madrid - Sin buscar consensos, apoyándose de nuevo en el rodillo parlamentario que le otorga la mayoría absoluta en el Congreso, el PP ha decidido introducir en la legislación el aforamiento para Juan Carlos y parte de la Familia Real sin el respaldo de los grupos de la oposición. La fórmula elegida ha sido a través de dos enmiendas a una reforma puntual de la Ley del Poder Judicial que ya no se votarán de forma separada en el Pleno del Congreso que el jueves va a aprobar el proyecto de ley con destino al Senado.

En la reunión de la ponencia parlamentaria encargada de estudiar la “ley orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial”, el PP introdujo ayer sus dos enmiendas, que a priori no recabaron más apoyos que la firma incondicional de UPN y Foro Asturias.

Una enmienda incluye como aforados a los reyes que abdican (ahora Juan Carlos), a sus consortes (Sofía), a los consortes del rey (la reina Letizia) y a los príncipes de Asturias (de momento Leonor y su futuro cónyuge). La otra ya adelanta que, en el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados cuando la ley entre en vigor, estas sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo.

Una vez incorporadas en el informe de la ponencia, lo que el PP ha podido hacer en solitario gracias a su mayoría absoluta, esas dos enmiendas ya solo podrán ser objeto de una votación específica en la Comisión de Justicia y únicamente si así lo solicita alguno de los grupos de la oposición. Eso sí, lo que se votaría sería los nuevos artículos introducidos por el PP en el informe.

ni votar por separado En el Pleno del Congreso, cuya convocatoria se prevé para el jueves, esos nuevos artículos ni siquiera podrán votarse por separado. Lo más parecido será poder votar el resto de la ley sin las enmiendas, y siempre que algún grupo lo reclame antes del miércoles por la tarde a través de un voto particular, un procedimiento no habitual que la Comisión de Justicia piensa ofrecer a la oposición.

Al final, lo que prevalecerá será la votación global del conjunto de la reforma, que como es orgánica requiere un respaldo mínimo de la mayoría absoluta (176 diputados). Con un único voto se pronunciarán tanto sobre los artículos referidos a los funcionarios de Justicia como sobre los relativos a los nuevos aforamientos de la Familia Real.

Tras la reunión de la ponencia, a puerta cerrada como fija el Reglamento, el siguiente paso será hoy, con el debate en la Comisión de Justicia, y el jueves en el hemiciclo. El PP intentará modificar el orden del día de la sesión plenaria del jueves para introducir este punto, pero para lograrlo requiere unanimidad.

En previsión de no lograr el sí del resto del grupos, su plan es convocar un nuevo pleno que arrancaría el jueves nada más terminar el ya previsto, lo que puede hacer sin problemas gracias a sus 185 diputados.

Precisamente, la premura en la tramitación de los nuevos aforamientos centró parte del debate en la ponencia. La oposición consideró que las cosas se han hecho demasiado rápido e incluso Izquierda Plural anunció un recurso ante la Mesa del Congreso por considerar que no se han respetado los plazos reglamentarios.

ni el fondo ni las formas Desde el punto de vista del PSOE, que anunció su abstención, las enmiendas del PP nada tienen que ver con la materia de la ley y afectan a un asunto muy delicado que requiere un mayor sosiego. La diputada Meritxell Batet consideró que sería bueno reflexionar sobre la regulación actual de los aforamientos para estudiar si es conveniente mantenerla y plantearse “si están todos los que tienen que estar”.

El diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares, además de denunciar un “fraude” en las formas, criticó que se trate de un “aforamiento especial” que prácticamente supone -a su juicio- una inviolabilidad puesto que se pretende aforar al margen del cargo.

Por su parte, Jordi Jané de CiU coincidió en que esta reforma requiere una reflexión global y no puntual, “exprés” y precipitada, como la que presentó el PP.

No obstante, no despejó la duda si finalmente su grupo apoyará las enmiendas del PP y se ha limitado a insistir en que se trata de un “tema serio” que merece una “reflexión global” sobre el aforamiento, aunque también ha recalcado que “estar aforado no significa tener impunidad” ni que sus actos queden impunes, sino que debe responder de ellos ante al Tribunal Supremo.

Irene Lozano, de UPyD, cuestionó tanto la forma “con prisas” como el fondo de las enmiendas, ya que su grupo considera que el aforamiento es “un privilegio arcaico que habría que eliminar”. Por ello, presentó también sendas enmiendas en las que pide reducir el aforamiento a los 600 casos que establece la Constitución y eliminar con carácter inmediato otros 9.400 casos.

El portavoz de Justicia del PNV Emilio Olabarria coincidió en que mantienen “reservas severas” entorno al procedimiento porque creen que ha sido “demasiado acelerado y tortuoso” y puede levantar suspicacias. Olabarria considera que el aforamiento que se contempla es “demasiado potente”, ya que no se vincula a función alguna lo que supone “un privilegio” respecto a otros aforados como el presidente del Gobierno, los ministros, diputados, senadores e incluso miembros de la judicatura.

El PNV -avanzó- no va a aceptar un aforamiento “universal” que no suponga el mismo tratamiento que los ya previstos.

Por contra, el presidente de la Comisión de Justicia, el popular Alfredo Prada hizo hincapié en que se ha cumplido el Reglamento del Congreso y en que “no ha habido ninguna improvisación”. De hecho, señaló que el pasado 11 de junio la Mesa y los portavoces de la Comisión de Justicia ya contemplaron la previsión de que se ampliara el orden del día de la reunión prevista para este martes y se facultó al presidente para formalizar estos cambios. Según Prada, la “excepcionalidad de la enmienda” introducida por el grupo mayoritario “es evidente” y lo adecuado es que este tema se resuelva “en el menor tiempo posible” y cumpliendo con la legalidad formal. - E.P./D.N.

Las dos vías del PP. Una enmienda incluye como aforados a los reyes que abdican Juan Carlos), a sus consortes (Sofía), a los consortes del rey (la reina Letizia) y a los príncipes de Asturias (de momento Leonor y su futuro cónyuge). La otra ya adelanta que, en el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados cuando la ley entre en vigor, sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo.

Plazo de dos semanas. El presidente Rajoy calcula que el rey tendrá la condición de aforado en el plazo de unos quince días, el tiempo que cree que tardará la tramitación parlamentaria de la norma en la que se ha incluido ese aforamiento.Odón, otra encrucijada. El diputado socialista por Guipúzcoa y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, rechaza el aforamiento exprés para Juan Carlos I y parte de la Familia Real que el PP ha introducido, si bien no anticipa cuál será el sentido de voto hasta escuchar los argumentos de la dirección del Grupo Socialista, que opta por la abstención.

Cambio real. El abogado Jaime Alfonsín Alfonso, hasta ahora jefe de la Secretaría del príncipe de Asturias, sustituye desde hoy al diplomático Rafael Spottorno Díaz-Caro como jefe de la Casa del Rey, tras ser designado por Felipe VI para esta responsabilidad.

Navarro “es discutible el ámbito del aforamiento”

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, considera “lógico” que Juan Carlos I disponga de aforamiento tras su abdicación aunque dice que el “ámbito” en el que debería aplicarse, en relación con la jurisdicción penal o civil, es “discutible”.

7.000

Entre los 10.000 aforados que hay en España, 5.000 son jueces y otros 2.000, fiscales.