Comptos cuestiona la actuación de Esparza en la adjudicación del Canal

Pamplona - La Cámara de Comptos cuestiona la actuación del consejero José Javier Esparza en la adjudicación de las obras de ampliación de la primera fase del Canal de Navarra. El órgano fiscalizador no observa irregularidades en la actuación del consejero de Administración Local, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, pero sí critica que paralizara la adjudicación -de 158 millones, la más importante de esta legislatura-, para reclamar a la mesa de contratación que solicitara informes adicionales a los colegios profesionales. Algo que atenta contra la “autonomía” y la “independencia” del órgano responsable del concurso.

Comptos destaca que la propia mesa había solicitado previamente estudios independientes, por lo que la actuación de Esparza podría haber generado “situaciones complejas” si las conclusiones hubieran sido contradictorias. “Valoramos la voluntad del Ejecutivo de buscar la mayor transparencia posible en los procesos de adjudicación de contratos significativos, pero no nos parece la forma elegida la más adecuada para lograr el objetivo previsto”, concluye Comptos, que destaca que el del Canal es “el único expediente” al que se ha aplicado el requerimiento de consulta previa a los colegios profesionales.

el informe de Comptos El análisis había sido solicitado por la oposición parlamentaria tras el atropellado proceso de adjudicación. Una disputa en la que habían chocado dos gigantes de la construcción, un consorcio liderado por Acciona y otro compuesto por OHL y Agbar (Aguas de Barcelona). Y que tras una disputa previa en la capital catalana habían trasladado la tensión empresarial a la jugosa oferta del Gobierno foral. Una inversión de 158 millones gestionada a modo de concesión durante 30 años con el siempre lucrativo peaje en sombra.

Superados todos los trámites previos el 10 de febrero de 2014, la mesa de contratación se disponía a resolver el concurso. Sin embargo, apenas hora y media antes el Gobierno suspendía el acto y solicitaba al órgano técnico que “tuviera a bien considerar y analizar” la posibilidad de solicitar informes adicionales a los colegios profesionales.

Ese mismo día Esparza explicó que el objetivo de su nueva demanda era “incrementar los mecanismos de control” y lograr una mayor “transparencia”. Algo que el Ejecutivo foral ya tenía previsto, y para lo que pretendía aprobar en breve un decreto que obligara a ello en todas las adjudicaciones superiores a 12,5 millones. El acuerdo se aprobó nueves días después, pero al no haber habido ninguna nueva adjudicación importante, el del Canal ha sido “el único expediente al que se ha aplicado esta previsión”. “Lo íbamos a aprobar de todas formas”, alegó Esparza aquel día.

Ni el Gobierno ni Comptos profundizan en los motivos de ese súbito deseo de transparencia. Sin embargo, la posibilidad de que el enfrentamiento entre las empresas aspirantes pudiera acabar judicializando la adjudicación y el riesgo a que el Ejecutivo pudiera verse inmerso en acusaciones de amiguismo parecían entonces ser los argumentos principales.

Las conclusiones Un año después, el informe de Comptos concluye que el nuevo requerimiento de transparencia del Gobierno “carece de cualquier efecto jurídico innovador” y que se limita a recomendar algo ya vigente en la legislación. Además, cuestiona la actuación de Esparza por entender que, al instar a la mesa a recabar nuevos informes, pone en cuestión su independencia. “Las mesas de contratación son órganos colegiados y técnicos. Se les exige el máximo grado de rigor, imparcialidad e independencia, por lo que ha de procurarse en todo momento reforzar su actuación, evitando influencias externas que puedan ponerla en entredicho”, señala.

Comptos critica así que el consejero, un superior directo de los funcionarios que componen la mesa de contratación, realice a modo de sugerencia cómo debe actuar y qué informes debe solicitar. Algo que “no está previsto en la legislación vigente y puede afectar a la autonomía de funcionamiento de estos órganos técnicos colegiados”.

El órgano fiscalizador constata además que al final los requisitos económicos han tenido especial importancia en la adjudicación, por lo que la aplicación de la fórmula prevista en los pliegos para valorar las ofertas económicas ha sido “determinante”. En ese sentido, constata que aunque “la solicitud de la mesa de informes a los colegios profesionales, atendiendo la recomendación del Gobierno de que tuviera en consideración un acuerdo todavía no aprobado y cuya literalidad ya venía recogida en los pliegos, no ha alterado el resultado de las decisiones de la mesa”, sí advierte de que la actuación del consejero “podría haber dado lugar a situaciones complejas”.

Por ello, y a modo de conclusión, la Cámara de Comptos recomienda al Gobierno de Navarra que “reconsidere” su acuerdo del 19 de febrero de 2014 “al ser una mera recomendación que carece de cualquier efecto jurídico innovador del marco vigente en materia de contratación”. “Si considera que supone realmente una medida de importancia para mejorar la transparencia, debería incorporarla a la legislación de contratos mediante la tramitación del oportuno proyecto de ley”, añade.

Finalmente, y “en aras a reforzar la independencia de funcionamiento de las mesas de contratación como órganos colegiados técnicos que son y cuyas decisiones deben adoptar de manera autónoma”, aboga por que “se eviten recomendaciones externas sobre cómo deben actuar o qué tipo de informes externos deben pedir, y que puedan afectar a la necesaria independencia que debe presidir su actuación”.

Peaje en sombra para el Canal

Polémica. Entre las consideraciones realizadas en su informe, la Cámara de Comptos también constata que la fórmula de financiación de la ampliación del Canal de Navarra es un peaje en sombra. Se trata de un polémico sistema según el cual la adjudicataria asume el coste de construcción y luego cobra un canon al erario público por el uso estimado de la infraestructura durante el periodo de concesión, que en este caso son 30 años. Para los primeros años se ha estimado un precio de 9 millones anuales. Intentando alejar la polémica, Esparza había negado que el método fuera tal, subrayando que es similar pero diferente. Comptos corrige ahora al consejero. - I.F.