El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha recurrido al Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) dos contratos concedidos "a dedo" por la Junta de Gobierno Municipal a la Fundación Elhuyar, que ha calificado de "afín" al equipo de gobierno, liderado por EH Bildu.
Así lo han afirmado en rueda de prensa los concejales regionalistas en el Consistorio, Carlos Salvador y Fernando Aranguren, quienes han explicado que "el coordinador general desde 2019 y desde junio director general de esta fundación, es un antiguo y conocido político nacionalista vasco que en su día fue coordinador de Aralar y también concejal en Bera de Bidasoa".
"No podemos permitir que el Ayuntamiento de Pamplona se convierta en una agencia de colocación", ha manifestado Salvador, quien ha asegurado que hay "otros casos similares" y que "empieza a ser habitual la contratación de personas afines al equipo de gobierno".
Según ha explicado Aranguren, ambos contratos fueron adjudicados por el Área de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperacion al Desarrollo del Consistorio. El primero de ellos, por un valor de 17.666 euros, tenía como objetivo elaborar un diagnóstico sobre la percepción de la juventud sobre las áreas STEM. Un informe, ha asegurado, que es "un clon" del que esta misma fundación "hizo para el Ayuntamiento de Bilbao en el año 2020, salvo lo referente al trabajo de campo".
La segunda contratación, ha destacado, es la que más "tufillo" desprende, en opinión del regionalista. Ofertada por un valor de 143.758 euros, para promover un programa para impulsar las disciplinas STEM entre los jóvenes y que se llevó a cabo "a través de un procedimiento de negociado sin publicidad y sin convocatoria de licitación".
Según ha explicado, la Ley Foral de Contratos Públicos reconoce esta modalidad "cuando las razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos exclusivos, el contrato solo podrá ser adjudicado por una empresa o profesional determinados". No obstante, los regionalistas han constatado que "hay más empresas y organizaciones que realizan esta labor".
Aranguren ha criticado que la Fundación Elhuyar "fue la única invitada a participar en este contrato por razones de protección de derechos de exclusividad" algo que "no consideramos suficiente en ningún caso". De la misma manera, ha llamado la atención que "ofertaron un precio con una baja del 0,01%" y fue adjudicataria por un periodo de tres años "sin argumentar la justificación del procedimiento por el cual se la adjudica".
Además, ha destacado que el Ayuntamiento de Pamplona "no tiene competencia en materia de educación de la juventud", por lo que está impulsando una programación "sobre una competencia que no se tiene" y, "en ningún caso, puede justificarse como algo necesario u obligatorio". De la misma manera, ha subrayado que el procedimiento de contratación de negociados sin publicidad "debe ser debidamente argumentado y justificado" y, por ello, el expediente debe justificar las "razones técnicas que impidan la concurrencia abierta de otras entidades y organismos".
Asimismo, ha indicado que el Plan Pamplona Joven, aprobado en diciembre de 2022, no prevé la realización de este programa, por lo que considera que "es más que discutible su necesidad, sobre todo cuando hay una gran batería de acciones que todavía no se han puesto en marcha de dicho plan".
Carlos Salvador ha explicado que, el pasado 11 de junio, UPN recurrió al TAN el acuerdo de la Junta de Gobierno que adjudicó este programa a la Fundación Elhuyar. Y ha añadido que el TAN emitirá una resolución que "dejará abierta la posibilidad para ir al recurso contencioso en su caso".
"No acabamos de saber por qué eran necesarios estos programas y hacerlos con una entidad excluyendo a las demás", ha indicado, para opinar que se trata de un "acuerdo ilegal porque vulnera la igualdad de concurrencia y la igualdad de trato" y ha pedido la "nulidad de estas contrataciones y responsabilidades políticas".
El edil sospecha que "el contrato ha sido teledirigido y se ha optado por este sistema de contratación para dársela a una fundación afín al área que promueve este contrato". Ha subrayado que en UPN "vamos a seguir controlando los expedientes y vamos a seguir denunciando una práctica que incumple la ley".
