Cinco muertos y más de 30 heridos en las protestas mineras de Perú

Lima. La ciudad peruana de Juliaca, donde el viernes cinco personas murieron y más de 30 resultaron heridas en enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, amaneció ayer sin nuevos disturbios pero con actos de protesta y recuerdo por los ciudadanos fallecidos.

Según informó el coordinador de la Defensoría del Pueblo en la ciudad, Jacinto Ticona, los manifestantes dejaron temporalmente de lado sus reclamos contra la minería informal para mostrar su duelo por las muertes del viernes con velatorios y manifestaciones.

"La gente está concentrada en solidarizarse con los deudos de las víctimas", afirmó Ticona, quien añadió que más manifestantes llegaron desde poblaciones cercanas para sumarse a las protestas en una Juliaca que se encuentra absolutamente paralizada y sin autoridades.

Así, la Policía, que el viernes se enfrentó con gases lacrimógenos y disparos a los huelguistas, ayer trató de evitar choques y solo estuvo frente a edificios institucionales.

El gobierno regional de Puno declaró tres días de duelo en solidaridad con las víctimas y heridos.

Por su parte, el aeropuerto, cuyo intento de toma por parte de los manifestantes inició los enfrentamientos el viernes, ayer continuaba cerrado, mientras los manifestantes seguían en sus inmediaciones.

Según informó el corresponsal de Canal N en la ciudad, grupos de huelguistas llegaron ayer a la pista de aterrizaje, donde robaron las luces de ayuda, mientras otros se aproximaron a la torre de control.

Otros medios también informaron de que las carreteras de Juliaca a Arequipa y Cuzco, dos de las principales ciudades del sur de Perú, permanecían cortadas.

Aunque las protestas en Juliaca de los pobladores de la región de Azángaro ocurren de forma paralela a las que desde hace un mes se registran en la zona sur de Puno, ambos conflictos sociales son distintos. Mientras en el sur son integrantes de la etnia aimara quienes reclaman la declaración de la región como libre de minería, en Juliaca la protesta es contra la contaminación del río Ramis a consecuencia de la minería informal en la zona norte, un problema con más de 10 años.

El Ejecutivo publicó ayer cinco normas legales que intentan acabar con los conflictos relacionados con la minería en Puno. Entre estas, figura la supeditación de toda actividad minera en el sur de la región a un proceso de consulta previa con las poblaciones aimaras.