Una mayoría absoluta histórica bajo la sombra de dopaje

PAMPLONA - El PP financió de forma ilegal la campaña de las elecciones generales del año 2000, dirigida por Mariano Rajoy, que facilitó a los populares de José María Aznar la mayoría absoluta. Esa es la acusación que lanzó ayer el diario El Mundo. Según este medio, así lo acredita la documentación interna del partido en Madrid a la que tuvo acceso, reflejo de un plan diseñado en el año 2000 para sufragar irregularmente el grueso de los actos antes del periodo legalmente establecido con el objetivo de sobrepasar ampliamente los límites fijados y engañar al Tribunal de Cuentas. Asimismo, prosigue El Mundo, esta documentación revela que se utilizaron, bajo el mandato de Pío García-Escudero, actual presidente del Senado y entonces al frente del PP madrileño, varias fuentes de financiación irregulares como la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam) así como fondos procedentes de los grupos populares del Ayuntamiento y de la Asamblea de Madrid. El periódico describe un lenguaje en clave para referirse a la precampaña de cara a que no trascendiese que se estaban cargando gastos electorales con antelación. Así, se denominaba internamente a este periodo “Etapa 1”, mientras que la campaña electoral en sí recibía el calificativo de “Etapa 2”.

“PRÁCTICAS PROHIBIDAS” Las informaciones de El Mundo salieron a la luz cinco días después de que tanto el presidente del Gobierno como el del Senado negaran en calidad de testigos el pasado miércoles ante el tribunal del caso Gürtel que tuvieran conocimiento alguno de los manejos contables de las campañas que dirigieron. Subrayaron que sus funciones se limitaban al ámbito político y que la responsabilidad económica era de los gerentes y tesoreros.

El diario concluye que aquellos comicios de 2000, que terminaron con la victoria de Aznar por mayoría absoluta, fueron sufragados de manera ilegal empleando varias prácticas prohibidas por ley. Aquel año el PP obtuvo 183 escaños y propinó un severo correctivo a un PSOE que con 125 parlamentarios cosechó la que entonces fue su derrota más contundente en dos décadas. Aquella noche del 12 de marzo que encumbró Aznar hacia su segunda legislatura, supuso la confirmación de la alternancia política, que el triunfo ajustado del PP en 1996 no había sido un mero paréntesis. Aquel nuevo triunfo por mayoría absoluta marcó el devenir políticos de unos años siguientes muy delicados, y el auge y ocaso de Aznar. Aquella noche también Joaquín Almunia, el entonces líder socialista, presentó su dimisión como secretario general.

Las reacciones no se hicieron esperar. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, aseguró que, en el caso de que se hubiera producido financiación irregular del PP determinada por los jueces, apoyó que se depuren responsabilidades “si las hubiese”.

El PSOE, por su parte, volvió a pedir la dimisión de Rajoy. La vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, en rueda de prensa tras la última Ejecutiva Federal antes del verano, lamentó que el curso político haya acabado “con la imagen de Mariano Rajoy declarando en un tribunal por la corrupción ilegal del PP”. La número dos del PSOE admitió que Rajoy “no es el contable del PP, pero sí es el responsable”, añadió. Esa financiación ilegal, dijo, era conocida por todos en el partido porque “todos eran conocedores de lo que estaba pasando en el PP”. Todo esto, añadió, “está suponiendo un enorme coste reputacional a las instituciones españolas”. Por ello, el PSOE volvió a pedir la dimisión de Rajoy por ver a un presidente del Gobierno por primera vez en democracia declarando ante un tribunal”, por “haber sido incapaz de ofrecer soluciones” a la grave crisis territorial con Catalunya, y porque España “está encabezando todos los rankings de desigualdad, pobreza y precariedad”.

Mientras el PSOE hablaba de dimisión, Podemos vio en las informaciones de El Mundo una constatación más de dopaje financiero por parte del Partido Popular. Para Ciudadanos lo conocido ayer acredita que el PP tenía estrategias para saltarse la Ley. La formación naranja aseguró que el presidente del Gobierno ‘tendrá que rendir cuentas’. - D.N.