Los okupas de la bajera de Azpilagaña vuelven a engancharse ilegalmente a la luz de la comunidad

Este lunes han vuelto a engancharse ilegalmente la luz de la comunidad. "Ya llevamos cuatro veces en menos de dos meses", lamenta la Comunidad de Propietarios de la calle Río Alzania nº 11 y vecinos de calles colindantes. Los vecinos denunciaron el pasado mes la situación "insostenible" por la okupación de una bajera, "foco permanente de inesguridad, insalubridad y degradación social". Una problemática que el Ayuntamiento de Pamplona abordó esta problemática en la sesión de la Comisión de Presidencia celebrada el día 3 de febrero de 2026.

Los vecinos han manifestado este martes en un nuevo comunicado, en primer lugar, que valoran positivamente que el asunto haya sido tratado en sede municipal, y agradecen que, "al menos, se haya producido un debate público en el seno del Ayuntamiento". Sin embargo, consideran "necesario dejar claro que el mero tratamiento político del problema no equivale a su resolución, ni ofrece una respuesta efectiva a la situación que se vive diariamente en el entorno afectado".

Tras conocer el contenido de dicha Comisión, los vecinos se reunieron nuevamente para valorar las manifestaciones realizadas por los responsables municipales. De esa reunión se extrae una conclusión clara y compartida: “no se están adoptando medidas reales, eficaces y resolutivas, más allá de la imposición de sanciones económicas a la propiedad del local”.

El Ayuntamiento ha afirmado haber impuesto multas que alcanzarían los 5.000 euros, pero los vecinos quieren subrayar que las sanciones económicas, por sí solas, no solucionan el problema, ni garantizan la seguridad, la salubridad ni la convivencia vecinal. Las multas pueden engrosar las arcas municipales, pero no cierran el local, no eliminan los riesgos existentes, ni protegen a las personas que viven en el edificio y sus alrededores.

La bajera continúa ocupada, "en condiciones de absoluta irregularidad, generando problemas de inseguridad, insalubridad, ruidos constantes, deterioro del inmueble y una grave alteración de la convivencia. Todo ello se agrava por una circunstancia especialmente sensible: en el edificio reside un menor cuya situación personal se está viendo seriamente afectada por el clima de tensión, miedo e inestabilidad generado por esta ocupación, hasta el punto de haber requerido tratamiento psicológico. Este hecho, conocido por la Administración, exige una actuación inmediata y prioritaria desde la perspectiva de la protección del menor", han lamentado los vecinos.

Los vecinos censuran, además, que "ningún responsable del equipo de gobierno municipal se haya reunido personalmente con ellos, ni haya acudido al lugar para conocer de primera mano la realidad diaria que se vive en el edificio y su entorno. Las explicaciones ofrecidas desde la distancia, sin contacto directo con los afectados, resultan insuficientes y generan una profunda sensación de abandono institucional".

Por todo ello, los vecinos reiteran y concretan sus exigencias, que siguen siendo las mismas que en enero, pero ahora con mayor urgencia:

• El cierre efectivo del local, mediante el ejercicio de las potestades administrativas que la ley reconoce al Ayuntamiento en materia de seguridad, salubridad y convivencia ciudadana, tal y como ha recordado el Defensor del Pueblo de Navarra, que en su Resolución Q18/195 señala el deber legal de las Administraciones de actuar y de impedir el uso de inmuebles cuando existan riesgos para las personas o se incumplan las condiciones mínimas de habitabilidad, sin que resulte suficiente limitar la actuación a la imposición de sanciones económicas.
• La intervención coordinada de los servicios sociales, para ofrecer alternativas y soluciones a las personas ocupantes en situación de vulnerabilidad, evitando que el problema se perpetúe indefinidamente.
• Una actuación integral, que vaya más allá de las sanciones económicas y restablezca de forma real la legalidad y la convivencia vecinal.

Los vecinos quieren dejar claro en su comunicado que no buscan confrontación política, ni ser utilizados en debates partidistas. Su reivindicación es transversal, legítima y profundamente humana: poder vivir con tranquilidad, seguridad y dignidad en sus propias viviendas.

Agradecen que el Ayuntamiento haya comenzado a hablar del problema, pero insisten en que hablar no es suficiente. Ahora es el momento de actuar, de asumir responsabilidades y de ofrecer soluciones concretas, visibles y eficaces.

La Comunidad de Propietarios y los vecinos afectados reiteran su "total disposición al diálogo y a la colaboración institucional", pero advierten con claridad: no pueden ni van a "resignarse a que la inacción administrativa se prolongue indefinidamente, con el consiguiente perjuicio para la seguridad, la convivencia y, especialmente, para los menores afectados".