En su primer año como lehendakari, se han resuelto los conflictos de la Ertzaintza y la escuela pública, ha activado ayudas para la industria… Usted ha defendido que es un Gobierno de acción, pero la oposición dice que ha sido un Gobierno de reacción, de gestión, que se ha limitado a dar respuesta a los asuntos que le salían al paso. ¿Cómo recibe esas críticas?
Yo dije que hemos sido un Gobierno de acción en un mundo de incertidumbres. Eso nos obliga a tomar decisiones con mucha rapidez. El ejemplo más evidente es la guerra arancelaria de la administración Trump, donde no sabemos si la Unión Europea va a ser capaz de llegar a un acuerdo con Estados Unidos, y el 9 de julio vence el marco de negociación. Pero nosotros ya en febrero habíamos activado un grupo de defensa para la industria vasca, dos meses después presentamos un paquete de más de 2.150 millones en ayudas, y hemos aprobado un Plan Industrial. Somos un Gobierno que, efectivamente, tiene que reaccionar con rapidez ante cualquier modificación que se produce en la agenda internacional, somos un Gobierno que actúa ante conflictos que tenemos que intentar encauzar, y también somos un Gobierno de iniciativa, porque estamos poniendo encima de la mesa muchas iniciativas que buscan preparar el futuro de Euskadi, cómo transformamos este país para las nuevas generaciones.
¿Que el PNV haya registrado en solitario una proposición de ley para blindar el euskera en las ofertas públicas de empleo es un incumplimiento de los términos de su acuerdo de coalición como dice el PSE? ¿Abre una crisis?
La clave de bóveda del Gobierno en relación con el euskera está recogida en el compromiso 44 y sus dos iniciativas (garantizar el uso de la lengua oficial escogida por cada persona en la administración pública, y promover ayudas y liberaciones para que los empleados públicos aprendan euskera y se cumpla el decreto de 2024). El PNV ha presentado una iniciativa para que tenga su propio recorrido en el Parlamento Vasco, al objeto de dar una respuesta legislativa a la judicialización que en el ámbito del euskera y la administración pública vasca se está dando estos últimos meses. Pero quiero dejar claro que ese es el ámbito del Parlamento y del debate de los partidos. El Gobierno vasco ya ha presentado públicamente su estrategia: Jauzia Gara. Porque creemos firmemente que el futuro del euskera no se juega únicamente en la administración pública. Hay que seguir avanzando ahí, por supuesto, pero sin perder el foco: el futuro del euskera está en la calle, el ocio, el patio del cole, el trabajo o el mundo digital. Y eso no se logrará por ley. Las leyes deben ayudar, las políticas lingüísticas deben apoyar, proteger, impulsar y crear condiciones, pero la clave está en la sociedad vasca. No debemos instrumentalizar el euskera. Hay que salir de ahí. Debemos alinear los esfuerzos de las instituciones, el movimiento euskaltzale, los medios de comunicación, las empresas, las familias, la ciudadanía… para dar ese nuevo impulso que necesita la revitalización. Y la estrategia del Gobierno para ello es Jauzia Gara.
¿Cuál es el punto débil de la legislación al que se aferran los tribunales para decir que la exigencia de euskera no es proporcionada?
No hay una única jurisprudencia, lo cual es llamativo. Algunas sentencias revalidan las OPE. En todo caso, hay un elemento, que es la interpretación restrictiva de los índices de plazas que deben cumplirse y que, en vez de entenderlos como mínimos, los entienden como máximos. Las administraciones públicas se encuentran con sentencias que no se ajustan a la realidad sociolingüística del entorno porque hay una interpretación restrictiva.
EH Bildu propone dar la vuelta al planteamiento vigente, y que el euskera sea requisito obligatorio en todas las OPE y, a partir de ahí, fijar las excepciones. ¿A usted este planteamiento le suena bien, o cree que detrás de él hay un intento de desechar el trabajo por la normalización del euskera de las últimas décadas?
La posición del Gobierno la fijábamos cuando presentamos Jauzia Gara: hay que reconocer cuatro décadas muy positivas en términos de normalización y uso de la lengua vasca en Euskadi. En 1982 se aprobó la Ley del Euskera, una ley visionaria, porque estaba basada en la libertad de elección de los padres en relación con los modelos lingüísticos en el sistema educativo para sus hijos e hijas, y una manera de normalizar el euskera desde el consenso y la incorporación de distintas sensibilidades. Ese recorrido hace que hoy tengamos 261.000 euskaldunes más. Nos encontramos ahora con una EH Bildu que presenta una iniciativa legislativa en el Parlamento Vasco, única y exclusivamente focalizada en una modificación legal, y única y exclusivamente focalizada en el ámbito de la administración pública vasca. Desde el Gobierno, lo que hemos puesto encima de la mesa es un marco mucho más amplio para revitalizar el uso del euskera en el ámbito laboral, en la calle, en el ocio, los medios de comunicación, en relación con la migración... Es importante buscar una solución que blinde el euskera en la administración pública porque es un derecho que tiene la ciudadanía, pero esto per se no va a solucionar un reto que es mucho más amplio. Mi impresión es que EH Bildu hizo ese movimiento para intentar marcar un terreno. El planteamiento rompe de alguna forma varias décadas de trabajo desde otros consensos, y es un movimiento más táctico y político que otra cosa, y no creo que sea el mejor movimiento para ayudar a la revitalización del euskera. Pretende condicionarnos a otros, pero para mí lo más relevante es que el euskera esté fuera de la lucha partidista y de los intereses que tienen a veces diferentes agentes para utilizarlo como arma arrojadiza.
¿Tiene la sensación de que Bildu trata, de manera recurrente, de sembrar la discordia entre PNV y PSE?
Yo creo que forma parte de su manual político ir generando algún tipo de tensionamiento entre los dos partidos que sustentan al Gobierno de coalición, obviamente. Esto no es nuevo. Es legítimo que lo hagan, pero nosotros somos conscientes también de los movimientos tácticos que hace EH Bildu y lo que buscan.
“Forma parte del manual político de EH Bildu generar tensionamiento entre PNV y PSE; es legítimo, pero nosotros somos conscientes”
¿La necesidad del PSE de marcar perfil en estos dos próximos años hasta las elecciones municipales y forales puede complicar la convivencia dentro del Gobierno?
Dentro del Gobierno de coalición tenemos un programa con más de mil iniciativas y compromisos, y eso es lo que nos une. Es el armazón, la argamasa que nos permite dar una respuesta a las demandas de la ciudadanía vasca y es nuestra hoja de ruta. Obviamente, no significa que los partidos que sustentan el Gobierno vasco no tengan cada uno su propia identidad, personalidad e ideología, y haya momentos en los que se pueda discrepar. Lo que sí me parece es que tenemos que hacer un esfuerzo ambos partidos y también quienes tenemos responsabilidades públicas por dirimir estas discrepancias en el ámbito privado e intentar no exteriorizarlas, porque creo que le hace flaco favor a la acción institucional y a la imagen de gobierno. Tenemos margen de mejora ambos partidos y yo como máxima autoridad del Gobierno. Podríamos hacer un ejercicio de autocrítica en ese sentido, porque hemos tenido algún episodio que creo que podríamos haber evitado.
“PNV y PSE debemos hacer un esfuerzo por dirimir las discrepancias en privado, porque hace un flaco favor a la imagen de gobierno”
Una de sus propuestas clave durante la campaña electoral fue la mesa para el pacto sanitario. Haya o no acuerdo, ¿ha servido para algo?
Pacto de salud va a haber, y creo que van a estar mayoritariamente los agentes que han estado desde el inicio. Que alguien se pueda caer es posible, pero pacto como tal va a haber. En la mesa están todos los colegios profesionales, todas las universidades vascas, asociaciones de pacientes, sindicatos profesionales y de clase, y los partidos además del propio Gobierno. No tenemos que perder de vista que hemos pasado dos fases con consenso absoluto, del 100%, que son la fase de diagnóstico y la de principios y valores. Estamos en una tercera fase, con 24 mesas de trabajo de carácter técnico, y en 22 de ellas también hay consenso absoluto. Hay un 90% de elementos acordados. Por lo tanto, quien no quiera estar en el pacto tendrá que explicar muy bien por qué no quiere estar después de haber hecho todo este recorrido de manera colaborativa. Respecto a los elementos en cuestión, está la mal llamada privatización. Siempre hemos defendido que desde la colaboración público-privada en este país se puede hacer una aportación positiva al sistema público vasco.
¿En qué sentido?
De cada 100 euros, 95 se quedan en la propia Osakidetza y solo 5 son los que se conciertan con terceros que pueden ser privados o pueden ser del ámbito de la iniciativa social. Son la Cruz Roja, la fundación Matia, hospital San Juan de Dios, el acceso a pruebas diagnósticas para ser más rápidos en la respuesta a los pacientes con algunas clínicas privadas, o la subcontratación de la limpieza. Pero son 5 de cada 100 euros, la cifra más baja de toda Europa. Alguien ha querido hacer de esto un debate ideológico, pero sin demasiado sustrato. Es el momento de comprometerse con el pacto, dejar pelos en la gatera todos, ceder en la posición inicial, y mojarse. A mí me gustaría que estemos a la altura todos para que estas próximas horas y días hasta el 27 de junio podamos llegar a un consenso, y que no hagamos ideología con estas cuestiones. Todavía estamos a tiempo.
“Hay que dejarse pelos en la gatera para alcanzar un pacto sanitario; no hacer un debate ideológico con la colaboración público-privada”
¿Por qué EH Bildu no tiene ningún problema con la concertación público-privada en el ámbito educativo y sí en el sanitario?
Es EH Bildu quien tiene que responder por qué aquí se pone tan digno con esta cuestión, y en otros ámbitos, no. Y tampoco tiene un problema desde el punto de vista discursivo, porque nos estamos cansando de escuchar a Bildu la importancia que tiene la colaboración público-privada, algo que hasta la fecha rehuía y ahora parece que quiere poner en valor. En cambio, esta obsesión con lo que denominan privatización es muy llamativa.
¿Usted vería como un fracaso que el pacto se firmara sin EH Bildu, el principal partido de la oposición, y sin Satse, el sindicato fuerte en Osakidetza?
Quiero pensar que vamos a ser capaces de que todas las fuerzas políticas y sindicales que han participado en la mesa estén en esa foto. No me pongo en otro escenario. Si algo han demostrado el departamento y el propio consejero es capacidad de diálogo y empatía. En todo caso, quien se salga del pacto va a tener que explicarlo mucho y muy bien, porque es difícilmente comprensible después del recorrido que hemos hecho de la mano.
“Cerrar la ‘operación Talgo’ está en manos del Gobierno español; se tiene que volcar”
¿La ‘operación Talgo’ no se cierra porque hay un pulso con el Estado por el control de la Sepi?
No diría eso. La operación Talgo tiene un problema de base que es la multa que le impone Renfe a Talgo de 116 millones de euros, una multa que va contra el balance y los fondos propios de la compañía. Las entidades financieras dicen: hay que reforzar el balance. Al final, tenemos que activar capital adicional. Nosotros hemos puesto encima de la mesa en colaboración con el señor Jainaga (Sidenor) alternativas distintas. Algunas tienen que ver con que la Sepi podría jugar un papel o no. Otras tienen que ver con el Ministerio de Economía o el de Transportes. Esta semana, el consejero Jauregi ha estado en Madrid. Nosotros seguiremos insistiendo en que todo deriva de que Renfe fue incapaz de buscar una solución a la sanción. Si la voluntad política del Gobierno español es absolutamente clara, se puede cerrar en un espacio de tiempo corto. Pero se tiene que volcar el Gobierno español, y hoy está más en manos del Gobierno español que de otros.
El Gobierno vasco se ofreció a adelantar una parte de la inversión necesaria para que el Estado aumente la capacidad eléctrica de la industria. ¿Tiene alguna estimación del dinero que haría falta para lograr 6.000 megavatios más?
Implicaría una inversión aproximada de 2.500 millones de euros adicionales. Hay varios problemas para que se pueda llevar a cabo. Una legislación de 2014 aprobada por el Gobierno del señor Rajoy que impide una inversión que supere el 0,13% del PIB. Por tanto, hay que hacer una modificación legislativa. Habría mecanismos para evitar esa legislación, como el que se aplicó en relación con la dana, una salida excepcional a través de un real decreto ley. Hice una visita a la acería compacta de Bizkaia en Sestao, que es una acería eléctrica, muy competitiva en términos de producto porque está produciendo acero verde, que es un acero descarbonizado en un 66%. Tienen un proyecto para descarbonizar el 100% de ese acero, y necesitan varias decenas de megavatios más. Pero esa capacidad se la tienen que dar el Ministerio y Redeia. Permitiría crear unas cuantas decenas de puestos de trabajo.
“El Gobierno se va a mojar y va a presentar un salario mínimo de convenio, pero no como imposición”
Usted ha hecho autocrítica tras la negociación presupuestaria fallida del año pasado y por ello, este año, van a empezar a negociar antes de presentar el proyecto en octubre…
Bueno, fue una solicitud, especialmente por parte de EH Bildu, y nosotros recogemos ese guante y nos comprometimos a hacerlo aunque no hubo acuerdo presupuestario. No tenemos todavía un anteproyecto de Presupuestos porque se elabora a partir de septiembre, teniendo en cuenta los datos de recaudación y de cierre del ejercicio presupuestario 2025, y los datos que se prevén para el año 2026 en el Consejo Vasco de Finanzas. Sí es cierto que ya estamos trabajando con una serie de directrices presupuestarias y sí podemos empezar a tener una primera ronda de contactos.
¿Va a ser inmediata?
Nuestra intención es que antes de agosto podamos tener una primera ronda discreta con los partidos. Hablar más en serio será a la vuelta del verano. Entonces tendremos los datos de recaudación y veremos cómo va este año 2025, porque es verdad que el primer trimestre del año hemos superado la previsión de crecimiento en una décima, pero hay que ver qué impacto tiene la guerra arancelaria, o qué ocurre con el conflicto entre Irán e Israel, donde se especula con que Irán pueda cerrar el estrecho de Ormuz, y eso impactaría en el comercio internacional. Podríamos enfrentarnos a una nueva crisis de suministros y energética. Pero lo que sí sabemos es que el primer trimestre del año la economía vasca sigue fuerte.
"Los 6.000 megavatios más para la industria implicarían una inversión de 2.500 millones, pero la legislación del Estado lo impide”
¿Esta ronda de contactos también le va a permitir discriminar desde el primer momento con qué partido hay agua en la piscina? Ustedes cerraron la negociación fallida con la sensación de que Bildu había estirado demasiado su protagonismo…
La impresión que nos quedó fue que Bildu no quería ser el malo de la película, pero su voluntad de negociación no sé hasta qué punto era del todo sincera. PNV y PSE tenemos una mayoría suficiente, pero nuestra voluntad siempre es ensanchar los acuerdos.
Se avecina otro desencuentro con EH Bildu porque rechaza que se rebaje la reserva para vivienda protegida del 75% al 60%. ¿A usted le sorprendería que EH Bildu, habiendo votado a favor de la Ley de Vivienda del Estado, votara en contra de la Ley vasca de medidas urgentes?
Lo que no puede pretender EH Bildu es responder con las recetas de 2003 a las necesidades del año 2025. Porque la ley de medidas urgentes modifica sobre todo la Ley de Suelo de 2003. Buscamos construir más, más rápido y desburocratizar, respetando siempre la libertad de los ayuntamientos vascos, porque una de las medidas es bajar del 75% al 60% los ratios de vivienda protegida siempre y cuando lo decida el ayuntamiento. EH Bildu tiene un centenar. Vamos a ver lo que hacen. La ley la combinamos con una línea de avales para jóvenes para la compra de vivienda, porque hay personas que quieren vivir en alquiler, y personas que quieren comprar. Todo esto es lo que probablemente no le guste a EH Bildu, porque su esquema tiene que ver más con imponer un determinado modelo.
Usted dijo que el Gobierno vasco iba a hacer una propuesta sobre el salario mínimo en julio. ¿Con cifra?
—El Gobierno vasco se comprometió a hacer un análisis con muchos datos de todos los sectores de actividad como elemento para el debate e intentar buscar un acuerdo entre patronal y sindicatos. Se pondría sobre la mesa un salario mínimo de convenio con una cifra incluso, pero explicando por qué llega el Gobierno a esa cifra y por qué esa cifra puede permitir un acuerdo razonable para todas las partes. El Gobierno se va a mojar y el compromiso es que durante la primera quincena de julio se presente ese documento. El departamento de Mikel Torres está ultimando el documento y lo va a presentar en la mesa de diálogo social, pero no como algo que impone el Gobierno.
El Gobierno vasco ha impulsado una Alianza Financiera Vasca de 1.000 millones, con la esperanza de movilizar 3.000 en inversión privada. ¿Cómo de llena está esa hucha?
Se han activado 1.000 millones en el ámbito privado con iniciativas como la de Kutxabank a través del fondo Indar; las fundaciones bancarias de Bizkaia y Gipuzkoa, BBK y Kutxa; el clúster Gaia con 200 millones en las tecnologías de la información y la comunicación, el ámbito digital… Hay capacidad financiera ahorrada en Euskadi, y creo que hay que aflorarla para ponerla al servicio de la transformación industrial y económica. Desde el Gobierno vasco dimos el paso con 1.000 millones, ya se han presentado 1.000 más, y ya tenemos, por lo tanto, 2.000 en apenas tres o cuatro meses.
