La oposición de Administrativo/a ha despertado una expectación poco habitual, no solo por los más de siete mil aspirantes, sino por lo que representaba: 585 plazas que para muchas personas suponían una oportunidad real de estabilidad laboral. La fuerte criba de la primera prueba, superada únicamente por el 12,4% de los aspirantes (se presentaron 7.231 personas), confirma el carácter exigente y selectivo del proceso.
Prueba que combinó agilidad mental y conocimientos jurídicos básicos. Incluía un test psicotécnico en el que el principal reto fue la falta de tiempo y la alta exigencia de concentración, con ejercicios como series numéricas de doble lógica o razonamiento verbal con enunciados complejos, además de una parte de legislación estatal y foral que exigía precisión normativa. Más allá de los resultados, la oposición refleja una realidad social clara.
Para miles de personas, acceder a la Administración significa salir de la precariedad y optar a un empleo con horarios regulados, salario digno y derechos consolidados. La elevada presencia de mujeres entre las aspirantes no es casual: en una sociedad donde los cuidados siguen recayendo mayoritariamente sobre ellas, el empleo público se percibe como una vía para lograr estabilidad y conciliación frente a un mercado laboral marcado por la incertidumbre.
En el nivel C –el grupo habitual para los puestos de administrativo/a– el salario entre 21.000 y 32.000€ brutos anuales, pero en la Administración pública el principal atractivo no es tanto el sueldo como las condiciones laborales y la estabilidad. De ahí que para muchas de ellas era un intento de mejora laboral desde otros trabajos.
