Situación "crítica" de los más de 100 jóvenes migrantes desalojados de las Agustinas

Las entidades que conforman la campaña Negu Gorriak–Derecho a Techo han ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la que han denunciado que la situación de los más de 100 jóvenes migrantes desalojados del antiguo convento de Agustinas, en Aranzadi, el pasado 13 de abril, “sigue siendo crítica. De hecho, se ha agravado tras el desalojo, dadas las medidas insuficientes articuladas desde las administraciones públicas”.

“La prometida atención individualizada”, han lamentado en su comunicado, “se ha limitado a tres noches de albergue y el ofrecimiento de billetes de autobús para abandonar Pamplona, donde estos jóvenes llevan meses tramitando su acceso a derechos básicos. Hay que tener en cuenta que, en dichos trámites, la permanencia durante meses en lista de espera es un paso imprescindible, por lo que realmente se ha 'invitado' a estos jóvenes a renunciar al tiempo invertido y a empezar de nuevo desde cero, en la calle, en otros municipios”, han afirmado.

Asumiendo que el desalojo de Aranzadi respondió a un proyecto de obra, han añadido, “no se entiende cómo desde el Ayuntamiento de Pamplona no se planificó con antelación una respuesta coordinada y proporcionada a la situación humanitaria y social que éste generaría”.

Al día siguiente al desalojo, el martes 14 de abril, “el Ayuntamiento de Pamplona pidió en prensa implicación para dar una solución al sinhogarismo tras el desalojo. Esta petición se dirigía exclusivamente a ayuntamientos y al Gobierno de Navarra, omitiendo la probada capacidad ciudadana y de las asociaciones, que llevamos años trabajando y colaborando con estos colectivos. Además, dicha petición emplazaba a estas administraciones a una primera reunión el viernes 24 de abril, para cuando las personas afectadas llevaban 8 noches durmiendo en la calle”.

La campaña Negu Gorriak–Derecho a Techo “ha trabajado junto a decenas de personas migrantes para superar los trámites burocráticos que dificultan el acceso a derechos básicos, como alimento, duchas, abrigo y regularización”, han argumentado también.

Durante cuatro meses, “gracias al trabajo de ciudadanas, asociaciones, jóvenes migrantes y entidades, se ha logrado crear junto a estas personas asentadas en Pamplona una red de acompañamiento, comida, alojamiento y un espacio comunitario”.

"Añadido a estos logros, esta red ha generado un proyecto paralelo que proporciona comida caliente a los participantes, «El Cena D’Or», con la colaboración de sociedades, peñas y colectivos, entre los que se incluyen Arrano Elkartea, Zirimola, Antartika, Landare y Duguna, entre otros".

En este contexto, "la decisión del Ayuntamiento de Pamplona de desalojar en la madrugada del 13 de abril el Convento de Agustinas, sin ninguna previsión habitacional para las más de cien personas que allí se refugiaban, ha agravado una situación ya de por sí apremiante. A modo de ejemplo, el pasado primero de mayo, día del trabajador, todas estas personas que aspiran a trabajo y justicia despertaron de su decimoquinta noche en la calle", han lamentado.

La campaña Negu Gorriak – Derecho a Techo, además de las entidades mencionadas, "se compone de manera colaborativa con las personas migrantes y la colaboración de entidades como CGT, Bakearen etxea, Matalaz, Dar Etxea y Haritu".

Ante la falta de noticias, la "infructuosa" atención individualizada prometida y el "constante es el acoso policial, pasando habitualmente en un mismo día Policía Municipal, Policía Nacional y Policía Foral y hostigando a los jóvenes", el colectivo ha emplazado a Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra "a reunirse de manera urgente con las asociaciones que venimos trabajando en esta temática para coordinar una respuesta colaborativa a la altura de la situación creada por el desalojo, antes de que ésta se agudice aún más".

Del mismo modo han solicitado a las administraciones competentes “la cesión urgente de alguno de los inmuebles vacíos de que disponen tanto el Ayuntamiento de Pamplona como el Gobierno de Navarra, para la continuación del albergue autogestionado que se venía desarrollando hasta ahora”; así como “el compromiso de ambas administraciones con el cese de la persecución policial a los desalojado, a los que la policía foral y municipal acosan cada mañana, solicitando documentación de manera innecesaria”.

Por último, han solicitado “la retirada de las trabas burocráticas al empadronamiento por parte del Ayuntamiento de Pamplona”.