Amnistía Internacional pide que la memoria no distinga a víctimas de primera y segunda

Adriana Goikoetxea y Pepe Sesma representaron a la oenegé en la Cámara foral, en una sesión de trabajo que fue pedida por los grupos que sustentan al Ejecutivo foral y el PSN. Juntos se encargaron de exponer ante los parlamentarios las principales pinceladas de un documento de 44 páginas que desarrolla con más precisión una serie de objetivos marcados por Amnistía Internacional para que el Estado cumpla de manera efectiva con los derechos humanos. La carta se divide en tres grandes bloques y una declaración de ocho puntos dirigida al Gobierno central, pero para la que ayer buscaron respaldo en el Parlamento navarro.

Pepe Sesma habló, en primer lugar, de la necesidad de “blindar los derechos humanos en la Constitución”. Esto podría hacerse, tal y como explicó, reformando el artículo 53 con el objetivo de equiparar “los derechos sociales, culturales y económicos a los civiles y políticos”, cumpliendo así con las exigencias internacionales. Por ejemplo, en esa equiparación estaría el de garantizar en el principal texto legislativo el derecho a la vivienda.

El segundo gran bloque de peticiones pivota en torno al papel del Estado en el exterior. Para ello, Amnistía Internacional pide que la diplomacia estatal ponga en el centro los derechos humanos, y que si para eso se tienen que romper amarras con países que no cumplen con los derechos de las personas, que se rompan. Puso como ejemplo las cuanto menos cuestionables relaciones económicas entre España y Arabia Saudí, con la que la industria armamentística española mantiene unas excelentes relaciones comerciales. “No es clara la trazabilidad de las armas, ya que las deliberaciones de la comisión interministerial de armas son secretas”, remarcó Sesma, quien consideró vital que haya “más transparencia”. Además, Sesma también subrayó que otro de los aspectos a tener en cuenta en el contexto internacional es la necesidad de que España cumpla con el cupo de 17.000 refugiados que se comprometió a acoger. Actualmente, sólo han llegado 1.212 Y por último, la oenegé dispone un gran bloque de recomendaciones para política interior en la que destaca el apartado referente a las víctimas de la violencia y el refuerzo de la lucha contra las agresiones sexistas. Tal y como recordó Adriana Goikoetxea, “el Estado no puede esquivar por más tiempo la garantía de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas”. Desde las de la Guerra Civil hasta las de ETA, pasando por las de los GAL y las de funcionarios públicos. Lugar prioritario, también, tiene la petición expresa al Gobierno para que “no queden impunes” los crímenes de ETA que siguen sin esclarecerse. “Hay que investigarlos todos sin excepción”, subrayó, para considerar también que, en la medida de las posibilidades, hay que caminar hacia un repliegue de las políticas de dispersión. “Siempre que sea posible y sea una petición individual, los presos, también los de ETA, pueden acceder al cumplimiento de las penas cerca de su lugar de arraigo”, se dispone en el documento.

En general, los grupos vieron con buenos ojos el documento de Amnistía Internacional. Virginia Alemán (Geroa Bai) llamó a que Navarra “lidere” estas peticiones ya que, a pesar de la crisis económica, “no se puede tolerar el retroceso que se ha dado en la materia”, según señaló Fanny Carrillo, de Podemos. Esto, para Bakartxo Ruiz (EH Bildu), es una prueba evidente de que “el Estado, cuando toca hablar derechos humanos, mira a otro lado”. Materia que, por cierto, “no sucede por generación espontánea”, como dijo Marisa de Simón (I-E), sino que ocurre “porque los Gobiernos los infringen”. Nuria Medina (PSN) pidió un refuerzo de esta materia porque “la legislatura pasada ha demostrado que los derechos civiles pueden ser vulnerados”, e Iñaki Iriarte (UPN) sólo objetó que “modificar los derechos por decreto no es sencillo”.

Reforma del art. 53. La declaración de Amnistía Internacional pide reformar el artículo 53 de la Constitución para equiparar derechos económicos a civiles.

Plan Nacional. La oenegé insta, en su segundo punto, a elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos.

Cumplir cuota. El tercer punto reclama que España acoja ya a los 17.000 refugiados a los que se comprometió. Ahora sólo hay 1.212.

Foros multilaterales. Se pide que la diplomacia española defienda los derechos humanos en los foros multilaterales.

Relaciones con países. AI quiere que España defienda los derechos humanos en sus relaciones con países como Arabia Saudí.

Víctimas. Se ruega que el Estado asuma las indicaciones internacionales en materia de reconocimiento a todas las víctimas.

Universalidad de derechos. La agenda contempla la sanidad y la vivienda como derechos básicos.

Libertad de expresión. Por último, se pide derogar la ‘ley Mordaza’ y todas las normas que limiten la libertad de expresión.