Interior insinúa que el Gobierno Vasco no ordena a la Ertzaintza perseguir el enaltecimiento

pamplona. Acuciado por la presión de determinadas asociaciones de víctimas tras la liberación de más de cincuenta presos de ETA, el Gobierno español se defendió puntualizando que no podía soslayar la resolución europea contra la aplicación retroactiva de la doctrina Parot, y que solo tenía margen para evitar que esos reclusos fueran homenajeados una vez abandonaran la cárcel. Acreditar un delito de enaltecimiento, no obstante, no resultaría sencillo y, además, la competencia para intervenir en la CAV estriba en la Ertzaintza. Madrid perdía así una baza para dar un golpe de efecto que calmara a sus sectores más duros. El ministro del Interior optó por echar balones fuera la semana pasada asegurando que no tiene competencias y que los recibimientos no se hubieran producido con la Guardia Civil y la Policía, lo que movió al lehendakari a pedir una rectificación a Rajoy. Jorge Fernández Díaz terminó disculpándose el sábado ante la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, pero ayer pareció volver a las andadas, aunque fue más prudente y no cuestionó a la Ertzaintza, sino más bien al Gobierno Vasco por ser quien da las órdenes a los agentes.

En una entrevista en TVE, donde midió sus palabras y llegó a mostrar su "máximo respeto" por la Policía vasca, el ministro imputó indirectamente la supuesta inacción al Gobierno Vasco al matizar lacónicamente que la Ertzaintza "cumple órdenes". Aunque no ahondó en ese punto, sus declaraciones podrían interpretarse como una acusación contra Lakua, máxime cuando el secretario general del PP de la CAV, Iñaki Oyarzábal, ya deslizó la misma idea el sábado al asegurar que los agentes "quieren actuar más de lo que les dejan", y que Lakua "tiene que ponerse las pilas". Además, Fernández Díaz insistió en que, a su juicio, los recibimientos son "enaltecimiento en la medida en que son públicos", una insistencia que en sí misma puede interpretarse como un toque de atención a Lakua.

Si Madrid depositara la responsabilidad en el Gobierno Vasco, podría sacudirse la presión de ciertos sectores y, además, cambiaría las tornas y se situaría en una posición de fuerza: ya no sería el objetivo de las críticas de parte de las víctimas, sino que sería el propio Gobierno español quien lideraría el descontento y denunciaría el supuesto delito azuzando un discurso crítico, además, contra un Ejecutivo nacionalista vasco. Además, la disputa con Lakua y el complejo debate jurídico sobre los límites del enaltecimiento han desviado el foco hasta dejar en un segundo plano la excarcelación de más de cincuenta presos, así como las críticas al PP por no haber impedido esa puesta en libertad.

prueba complicada Los recibimientos han suscitado opiniones contrapuestas. El lehendakari ya avisó de que no toleraría actos de enaltecimiento, y la propia Er-tzaintza intervino en el recibimiento a Joseba Artola, donde disparó varias veces al aire sin carga para dispersar a los congregados, pero el Gobierno Vasco cree que, en líneas generales, no ha habido delito. Sería complicado acreditarlo si quienes reciben al preso son sus familiares y amigos, y si no se corea ningún tipo de lema sobre ETA.

Cuando tuvieron que pronunciarse sobre la exhibición de fotos de reos en el pasado, los tribunales ya puntualizaron que el mero hecho de exhibir una imagen no tendría por qué ser delictivo, sino que podría mostrar el deseo de que un familiar fuera trasladado a la CAV. Todo dependería de que la instantánea se acompañara de lemas hirientes para las víctimas. Desde otros ámbitos, se ha apuntado que, por ser público, el recibimiento ya es delito. Además, han señalado que en algunos casos llegaron a lanzarse cohetes, como en el acto por Javier Martínez, Javi de Usansolo.

El delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, hizo llegar seis informes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional -que dijo haber recibido cuatro- y, por el momento, no ha tenido éxito: la Fiscalía se quejó de que despachara el relato en tres líneas, y que no recogiera los datos necesarios para dictaminar si había delito. Por ello, pidió a Urquijo y a la Ertzaintza que ampliaran la información, pero sí pudo avanzar que uno de los recibimientos, el de Juan Manuel Piriz, no fue delictivo.

inés del río En ese contexto, la Abogacía del Estado comunicó ayer al Consejo de Europa que no indemnizará con 30.000 euros a la presa Inés del Río ni pagará los 1-.500 euros de las costas ocasionadas en el proceso que tumbó la doctrina Parot, según Efe. Ese monto se destinará a pagar la indemnización a las víctimas, que ascendería a 1,6 millones.