El Parlamento rechaza el Decreto que abre la puerta al despido colectivo en la Administración

PAMPLONA. El plan del Gobierno de Navarra para repartir el trabajo público, que incluye de manera semiencubierta la posibilidad de hacer despidos masivos en la Administración, tiene bastantes posibilidades de quedarse en una ocurrencia del Ejecutivo de Barcina al que se le dé portazo desde el Parlamento foral.

De momento, la mayoría de la Cámara navarra aprobó ayer una declaración institucional en la que el Parlamento "muestra su rechazo a la modificación del Decreto Foral 68/2009, de 28 de septiembre, por la que se abre la puerta al despido colectivo en la Administración por razones presupuestarias, que afectaría a 5.879 trabajadores dependientes del Gobierno de Navarra y otros muchos más de las entidades locales".

El texto, que fue presentado por Bildu y contó con el apoyo de PSN, Aralar, e Izquierda-Ezkerra (I-E) y el voto en contra de UPN y PPN, también subraya el rechazo del Parlamento a "la excesiva tasa de temporalidad de las administraciones de la comunidad, especialmente alta en los departamentos de Salud y Educación", y expresa su voluntad de que "se adopten medidas al objeto de dotar de estabilidad a la plantilla".

CRÍTICAS GENERALIZADAS Esta declaración tiene toda la pinta de ser un anticipo de que la oposición no va a tolerar esta imposición del Gobierno de UPN, que ya plantea impulsar una ley que deje sin efecto este decreto.

El portavoz del PSN, Juan José Lizarbe, avanzó que si el Ejecutivo sigue adelante con sus pretensiones, "se podrá por ley dar marcha atrás al decreto". "Una cosa es racionalizar el gasto en la Administración y otra cosa es que el Gobierno tenga un cheque en blanco para despedir", manifestó Lizarbe, para quien "es el colmo" que el Gabinete de Barcina contemple "la posibilidad de despedir no sólo por causas económicas sino también presupuestarias".

En esta misma línea, Bakartxo Ruiz (Bildu) tildó de "vergüenza" que el Ejecutivo foral "hable de crear empleo y repartir empleo", cuando "lo único que va a hacer con estas medidas es destruir aún más el empleo público y precarizar a los trabajadores" de la Administración, que "ya es una ETT".

Asimismo, Asun Fernandez de Garaialde (Aralar) criticó el Decreto del Gobierno, que supone "abrir la puerta al despido colectivo" y abogó por el mantenimiento del trabajo público "en clave de dignidad laboral".

También José Miguel Nuin (I-E) se mostró partidario de tumbar el plan del Gobierno "desde el Parlamento", que en su opinión supone "introducir la reforma laboral con bisturí en el ámbito de la Función Pública".

A la crítica general se sumó Manu Ayerdi (Geroa Bai), a quien el planteamiento del Ejecutivo le "suena a chiste". "Después de tanto recorte no creo que algún empleado público esté ocioso", valoró Ayerdi, quien consideró que "hay otras muchas herramientas de la gestión de recursos humanos de la Administración antes de acudir a esto".

Ni siquiera el PPN dio su apoyo al Gobierno en este asunto. Aunque Enrique Martín de Marcos dijo que "de entrada" no rechazan el Decreto, incidió en que "todas las medidas que vayan destinadas al empleo público necesitan el máximo consenso posible" y llamó al Gobierno foral y a los sindicatos a "que agoten todas las vías de diálogo".

Solo Carlos García Adanero (UPN) defendió esta propuesta, que "como ha dicho la presidenta no se busca despedir, sino que "haya más personas con capacidad de trabajar", y expresó su convencimiento de que todavía hay tiempo "para que se pueda llegar a acuerdos".