Pamplona - El nuevo Gobierno de Navarra avanza ya en su tarea ejecutivas. Lo hace en medio de un traspaso de poderes que se está realizando con “corrección y normalidad”, según señaló ayer el propio Ejecutivo, y al mismo tiempo con la prudencia que exige llegar a un entorno hasta ahora desconocido que requiere un periodo de adaptación. “Estamos aterrizando, conociendo el nuevo terreno que pisamos”, resumía el pasado domingo la presidenta, Uxue Barkos.

Es el sentir general en prácticamente todo el Gabinete. No en vano, el cambio en la Administración foral ha sido absoluto, y de una profundidad de la que no se había dado en los últimos 40 años. Nada que ver con el relevo que se ha venido produciendo entre los distintos gobiernos de UPN de estos últimos años. De hecho, ningún miembro del Ejecutivo foral tiene experiencia directa en Gobiernos anteriores. Tampoco ninguna de las cuatro formaciones políticas que lo sustentan.

Aunque todos los consejeros cuentan con conocimiento y experiencia profesional en el área que les toca gestionar, todos llegan sin prácticamente pasado en la labor ejecutiva. Salvo Mikel Aranburu, alto funcionario de Hacienda y nuevo consejero de Política Financiera, y Ana Herrera, responsable de Cultura, el resto conocen estos días el funcionamiento interno de la Administración, un entramado con ritmos y dinámicas propias a los que se deben adaptar. Las primeras tomas de decisiones se están centrando así en la organización interna y enaspectos de carácter técnico para el funcionamiento ordinario de día a día, que van desde la organización del entorno de trabajo hasta a la reorganización de la propia estructura administrativa.

En varios casos es además especialmente complejo, ya que la composición de algunos departamentos difiere mucho de lo que venían siendo hasta ahora. Fomento, por ejemplo, ha pasado de tener departamento propio a depender directamente de la vicepresidencia de Desarrollo Económico que dirige Manu Ayerdi, que va a aglutinar áreas dispersas hasta ahora, lo que va a requerir un importante esfuerzo de coordinación. Algo similar ocurre con la vicepresidencia de Derechos Sociales de Miguel Laparra, a la que se suman ahora vivienda y empleo social protegido.

El nuevo Gobierno se ha fijado así el mes de agosto como plazo para definir y estructurar los nuevos equipos de trabajo, con el objetivo de afrontar septiembre con capacidad operativa plena. Plazo en el que paralelamente se deberán ir definiendo las líneas generales de los primeros presupuestos del Gobierno del cambio, donde previsiblemente se reflejarán las prioridades del Gabinete para el próximo año.

Un contexto en el que avanza el traspaso de poderes, “con corrección y la normalidad”, aunque en líneas generales sin más colaboración de la estrictamente imprescindible. Los consejeros salientes se están limitando así a informar y dar continuidad a las tareas ordinarias de gobierno. De momento, la mayor parte de los directores generales sigue en su puesto a la espera de un relevo que se producirá en las próximas semanas. Aunque puede que alguno se mantenga en sus actuales responsabilidades, lo más probable es que el cambio afecte a prácticamente toda la estructura directiva de la Administración. Un relevo casi absoluto que refleja la profundidad de un cambio que va más allá de las siglas, y que aspira a dar la vuelta a las políticas del Ejecutivo anterior.