El Gobierno de Navarra ha iniciado el proceso de participación para poder aprobar una nueva Ley Foral de Víctimas de Terrorismo que suponga una mejora en la atención y reparación de este colectivo que, en lo relativo a las competencias autonómicas, está regulado por una norma foral que data ya de 2010. La vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y euskera, Ana Ollo, ha informado esta mañana al Ejecutivo sobre las líneas básicas de este borrador de anteproyecto de Ley Foral que, partiendo de un enfoque más actual e integral que la ley anterior, incluye beneficios y avances concretos tanto económicamente como asistencialmente para las víctimas de terrorismo.
Por un lado, la futura ley pretende avanzar en el reconocimiento individual y social, impulsando programas educativos que deslegitimen la violencia con la sociedad en general, y con las nuevas generaciones en particular. Y, por otro lado, la nueva norma creará un órgano de participación con las asociaciones de víctimas del terrorismo.
La Ley de Víctimas del Terrorismo está incluida en el Acuerdo Programático de los tres grupos que sustentan el Gobierno y también en el plan normativo anual de 2026. Sus principios se inspiran en el compromiso de impulsar una memoria integral, de deslegitimación de toda violencia política y de atención a todas las víctimas, sin equiparaciones ni diluciones, cada cual en su contexto victimológico con sus respectivas normas de referencia.
Cabe recordar que las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista tienen su propia normativa que emana de la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, mientras que las de violencia de motivación política causada por funcionarios o grupos de extrema derecha se regulan por la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo. El ámbito de las víctimas del terrorismo (en especial de ETA y, también, de otros grupos) es el que cuenta con una legislación más antigua (16 años), aprobada además un año antes de que el propio Estado –Administración competente para el reconocimiento oficial de este tipo de víctimas- sacara adelante su normativa, en 2011.
El paso de los años, la necesidad de dar mayor seguridad jurídica y aclarar distintos aspectos de su aplicación -cuestiones también demandadas por las asociaciones- y la oportunidad de introducir nuevos conceptos y enfoques, así como adaptarse y prever nuevos escenarios, es lo que ha llevado al Gobierno a impulsar esta ley. Así, la norma -susceptible de ser enriquecida en el proceso de participación social y negociación parlamentaria- contiene distintas novedades en su texto inicial, que se puede conocer en el portal de participación del Gobierno de Navarra.
Nueva oportunidad para pedir el complemento foral para víctimas reconocidas
La vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha reiterado que la nueva norma “pretende ser una ley integral (siempre dentro del contexto victimológico del terrorismo) y actualizada, que vaya más allá de una ley centrada en las ayudas como lo es la de 2010”. En este ámbito, las indemnizaciones y reparaciones económicas, hay distintos avances con efectos prácticos respecto a la situación legal actual, tanto mirando al futuro como al pasado.
Así, la futura norma incluye la apertura de un nuevo periodo temporal de 4 años para que las víctimas del terrorismo opten a las ayudas complementarias -si tienen derecho a ellas y no las solicitaron, por distintas razones, entre los años 2010 y 2012, marco que fijó la vigente norma foral. También, por coherencia con la ley estatal (2011), se extiende hasta enero de 1960 el marco temporal de los hechos que pueden motivar esta solicitud. Anteriormente se contemplaba hasta finales de junio de ese mismo año.
La nueva ley también prevé mecanismos para que puedan incorporarse nuevas víctimas originadas por nuevas acciones terroristas, además de nuevas solicitudes, fruto de reconocimientos oficiales de hechos sucedidos previamente, pero que no habían logrado ese estatus. Cabe recordar que es el la Administración General del Estado quien tiene las competencias para realizar el reconocimiento oficial de una víctima de terrorismo, concediendo la indemnización correspondiente en su caso. Sin embargo, las comunidades autónomas, al amparo de sus competencias, pueden complementarla, algo que la norma foral fija según situaciones (fallecimientos, daños físicos y psicológicos, etc.) con otra cantidad que supone un 30% de la cuantía reconocida por la Administración General del Estado.
Más allá de las ayudas económicas en forma de indemnizaciones, la norma también amplía derechos y reparaciones en atención sanitaria y psicológica, en el ámbito de la vivienda, la educación y el ámbito fiscal, de forma que se consiga una protección integral de la víctima de la violencia terrorista como “vía de superar la situación de vulneración y privación de derechos a la que se avoca a quien sufre la acción violenta y, en determinados casos, los integrantes de su unidad familiar”, según se explica en el preámbulo de la ley.
Además, el nuevo texto legal permitirá extender este segundo tipo de apoyos en la atención a las víctimas vinculadas a Navarra, que tienen un reconocimiento honorífico en forma de “encomienda” por parte del Estado, pero no así el reconocimiento administrativo que da derecho a la indemnización estatal y, por tanto, no pueden ser complementadas en materia de reparación económica con el complemento foral. En conjunto, la futura ley se traducirá en más derechos para más víctimas que con el marco normativo actual.
Reconocimiento social y trabajo educativo
Por otra parte, el texto incorpora nuevas medidas tanto en materia de “derechos” de las víctimas como de “deberes” de la Administración. Además, la nueva ley apuesta por herramientas y cauces para la sensibilización (exposiciones, publicaciones, etc.), educación para la paz y la convivencia (con iniciativas como el programa Eskutik o las Escuelas con Memoria por la Paz y la Convivencia), investigación, etc. También, se plantea crear el Consejo de Participación de las Víctimas del Terrorismo como órgano consultivo y de asesoramiento sobre las políticas públicas que se llevan a cabo en esta materia y constituido por representantes de la Administración y por miembros de las asociaciones de víctimas más representativas en Navarra.
Asimismo, se apuntan medidas de refuerzo del reconocimiento institucional y social (se fija el 11 de marzo como Día de las Víctimas del Terrorismo y se prevén distinciones honoríficas), así como la posibilidad de facilitar subvenciones y convenios con asociaciones de víctimas y otras entidades públicas o privadas.
Estos son algunos de los elementos incluidos a lo largo de los 38 artículos de la nueva norma, repartidos en ocho títulos y las cuatro disposiciones adicionales. Algunos de estos artículos precisarán del correspondiente desarrollo reglamentario, como el compromiso para elevar el nivel de protección administrativa a placas que señalicen en el espacio público lugares donde se produjeron atentados, garantizando el respeto a las mismos y, sobre todo, a la memoria de las víctimas.
Reuniones previstas con grupos políticos y asociaciones
“Se trata -ha resumido la vicepresidenta Ollo- de una ley en positivo, que no solo busca reparar económica y socialmente por lo sucedido en el pasado a las personas y familias que sufrieron una violencia que nunca debió producirse, sino afrontar nuevos fenómenos terroristas que, por desgracia siguen a la orden del día en el ámbito internacional. También para construir un futuro en paz y convivencia, trabajando con las nuevas generaciones de navarros y navarras”. Ollo también ha reiterado el inequívoco compromiso del Gobierno de Navarra por la condena y rechazo del terrorismo y cualquier legitimación de la violencia como instrumento político. En este sentido el anteproyecto introduce, desde su artículo 2, los principios rectores de “dignidad, memoria, verdad, justicia, protección de las víctimas, reparación y reconocimiento”.
Asimismo, Ollo ha explicado que confía en que, desde un diálogo abierto y constructivo, este texto sea enriquecido y compartido en el proceso de participación y escucha activa que procede para elaborar una ley como la presente, tanto desde el ámbito social como como del institucional y parlamentario, también previstos. “El presente borrador de anteproyecto de ley, que ha sido trabajado hasta el momento de forma interna con los diferentes departamentos del Gobierno, ha sido trasladado a todos los grupos parlamentarios y a las asociaciones principales de víctimas del terrorismo con presencia en Navarra (ANVITE, COVITE y AVT), con la consiguiente convocatoria de una primera reunión para intercambiar opiniones y escuchar aportaciones” ha comentado Ollo.
A partir de su publicación hoy en Gobierno Abierto, se abre un periodo de 15 días hábiles de participación pública para que la norma reciba aportaciones de la ciudadanía, proceso que se completará de forma paralela con dicho calendario de encuentros y contactos con las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo, representantes de los grupos parlamentarios, así como otros posibles actores del ámbito social y político que también puedan realizar aportaciones o sugerencias por una vía u otra.
El Ejecutivo foral –previo paso preceptivo de la futura norma por el Consejo de Navarra y recibir su correspondiente informe- deberá activar más adelante la tramitación del texto como proyecto de Ley Foral. Seguidamente, la norma iniciaría la fase parlamentaria con debates y enmiendas que decida el Parlamento de Navarra. De esta manera, el Gobierno aspira a poder sacar adelante la nueva ley durante el presente ejercicio.
Geroa Bai valora el inicio del proceso
Geroa Bai ha valorado el inicio del proceso para la nueva ley foral de Víctimas del Terrorismo como un "avance clave en derechos, reparación y convivencia". En un comunicado, la coalición ha valorado "positivamente" el inicio, este miércoles, del proceso de participación pública. La formación ha destacado que el anteproyecto que ahora inicia su tramitación "supone un avance necesario y coherente, que da respuesta a una demanda histórica de las víctimas y abre el camino hacia una ley más actual, integral y justa, que no se limita a las ayudas económicas, sino que amplía y refuerza el conjunto de derechos y apoyos a las personas que han sufrido la violencia terrorista".
Geroa Bai ha añadido que la elaboración de esta nueva ley es, además, "un compromiso recogido en el acuerdo programático que sustenta al actual Gobierno de Navarra, y responde tanto a ese mandato político como a un compromiso ético con las víctimas y con el conjunto de la sociedad navarra".
La coalición ha subrayado que "la futura norma avanza en el reconocimiento individual y social de las víctimas, incorporando de manera decidida el trabajo educativo y de sensibilización para la deslegitimación de la violencia y la construcción de una convivencia basada en los derechos humanos, con especial atención a las nuevas generaciones".
Asimismo, la creación de un órgano específico de participación con las asociaciones de víctimas "refuerza una forma de hacer política basada en la escucha, el diálogo y la colaboración institucional".
La coalición ha destacado que "fue con la llegada de Geroa Bai al Gobierno de Navarra en 2015 cuando se impulsaron por primera vez políticas públicas de paz, memoria y convivencia, tras décadas de ausencia de una estrategia integral en este ámbito".
El proceso iniciado este miércoles es, en este sentido, "resultado del camino emprendido entonces y sostenido durante todos estos años por el departamento que dirige Ana Ollo, con el objetivo de atender a todas las víctimas desde el respeto a su especificidad y sin equiparaciones y atendiendo a cada víctima en su propio contexto".
Geroa Bai ha reafirmado su "compromiso por seguir impulsando una Navarra más justa, más cohesionada y comprometida con la memoria, la paz y los derechos humanos, situando siempre a las víctimas del terrorismo en el centro de las políticas públicas".
