madrid. Así lo defendieron el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, y el de la Asociación Héroes de la República y la Libertad de Cantabria, Antonio Ontañón, que aportó a la denuncia ante la Audiencia Nacional su libro Rescatados del olvido, que recopila una investigación de 30 años sobre la represión franquista. "En Santander había una consigna que venía a decir que de los rojos no quedara ni rastro. De acuerdo a esta consigna se aplicaba la muerte física y la desaparición jurídica", dijo Ontañón, que además aseguró que en el cementerio de Ciriego no había fosas, sino "zanjas" en las que se arrojaban y enterraban hasta cien cadáveres.
Por su parte, Silva defendió la necesidad de que se investiguen judicialmente las desapariciones del franquismo y que la Justicia actúe, aunque sea fuera de España.
"Si tiene que ser una juez argentina la que asuma la responsabilidad de investigar esos crímenes, es lo que queremos", dijo Silva, que explicó así los motivos que les llevaron a denunciar los hechos en la Audiencia Nacional y por los que ahora se ha personado en la causa abierta sobre los crímenes franquistas por una juez argentina, que ha pedido a España información sobre ministros y miembros de las fuerzas de seguridad entre 1936 y 1977.
Un requerimiento al que el Gobierno español aún no ha respondido, según el presidente de la ARMH, que recuerda que la Audiencia Nacional ha investigado otros crímenes de lesa humanidad en aplicación del principio de Justicia universal.
"Las exhumaciones ya las hacemos nosotros desde hace mucho tiempo, ese es un problema aparte, lo que queríamos es que la Justicia actuara como actúa con cualquier crimen cuando a alguien, como le ocurrió a mi abuelo, lo detienen, lo torturan, le dan dos tiros en la cabeza y les tiran en una cuneta".
Silva, cuyo abuelo fue asesinado por las tropas falangistas en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León), junto con otros trece hombres, aseguró que su asociación ha contabilizado ya más de 12.000 desaparecidos. Por último, Antonio Solsana, de la asociación de Memoria Histórica de Castellón, relató como el 4 octubre de 1947 la Guardia Civil se llevó a su abuelo y a un vecino, a los que acusaron de relacionarse con los "maquis", una relación que negó afirmando que únicamente les dieron comida varias veces.
Tras la declaración de los testigos, el tribunal ha dado paso a la prueba documental, en la que la defensa ha aportado más de 60 documentos, entre ellos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y resoluciones jurídicas de tribunales internacionales sobre crímenes de guerra y desapariciones forzosas.
Durante la vista se ha leído un escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de 2008, que defendía la competencia de la Justicia española para investigar crímenes de lesa humanidad y el voto particular suscrito por tres magistrados de este tribunal que respaldaron la competencia de Garzón para investigar las desapariciones del franquismo.
