madrid - El Ministerio de Hacienda ha pedido a los altos directivos del sector público estatal que utilicen, con carácter general, el transporte público en los desplazamientos, salvo que el uso del vehículo particular constituya la alternativa más económica. Una medida que tendrá dos meses de vigencia antes de las elecciones.
En una orden publicada ayer por el Boletín Oficial del Estado (BOE), Hacienda también solicita que se tenga en cuenta el uso de la tarifa turista tanto en desplazamientos de avión y tren, salvo casos excepcionales justificados por razón de la distancia del lugar de destino, duración del desplazamiento o supuestos análogos.
La orden recoge el régimen de compensación de los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención de los máximos responsables y directivos con contratos mercantiles o de alta dirección en el sector público, así como criterios de buena gestión con normas que se ajustan a principios de austeridad en el gasto, “imprescindibles en el actual contexto de restricciones presupuestarias”.
Así, Hacienda también aboga por la planificación y gestión anticipada de billetes, que permita obtener mejores precios, o por la emisión de billetes por procedimientos que permitan optimizar costes.
El Ministerio pide a los altos cargos la utilización preferente de medios tecnológicos alternativos a las reuniones y desplazamientos como audio- conferencias o videoconferencias, así como evitar desplazamientos innecesarios de equipos de trabajo. Además, defiende la fijación de criterios temporales “estrictos” para el inicio y finalización del servicio, que eviten antelaciones o prolongaciones “injustificadas” de estancia en destino. Asimismo, pide el uso de los hoteles que se incluyan en el contrato suscrito de firma centralizada por la Administración General del Estado o, en su caso, por el Ministerio de adscripción.
cosmética La orden entra en vigor a partir de hoy, si bien las entidades del sector público disponen de dos meses, hasta octubre, para adaptar sus normas y directrices internas a lo previsto en ella. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, considera esta norma una “broma de mal gusto” del Gobierno, que aprueba esta medida tarde y de forma restringida. “Parece una broma de mal gusto que, a cuatro meses de las elecciones, el Gobierno de criterios generales para que los altos cargos de las empresas públicas viajen en turista, algo que no afecta a los altos cargos del Gobierno. Es una medida cosmética más que el Gobierno lanza en este final agónico de legislatura”, opinó el dirigente socialista.
Además, Hernando considera “vergonzoso” que el Ejecutivo se descuelgue ahora con estas recomendaciones, que se derivan de la reforma laboral de 2012, “con la que ha estado cayendo” en los últimos tres años, y además sin extenderlo a “todos los altos cargos”. “Y eso cuando además hay muchos que hace mucho tiempo que viajamos en turista. Es una broma de mal gusto”, zanjó. - Efe/E.P.
¿A quién afecta? La orden no afecta a los altos cargos del Gobierno, ni al personal de la Administración General del Estado, ya que éstos están regulados por la normativa sobre Función Pública que incorpora las mismas disposiciones de la orden publicada ayer.
