El Sindicato Socialista de Vivienda ha exigido este miércoles al Ayuntamiento de Pamplona que retire las sanciones impuestas a tres personas por cantar una jota reivindicativa durante la procesión de San Fermín 2025. La organización ha enmarcado estas multas en un “contexto de creciente criminalización de la protesta” y ha criticado que se hayan impuesto en aplicación de la Ley Mordaza. Según ha explicado en una comparecencia, “dos compañeras y una periodista de Gedar Langile Kazeta han sido sancionadas con 600 euros cada una por perturbación de la seguridad ciudadana”, a partir de denuncias de la Policía Municipal que han derivado en expedientes incoados por la Concejalía Delegada de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Aquel 7 de julio, agentes municipales trataron de impedir la interpretación de la jota desde un balcón de la calle Zapatería y advirtieron de posibles consecuencias si el contenido era reivindicativo. “Si la jota que vais a cantar contiene alguna cuestión reivindicativa, se denunciará”, les señalaron los agentes. La jota, han indicado, pretendía denunciar “dos desahucios ilegales ejecutados semanas antes en el Casco Viejo”, así como la “complicidad de la Policía Municipal", el Ayuntamiento de Iruñea y los Juzgados de la ciudad.
El Sindicato Socialista de Vivienda ha defendido que este tipo de expresiones forman parte de la tradición festiva. “Procesiones y exhibiciones similares han sido históricamente un espacio de crítica política”, han señalado, al tiempo que han considerado que la actuación policial respondió a la incomodidad ante ese contenido. Asimismo, ha asegurado que a primera hora varios agentes intentaron acceder a la vivienda desde la que se iba a cantar la jota, mientras “amenazaban sobre las consecuencias represivas” e intentaban conocer “de manera hostil” el contenido de la canción. También han indicado que se identificó a cuatro personas.
El colectivo ha vinculado estos hechos a un aumento de la presión sobre las expresiones políticas durante los Sanfermines y ha sostenido que el año pasado ya se produjeron otras sanciones en este contexto, lo que interpretan como un intento por reducir la visibilidad de la protesta social en las fiestas.
El sindicato discrepa de la interpretación realizada por el primer edil Joseba Asiron —quien afirmó que “el alcalde ni quita ni pone multas”— y sostiene que existe “participación administrativa directa del Ayuntamiento” en el proceso, además de su responsabilidad política sobre la Policía Municipal. También ha señalado que las personas afectadas han presentado tres alegaciones, de las cuales “las dos primeras han sido rechazadas por el propio Ayuntamiento”. Además, ha recordado que en 2024 ya se cantó otra jota reivindicativa, en ese caso contra el negocio turístico, sin incidentes.
Por último, el colectivo ha anunciado la celebración de un festival solidario el próximo 23 de mayo en el puente de San Jorge, bajo el nombre “JOTA-KE”, junto a grupos de la escena artística como Arepas, Las de Kardo e Iruinyard, con el objetivo de “impulsar la solidaridad de clase ante la represión y difundir un discurso contra la censura”. Asimismo, ha avanzado futuras colaboraciones con otros artistas navarros y ha hecho un llamamiento a defender el arte “como herramienta de crítica y reivindicación política”.
