Colectivos sociales se han concentrado esta tarde frente al Palacio de Navarra para denunciar públicamente el desalojo de Aranzadi como un "acto de violencia institucional y que atenta directamente contra la dignidad y derechos de las personas en situación más vulnerable de nuestra ciudad".
En el comunicado leído, han señalado además que "hablamos de personas a quienes el propio sistema ha ido empujando hacia los márgenes, expulsándolas de los espacios de acceso a derechos básicos como la protección social, el empadronamiento, la vivienda y un largo etcétera de derechos negados. Personas obligadas a sobrevivir en condiciones extremas, sosteniendo su vida en la precariedad, en la intemperie y en el abandono institucional".
Añaden que "más de 60 personas han sido expulsadas de las cuatro paredes que, en condiciones extremas, les ofrecían un mínimo refugio", y "lo han hecho sin alternativa habitacional, sin evaluación social individualizada, sin recursos garantizados. A las 6.30 de la mañana, con frio, lluvia y tras un invierno especialmente duro, se ha ejecutado una decisión que no es solo estructuralmente injusta: es profundamente cruel".
Han añadido que "denunciamos que la respuesta del Ayuntamiento de Iruñea y comarca ante la pobreza y el sinhogarismo, su forma más extrema, y del propio Gobierno de Navarra como máximo responsable, esté siendo sistemáticamente el desalojo y la expulsión", lo que "se trata de una estrategia planificada desde la negación de la existencia de aquellas personas a las que no quiere considerar sujetos políticos de derechos. Se trata, como venimos denunciando años, de deshumanizar y criminalizar a quien se ha decidido no incluir en la agenda politica".
Porque "este desalojo no puede entenderse sin la lógica que lo sostiene: una mirada racista y colonial que atraviesa las políticas públicas y que decide, de forma implícita, quién merece derechos y quién no. Se construyen auténticos laberintos burocráticos, que funcionan como filtros de exclusión. No son fallos del sistema, sino herramientas deliberadas para retrasar, limitar o directamente impedir el acceso a derechos básicos".
Además, bajo esta lógica, "se responsabiliza a las propias personas de su situación, exigiéndoles cumplir condiciones que el propio sistema les impide alcanzar, mientras se justifica así la falta de respuesta institucional". Es una "forma de violencia que deshumaniza, que racializa la pobreza y que perpetúa una jerarquía donde unas vidas valen menos que otras". Se trata, en definitiva, "de un modelo que no busca garantizar derechos para todas las personas, sino administrar la exclusión, sosteniendo dinámicas de control, expulsión y abandono sobre quienes quedan fuera de los margenes de lo reconocido".
"Habilitar alternativas habitacionales dignas"
Frente a esto, "sabiendo que no existe más plan que agotar recursos a quienes no tiene nada y seguir negándoles todo", los colectivos siguen "exigiendo lo que debería estar garantizado por derecho y por norma, ya que recordemos que este abandono institucional además de injusto incumple normativa estatal y foral, por eso exigimos y recordamos el deber de las Instituciones de:
• Habilitar de manera urgente y continuada alternativas habitacionales dignas. El acceso inmediato a recursos básicos: alimentación, higiene, atención sanitaria.
• La garantía de empadronamiento y regularización administrativa.
• El fin de las políticas de control y expulsión, como las identificaciones policiales racistas y la entrega de citaciones ante la Brigada de Extranjeria.
Porque, según concluyen, "no vamos a permitir que se siga negando la existencia y arrebatando la dignidad y los derechos a quienes son invisibilizadas. No vamos a dejar de denunciar cada agresión, cada desalojo, cada injusticia".
"Estamos tan hartas como dispuestas a seguir organizándonos y tejiendo redes y denunciando cada vulneración, cada opresión", indican.
El comunicado ha sido firmado por los colectivos PiMMIG, Apoyo Mutuo, SOS Racismo Nafarroa, Oxfam, París 365, Lantxotegui Haritu, Salhaketa, Dar etxea, Antikapitalistak, AZTA, BDZ, Kontseilu Sozialista, Itaka escolapios, CGT, Martes al SOL, El hadji, Mugak Zabalduz, CNT. Bakearen Etxea, Mugak Zahalduz, EHGAM Matawod + GM
“Dos noches de hotel y a la calle”
Por su parte, Negu Gorriak ha leído otro comunicado en el que indican que “ha sido un macrodesalojo 100% decidido y ejecutado por Asiron, no ha intervenido ni el Gobierno de Navarra ni el Gobierno de España”.
Han denunciado también que las "soluciones habitaciones pensadas para los desalojados son dos noches de hotel y luego a la calle. Y ni siquiera para todos: solamente para los que fueron identificados el lunes por la Policía Municipal y que estuvieran empadronados en Pamplona”.
Han acusado de que el edificio del Convento de Agustinas “se desaloja para regalárselo a intereses privados, al Grupo Vitalia”. Por último han indicado que el Ayuntamiento de Iruñea “lleva años bloqueando solicitudes de empadronamiento (500 según Apoyo Mutuo)”, porque “la idea de que hay una población excedentaria, que no merece ni siquiera vivir entre ruinas, está bien instalada en la clase política local y entre las élites políticas de Euskal Herria”.
