Pamplona. El Gobierno de UPN promovió, financió e impulsó la sociedad pública Echauri Forestal contra el criterio de técnicos de los departamentos de Medio Ambiente y Economía, que advirtieron de los riesgos y las pérdidas que podía suponer una inversión de esas características. Pese a ello, el Ejecutivo foral, a través de la empresa publica Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra (Viveros, ahora Ganasa) decidió embarcarse en una operación que finalmente se ha demostrado inviable, y cuyas pérdidas, estimadas en varios millones, están por cuantificar. El Parlamento ha encargado ya un informe a la Cámara de Comptos para que fiscalice la gestión y cifre las pérdidas, y que según los primeros cálculos podrían oscilar entre los tres y los cinco millones.
Echauri Forestal, que tuvo que ser absorbida por Nafinco en 2006, con la última reorganización del sector público empresarial ha quedado diluida en Ganasa, que acaba de aplicar un ERE de extinción para 65 trabajadores precisamente para hacer frente a la situación económica que atraviesa la sociedad. El actual gerente de Ganasa es José Torres, director general de Medio Ambiente con Yolanda Barcina como consejera (1996-1999), y principal promotor privado de la operación de Echauri forestal.
El nacimiento de la sociedad se remonta a finales de 2002, cuando Torres y su socio, Rafael de la Rica plantean al Gobierno foral un novedoso y lucrativo sistema de cultivo de maderas nobles, nogales y cerezos principalmente, que iba a permitir reducir de 50 a 25 años su periodo de crecimiento y, por lo tanto, multiplicar su rentabilidad hasta un 15% anual. Viveros debía poner el suelo y el 70% de la inversión y la empresa privada, el 30% restante. Torres sin embargo se garantizaba el control "exclusivo" de "todas las decisiones técnicas" de la futura empresa.
Con esta premisa, no es de extrañar que la operación generara dudas en el Departamento de Medio Ambiente que dirigía Javier Marcotegui, donde buena parte de los técnicos recelaban de su antiguo director general, que ya se vio envuelto en una polémica por intentar dar subvenciones a empresas de las que era accionista. Algo compartido por la mayoría de los trabajadores de perfil técnico de Viveros, donde también se cuestiona la inversión.
Debate en el consejo El Gobierno de UPN vivía aquel año una situación política similar a la actual, en minoría y sin apoyos para aprobar los presupuestos. Por ello optó por dirigir la iniciativa desde el entramado empresarial público, más opaco y manejable.
El debate se traslada así al consejo de administración de la empresa pública Viveros, que recibe el encargo expreso del Gobierno de poner en marcha el proyecto, con el socio ya predeterminado. Desde el Gabinete de Miguel Sanz se hace llegar además al consejo que la operación, con una inversión estimada de siete millones de euros, cuenta con todo el apoyo del Ejecutivo, por lo que se insta a la sociedad a endeudarse para llevarlo a cabo. Ese interés, lejos de tranquilizar alerta más todavía a los miembros del consejo con un perfil más técnico que político, que desconfían de una operación con demasiadas sombras y pocas certezas, y que no ocultan su sorpresa porque una inversión de tal envergadura no se hubiera debatido antes dentro del propio Gobierno foral.
Así queda reflejado en las actas que recogen el contenido de las reuniones que el consejo de administración celebró el 3 de julio, el 30 de agosto y el 15 de octubre de 2002, en las que se debatió y aprobó la creación de Echauri Forestal. De los ocho miembros del consejo, todos altos cargos de los departamentos de Economía y Medio Ambiente, son precisamente los dos más técnicos quienes con más claridad se oponen al proyecto: Jesús Iragui, jefe de sección adscrito al departamento que entonces dirigía Francisco Iribarren, y José María Goñi, exdirector de Montes jubilado y, como tal, libre de presiones.
Goñi, quien mayor experiencia tiene en el sector, es precisamente quien más firmemente se opone al proyecto. Según consta en las actas, el exdirector de Montes recordó que este era "un viejo intento de una empresa privada" por lograr financiación pública, y alertó de que tanto la rentabilidad como el beneficio final cuando menos son "dudosos". "No existe un interés público en el tema, y sí un claro interés privado", insistió Goñi en aquella primera reunión, en la que de forma premonitoria alertó de que los terrenos no eran los adecuados, que las expectativas planteadas "nunca" se iban a alcanzar y que, en todo caso, existían mecanismos "más lógicos" como Sodena y Nafinco, empresas públicas de capital riesgo, sin necesidad de endeudar a Viveros.
Pero en el consejo no todos compartían su visión, así que se acuerda pedir a la empresa promotora -y a su vez la principal beneficiaria- que amplíe la información sobre la viabilidad económica y técnica del proyecto, pero con el compromiso de no retrasar la decisión final. A nadie se le escapa que en mayo de 2003 habría elecciones.
Nueva reunión del consejo El consejo de administración de GAN se vuelve a reunir el 30 de agosto de 2002 con nueva información. Pero esta sigue sin convencer a los técnicos críticos, cuyas dudas aumentan. "La información parece simple propaganda", destaca el antiguo técnico de Medio Ambiente, que cuestiona los números presentados y que vuelve a advertir de que el único beneficio va a ser para la empresa privada que va a participar en el proyecto.
Pero ni Iragui ni Goñi logran convencer al resto del consejo. Javier Marcotegui, consejero de Medio Ambiente; Ignacio Elorrieta, director general; y a Enrique Eraso, director de servicio de la Biodiversidad y que luego sería nombrado presidente de Echauri Forestal, muestran una posición abiertamente favorable. Y ante la falta de acuerdo, se vuelve a retrasar la decisión.
La reunión definitiva tiene lugar el 15 de octubre, esta vez con un informe del servicio de Montes de Medio Ambiente sobre la mesa que avala el proyecto. Lo hace sin embargo sobre los datos aportados por la empresa privada, lo que convierte la decisión en una "cuestión de credibilidad". Así lo subrayan tanto Iragui como Goñi, que insisten en que no hay interés público y sí un interés privado, que el nivel de incertidumbre es elevado, tanto por su financiación como por la producción prevista, y cuestionan la urgencia por llevarlo a cabo.
Pero las posturas ya están definidas. Los partidarios del proyecto ven reafirmada su posición por el apoyo expreso del Gobierno y la información aportada por la empresa, por lo que se somete a votación, con un resultado de 6 a 2 favorable a la operación. Viveros autoriza así una inversión inicial de 5,8 millones para un proyecto compartido 70%-30% con Plantaciones Forestales, y deja en manos de Torres todo el poder de gestión y decisión en la nueva sociedad pública, Echauri Forestal, que queda oficialmente constituida el 12 de diciembre de 2002. Diez años después la sociedad ha quedado diluida en Ganasa bajo la gerencia de José Torres, mientras los árboles siguen creciendo en Etxauri descuidados y muy lejos de la rentabilidad anunciada.
