El exministro de Transportes José Luis Ábalos y quien fuese su más estrecho asesor, Koldo García, regresan este lunes al Tribunal Supremo tras los últimos indicios recabados por la Guardia Civil, que les implican en presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública y en un supuesto reparto de mordidas.
Será la segunda vez que comparezcan ante el juez Leopoldo Puente. Ambos lo hicieron hace meses, cuando la causa se ceñía esencialmente al posible cobro de comisiones en relación a contratos de mascarillas en pandemia.
Los últimos hallazgos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han hecho que la causa escale al posible amaño de contratos de obra pública y al presunto cobro de contraprestaciones económicas que también ha salpicado al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, citado como investigado el 30 de junio.
La UCO apunta a pagos de 620.000 euros
Creen los investigadores que Ábalos y Koldo actuaron en favor de las constructoras Acciona, LIC y OPR para "la obtención, presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública", y que eso les habría generado una contraprestación económica.
La Guardia Civil apunta en su informe que Ábalos y Koldo habrían percibido, presuntamente, de Acciona 620.000 euros, que habrían sido gestionados por Santos Cerdán. Según Koldo, quedarían 450.000 euros pendientes de cobro.
En una entrevista con la Cadena Ser el jueves, Ábalos dijo que era el "imbécil de todo esto" porque Cerdán y Koldo "penetraron en el Ministerio", donde le "presionaron para tratar de influir" en las contrataciones, y negó reconocerse en los audios de las conversaciones grabadas por su exasesor. Aseguró que declararía ante el juez.
Los supuestos contratos amañados conectan con Adif y la Dirección General de Carreteras. El juez ha visto indicios de que sus entonces responsables, Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, siguiendo "directrices" que Ábalos "impartía" a través de su asesor, contribuyeron para que las adjudicaciones "pudieran llegar a buen término".
Pardo de Vera ya está investigada en la Audiencia Nacional por la contratación de una expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Este martes testifican cuatro responsables de la primera mercantil y de ADIF de entonces.
Posible valoración de medidas
El juez del Supremo ve en la causa indicios de delitos de organización criminal y cohecho, que ya pesaban contra Ábalos y Koldo (junto al de tráfico de influencias), y por el que ya tienen en su haber medidas cautelares -no pueden salir del país y deben comparecer ante el juzgado cada quince días -, si bien tras su comparecencia el lunes, el juez podría valorar agravarlas si se lo piden.
El propio juez advirtió a Koldo García -ante sus intentos de aplazar su declaración- de que si no comparece, podrá adoptar las medidas cautelares que procedan. El exasesor, que en un principio se inclinaba por no declarar, ha solicitado hasta tres veces cambiar su citación y ha cambiado de abogado a las puertas de su comparecencia.
