MADRID. La legalización del Partido Comunista de España (PCE), que supuso uno de los hitos clave de la Transición, cumple hoy, domingo, 40 años en un momento en el que la organización que entonces lideraba Santiago Carrillo está sumida en un papel marginal, aunque empeñada en seguir defendiendo su ideario.

Fue el 9 de abril de 1977, en el bautizado como Sábado Santo rojo, cuando el Gobierno de Adolfo Suárez puso fin a la clandestinidad del PCE para que poder celebrar en junio las primeras elecciones democráticas tras el franquismo y caminar hacia la democracia.

Transcurridas cuatro décadas, la formación, que mantiene sus siglas y su autonomía, lucha por subsistir y no caer en el olvido, después de integrarse primero en Izquierda Unida (IU), en 1986, y el pasado año, en la coalición electoral de ésta con Podemos. “El PCE, no solo tiene futuro, sino que es una necesidad. El capitalismo no ha sido capaz de resolver los problemas de la humanidad, por lo que hace falta un sistema justo y un partido que luche por él”, reflexiona el secretario general de los comunistas españoles, José Luis Centella.

Centella se muestra convencido de que la lucha de clases “tiene sentido en el siglo XXI, como lo tuvo en el pasado”, aunque admite que es preciso “organizarse para llegar a la gente y saber cómo comunicar con ella”.

Centella lleva al frente del partido desde 2009, cuando asumió un cargo que ocuparon antes en democracia Carrillo, Gerardo Iglesias, Julio Anguita y Francisco Frutos.

El que el PCE “siga vivo no es poco con todo lo que ha caído en el planeta y en España”, según Centella, y continúa “decidido a cambiar las cosas” de la mano de IU y Podemos, lo que les ha permitido tener cinco diputados con carné comunista de los 70 del grupo parlamentario común. “El PCE no renuncia a hacer la revolución. Puede sonar a tiros, a violencia, pero la revolución es cambiar las cosas”, dice el líder andaluz, que ya era militante comunista, con 19 años, cuando tuvo lugar el Sábado Santo rojo.

Los historiadores vienen a coincidir en que el asesinato de los abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid en enero de 1977 y las negociaciones entre el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y Santiago Carrillo para que el PCE aceptara la monarquía y la Constitución fueron determinantes en la legalización.

A juicio de Centella, “hubo una tremenda ingenuidad por parte del PCE creyendo que solo con estar en el Parlamento se podían resolver las cosas y se olvidó la lucha en la calle”.

Cuando el PCE fue legalizado, contaba con unos 200.000 militantes y ahora, apenas supera los 10.000.