Franco lleva 40 años sepultado en el Valle de los Caídos, más tiempo del que estuvo en el poder. Es decir, la democracia en el Estado español es ya un periodo más duradero que el régimen franquista, y toda una generación ha crecido con la Constitución de 1978. Sin embargo, no es tarea fácil para una sociedad pasar página después de tantos años de falta de libertades, sobre todo cuando continúan vivas miles de personas que sufrieron los estragos de la dictadura y que nunca han recibido reconocimiento institucional.
El régimen sigue presente en cierta manera en el día a día de la sociedad española. No es nada extraño pasear por una calle con el nombre de un general del bando sublevado u observar en una fachada un escudo franquista o una placa del antiguo Ministerio de la Vivienda. Tampoco asombra ya a nadie que en algunos acontecimientos deportivos grupúsculos de nostálgicos de Franco ondeen banderas con el águila y otros símbolos preconstitucionales. O que en algunas tertulias de ciertos canales de televisión se justifique e incluso se defienda la dictadura. Ni siquiera el partido que ocupa la Moncloa condena abiertamente el franquismo.
España ha vivido una Transición cerrada en falso, sin que ningún responsable o alto cargo de la dictadura haya sido sentado en el banquillo. Se ha impedido que se abran cientos de fosas comunes y que se retiren los símbolos que homenajean la victoria de Franco en la Guerra Civil, siempre con el recurrente argumento del miedo a reabrir heridas. Son los últimos resquicios del franquismo.
Los símbolos
La geografía española está repleta de esculturas y edificaciones dedicadas a ensalzar el régimen. El símbolo del franquismo por excelencia es el Valle de los Caídos, erigido por reclusos del bando republicano en las inmediaciones de San Lorenzo de El Escorial. El catedrático de Historia Contemporánea de la UPV/EHU, Mikel Urquijo, recuerda que “fue un campo de concentración en el que los trabajadores forzados fueron obligados a construir un monumento a su propia represión y el mausoleo de un asesino”. Urquijo aboga por cerrarlo o por convertirlo en un centro de interpretación de la dictadura. “En cualquier caso, se debería eliminar la tumba de Franco y sus restos entregarlos a su familia”, defiende.
Aunque en menor medida, la CAV tampoco se libra de la herencia del periodo franquista. En plena plaza Moyua de Bilbao se encuentra la Delegación de Hacienda, cuya fachada está coronada por un escudo de España de grandes dimensiones con el águila preconstitucional. En Gasteiz también permanecen dos emblemas similares al de Bilbao: uno en el interior de la catedral y otro en el antiguo Palacio de Justicia. Además, numerosos municipios vascos conservan la distinción de ciudadano honorífico otorgada a Franco.
Las calles
Las calles con nombres de personas vinculados al franquismo han estado en el candelero recientemente, tras la decisión de la alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, de rebautizar más de 150 vías y plazas que hacían referencia a la dictadura de Franco.
En Bilbao, cinco vías exaltan el régimen franquista. Las más significativas son la calle Remigio Vilariño, religioso autor de varias publicaciones vinculadas a la “Causa Católica Española”, y el puente Príncipes de España (conocido como La Salve), nombre con el que el franquismo designaba al rey Juan Carlos. “Es bueno que se retiren y así lo establece la Ley de Memoria histórica.”, explica Urquijo. En octubre del pasado año el Ayuntamiento de la villa ya eliminó el paseo en honor al falangista Rafael Sánchez Mazas en el parque de Doña Casilda.
Las cunetas
El mayor drama heredado de la dictadura son las fosas comunes. Según los últimos estudios, en las cunetas españolas quedan todavía casi 115.000 cuerpos de desaparecidos durante la Guerra Civil.
Francisco Etxeberria, antropólogo forense y presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ha participado en muchas de las 300 exhumaciones de fosas comunes realizadas desde el año 2000 en España, en las que se han recuperado 6.000 cuerpos. “En Euskadi tenemos un plan anual por el cual se va atendiendo a la gente y nosotros, de la mano del Gobierno vasco, hemos estudiado miles de peticiones con un proyecto de investigación y administración”, relata Etxeberria.
El reputado antropólogo, que ha colaborado en investigaciones mediáticas como el caso José Bretón o la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes, defiende la labor de las instituciones vascas en el área de las exhumaciones. “Aquí se puso una ventanilla en Derechos Humanos, que es lo que no se hizo en las otras comunidades. Ha funcionado igual en la etapa de Ibarretxe, López y Urkullu. Esa ventanilla falta en otros sitios y entonces hay un desamparo”.
La Fundación
Por muy llamativo que parezca, en el Estado español existe una Fundación Nacional Francisco Franco, completamente legal y que en ocasiones ha recibido subvenciones del Ministerio de Cultura. Su presidenta es Carmen Franco y Polo, hija del dictador, y en la página web de la organización se puede encontrar desde un anuncio de una cena en diciembre en honor al “caudillo” hasta Lotería de Navidad con las terminaciones 36 y 39, “en honor a la Cruzada de Liberación”.
Mikel Urquijo denuncia que la fundación “es un instrumento para ensalzar” la figura del dictador. “Desde un punto de vista democrático resulta inexplicable su existencia. A nadie se le ocurriría que existiese la fundación Adolf Hitler, Benito Mussolini, Josef Stalin, Augusto Pinochet o Pol Pot”, lamenta.
Los franquistas vivos
Otro de los debates abiertos es la posibilidad de juzgar a los altos cargos de la dictadura. El pasado año, la juez argentina Servini ordenó la detención de Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, exministros de Franco, por su relación con crímenes cometidos durante el franquismo. Servini se ha entrevistado en los últimos meses con numerosas víctimas y asegura que a las autoridades españolas “no les hace mucha gracia” que se investiguen las atrocidades de la dictadura.
Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y víctima del franquismo, pide “respetar la justicia universal” y que los tribunales españoles “faciliten” el trabajo de la juez. “Si Servini considera que hay base para juzgarlos es porque hay una responsabilidad por crímenes de lesa humanidad que no ha prescrito”, señala.
La condena
Tras 40 años de democracia, todavía hay partidos políticos con reticencias a rechazar el pasado franquista. Es el caso del PP y de Ciudadanos, que en 2013 abandonaron el Parlament catalán durante una votación de una moción de condena del franquismo.
Esteban Ibarra cree que estas formaciones “tendrían que aprender del partido de Angela Merkel, que condena pública y abiertamente el periodo nazi y pide perdón con toda la humildad y el respeto” a las víctimas. “Eso no lo vemos de manera nada clara ni con Ciudadanos ni con el Partido Popular”, concluye.
la cav no descuida la memoria
Subvenciones. Euskadi es la única comunidad autónoma del Estado que mantiene las subvenciones a las exhumaciones a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. “Ha dado pleno cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica. El resto no lo han hecho”, subraya el abogado Eduardo Ranz. El antropólogo Francisco Etxeberria, presidente de Aranzadi, es de la misma opinión: “Noto que con todos los gobiernos que ha habido en Euskadi desde el año 2003 se han realizado avances y el encaje de la Ley ha sido donde tiene que ser: en Derechos Humanos. Otras autonomías, en cambio, la han encajado en Cultura o en Asistencia Social”, explica.
