Upn cede a la presión y anula la distinción a Franco con 40 años de retraso

pamplona - El Gobierno de Navarra hizo público ayer el acuerdo adoptado en su sesión del miércoles, mediante el cual anula 10 de las 12 distinciones otorgadas a reconocidos franquistas durante la dictadura. El anuncio lo hizo el consejero de Interior, Javier Morrás, casi de tapadillo en una comparecencia parlamentaria, a petición de Izquierda-Ezkerra (I-E), para explicar el grado de cumplimiento de la conocida como Ley de Memoria Histórica.

La derogación de estas menciones llega con 40 años de retraso y justo 11 días después de que este periódico denunciara que estas concesiones todavía estaban en vigor.

En concreto, la decisión del Ejecutivo de UPN, que se resistía a anular estos desfasados e ilegales reconocimientos, afecta a la consideración de hijo adoptivo de Navarra que Francisco Franco Bahamonde tenía desde el 27 de diciembre de 1974. Asimismo, dejan de ser hijos predilectos los generales navarros José Solchaga Zala y José Iruretagoyena Solchaga, y se retira la condición de hijos adoptivos a los también generales Francisco García Escámez, Rafael García Valiño y Ricardo Rada Peral, condición que todos ellos mantenían desde el 12 de mayo de 1939.

también el conde de rodezno Otros dos que pierden la distinción de hijos predilectos son Tomás Domínguez Arévalo, más conocido como el conde de Rodezno y que fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de Franco, así como el político Luis Arellano Dihinx, que ejerció de subsecretario de Justicia cuando el conde de Rodezno era ministro.

La lista distinciones otorgadas en el franquismo y ahora anuladas se completa con el teniente general Luis Orgaz Yoldi y el autodenominado charlista Federico García Sanchíz, que eran hijos predilectos.

Todos ellos tuvieron una destacada participación tanto en el ilegítimo golpe militar del 18 de julio de 1936, como en la posterior represión.

Mantiene, sin embargo, la condición de hijo adoptivo Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona entre 1935 y 1946 y que llegó a calificar la guerra civil de cruzada; y sigue como hijo predilecto Manuel Arce Ochotorena, otro obispo que apoyó sin rodeos la sublevación militar.

Voluntad de cumplir Más allá de anular estos extemporáneos reconocimientos, Javier Morrás aseguró que el Gobierno tiene “plena voluntad de dar entera satisfacción” a las disposiciones recogidas en la Ley de Memoria Histórica, aprobada en noviembre de 2013 y que había la obligación de cumplir en un año.

El consejero reprochó a la oposición que aprobara esta norma “sin la memoria económica” y precisamente alegó “falta de financiación” para justificar el retraso que acumula el Gobierno en el desarrollo de esta ley.

Txema Mauleón (I-E) consideró “ridículo” el coste de la ley, que calificó de “calderilla” tras explicar que se han desembolsado unos 15.000 euros en cada uno de los dos últimos años. Pedro Rascón (PSN) subrayó que “se está cumpliendo, pero tarde”, Victor Rubio (Bildu) dijo que “estamos hablando de poco dinero” y Patxi Zabaleta (Aralar) preguntó por quiénes serán incluidos en la placa de Diputación. Eloy Villanueva (PPN) dijo que la ley no le “gusta, pero pidió que “se cumpla”.

Javier Morrás explicó en qué grado se está cumpliendo la Ley de Memoria Histórica.

Comisión técnica. Está constituida pero solo se ha reunido una vez.

Mapa de fosas. Continúa el trabajo para su actualización.

Protocolo de exhumaciones. El Gobierno ofrece su colaboración, pero dice que su financiación es “un problema”.

Acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona. Firmado el 13 de noviembre de 2014, ha permitido inhumar restos de víctimas no reclamadas de la Guerra Civil.

Solicitar la nulidad de juicios. Se pidió al Gobierno de España que anule los juicios del franquismo, pero no ha respondido.

Programa educativo. Se ha trasladado al departamento de Educación para que revise los textos sobre el franquismo

Placa a los trabajadores de Diputación asesinados. Está encargada y se colocará en breve.