Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con las autoridades de Islandia y Lituania, bajo la coordinación de Europol y Eurojust, han desarticulado una organización criminal de carácter transnacional dedicada a la exportación de cocaína y drogas sintéticas a Islandia. Entre los 34 arrestados en diversos países, hay cuatro vecinos de Pamplona que ya han ingresado en prisión (tres en Islandia y uno en la capital navarra): tres de ellos eran utilizados como correos humanos o mulas para transportar la sustancia estupefaciente oculta en equipajes facturados o ingerida en forma de cápsulas en vuelos comerciales, mientras que el cuarto se dedicaba a captar a dichas personas.
La red obtuvo beneficios superiores a los 4 millones de euros gracias a la venta de drogas desde Sudamérica, los cuales se habrían blanqueado mediante propiedades y bienes inmobiliarios en Lituania. La operación se ha saldado con la detención de 34 personas en distintos países europeos –España (4), Lituania (7), Islandia (20), Bélgica (2), Dinamarca (1)– y la incautación de más de 100 kilogramos de cocaína, además de otras drogas sintéticas.
Arrestados en el aeropuerto
La investigación se inició en febrero de 2025, cuando las autoridades policiales islandesas informaron a la Policía Nacional de la detención de dos ciudadanos españoles en el aeropuerto de Keflavík. Los arrestados transportaban en su equipaje ocho botellas de ron, que contenían un total de 8.400 mililitros de base de cocaína líquida. La procedencia inicial era España, concretamente el Puesto Fronterizo de Bilbao.
Durante la misma, se constató la existencia de una organización criminal transnacional integrada por ciudadanos de diversas nacionalidades y liderada por un ciudadano ruso afincado en Lituania, considerado objetivo de alto valor por Europol.
Identificación de la estructura española
Tras las primeras investigaciones se solicitó apoyo operativo a la UDYCO para la localización e identificación de posibles integrantes de la organización que pudieran encontrarse en España. Esta acción se implementó considerando la habitualidad con la que el líder de la red se desplazaba a ciudades españolas como Barcelona, Gijón, Vigo y Viveiro (Lugo).
Desde entonces se produjeron diversas aprehensiones de cocaína en Islandia, transportada tanto en equipajes facturados como, en algunos casos, oculta en el interior del cuerpo de los correos, quienes eran detenidos en el mismo momento de la incautación.
El análisis del perfil de los detenidos permitió confirmar que los dirigentes del entramado criminal se servían de personas en situación de especial vulnerabilidad económica y social, seleccionando individuos sin recursos, con entornos familiares desestructurados y carentes de estabilidad social. La organización se aprovechaba de este contexto para instrumentalizarlos como mulas, ofreciéndoles a cambio una compensación económica mínima y claramente desproporcionada en relación con el riesgo asumido.
Coordinación fronteriza
Gracias a la colaboración de los Puestos Fronterizos de Bilbao y Las Palmas, se logró identificar a una de las personas responsables de acompañar a las mulas hasta el aeropuerto, la cual supervisaba tanto la facturación del equipaje como el embarque en los vuelos correspondientes. Asimismo, se pudo alertar a las autoridades de Islandia y Lituania sobre sus desplazamientos, lo que permitió la incautación de la droga y la detención de los correos en su destino.
La labor operativa desarrollada por las distintas unidades participantes resultó determinante para la identificación de los miembros de la organización asentados en España, responsables del reclutamiento de personas vulnerables y de la organización de los desplazamientos, llegando incluso a acompañarlas hasta su destino final.
Explotación operativa
Tras más de un año de investigación, en la que Europol y Eurojust desempeñaron un papel clave en la cooperación policial y judicial internacional, el 4 de febrero de 2026 se llevó a cabo la explotación operativa simultánea en varios países de la Unión Europea. Para ello se estableció un Centro de Coordinación Operativa y un canal seguro de comunicaciones.
Durante la operación se realizaron 41 registros en total, tres de ellos en Pamplona, donde se intervinieron numerosos terminales telefónicos e informáticos de gran interés, dinero en efectivo, monederos de criptomonedas y útiles para la fabricación de dobles fondos en maletas. Además, en la capital navarra se detuvo a un varón como supuesto captador de la red, que ya ya sido encarcelado.
Desde el inicio de la investigación, se han incautado más de 100 kilogramos de cocaína, 5.100 pastillas de MDMA y alrededor de un kilogramo de ketamina y metanfetamina, lo que ha permitido desarticular por completo el entramado criminal y detener a 34 personas: 20 en Islandia, 7 en Lituania, 4 en España (una de ellas en Navarra), 2 en Bélgica y 1 en Dinamarca. Entre los detenidos, 15 ciudadanos españoles, tres de ellos vecinos de Pamplona, permanecen actualmente en prisión en Islandia.
Estrategia europea
Agentes de la Policía Nacional Española han llevado a cabo esta operación, alineada con la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea. Dicha estrategia se enfoca en cuatro puntos clave: establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro, combatir las amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y la delincuencia organizada, y forjar un robusto ecosistema de seguridad europeo.
Para lograr estos objetivos, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME por sus siglas en inglés), junto con las agencias de la UE y fondos específicos de la UE, como los Fondos de Seguridad Interior (ISF por sus siglas en inglés), respaldan a los Estados miembros en la lucha contra las amenazas criminales mediante operaciones coordinadas dirigidas a desmantelar las redes criminales y sus modelos de negocio. Las intervenciones efectuadas bajo este esquema han sido cofinanciadas por la Unión Europea, como parte del apoyo a los Estados miembros para combatir las redes delictivas que constituyen las amenazas más significativas para la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la Unión en su conjunto.
