informamos por escrito, y estamos a la espera de sus aclaraciones”, han añadido.
Amenazas de Policía Municipal
Asimismo, han denunciado “las continuas amenazas vertidas por la Policía Municipal de Pamplona contra las personas desahuciadas en esta operación”, y han calificado la actuación como “irregular”. El sindicato ha recordado que "existen precedentes, como el desalojo sin orden judicial de varias viviendas en la calle Jarauta" en noviembre de 2023.
“El Ayuntamiento es el responsable directo de esto: aquellos a los que se les supone ser defensores de la legalidad se saltan sus propias leyes si lo consideran oportuno”, ha afirmado el colectivo, que acusa a la administración de “practicar desahucios sin procedimiento judicial cuando lo desean”. Según han señalado, “es previsible que las viviendas permanecerán vacías durante varios años más, tal y como dicta este modelo mercantilista de vivienda”.
Por último, el Sindicato Socialista de Vivienda ha exigido explicaciones públicas a los concejales delegados Joxe Abaurrea (Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda) y Endika Alonso (Seguridad y Convivencia Ciudadana). “Si la decisión de ejecutar estos desahucios fue tomada por algún jefe de la Policía Municipal o si se trató de una decisión política, deberían justificar las razones de dicha decisión”, han reclamado.
El Ayuntamiento defiende el uso social de las viviendas
Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona ha respondido a este periódico que “todas las viviendas municipales se encuentran integradas en distintos programas de intervención social dirigidos a atender situaciones de emergencia habitacional”.
Ha explicado además que “las rentas mensuales establecidas por el Ayuntamiento para estas viviendas oscilan entre los 20 y los 120 euros, en función de los niveles de renta de las personas beneficiarias”.
En relación con el uso de los inmuebles, ha recordado que “el programa de rehabilitación y recuperación de viviendas municipales desocupadas, con el fin de incorporarlas a la bolsa de vivienda destinada a la emergencia habitacional, se puso en marcha en el año 2016”. Desde entonces, “el Ayuntamiento ha rehabilitado alrededor de 200 viviendas municipales, destinándolas a este fin tanto mediante arrendamiento directo como a través de convenios con entidades sociales”. Estas viviendas, ha añadido, “están dirigidas a personas en situación de emergencia habitacional, personas refugiadas y víctimas de violencia machista”.
Respecto a los inmuebles que todavía no están ocupados, el Consistorio ha señalado que “las viviendas municipales desocupadas se encuentran en proceso de tramitación para su rehabilitación, la cual se llevará a cabo, siguiendo las mismas pautas de destino social que desde 2016, en el menor plazo posible”.
